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La Procuraduría General de la Nación, a través de los funcionarios radicados en Ocaña y Cúcuta, siguen adelantando acciones para atender la crisis humanitaria por desplazamientos masivos en el Catatumbo. Esta semana, la ocupación por parte del ELN, que le declaró la guerra a las disidencias de las FARC, tiene la región colombiana en máxima alerta.
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Los saldos son alarmantes. Según ha evidenciado la gobernación de Norte de Santander, la escalada violenta del ELN ha cobrado al vida de más de 50 personas, entre ellas firmantes de paz, disidentes y pobladores señalados de colaborar con el frente 33 de las disidencias. Por ello, desde Ocaña, la Procuraduría coordina medidas de protección y se documentan declaraciones de víctimas para activar las rutas de atención necesarias.
“En Cúcuta, tras un Comité de Justicia Transicional, se declaró la emergencia humanitaria. En las últimas horas han llegado 70 desplazados desde Sardinata y Tibú, mientras que en el Seminario de Tibú se refugian 120 personas provenientes de ‘Campo 3′ y La Gabarra", explicó el órgano de control en un comunicado de prensa.
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Desde Ocaña, la Procuraduría hizo un llamado al gobierno nacional para reforzar la atención y garantizar los derechos de las víctimas. En las últimas horas, se desarrolló un consejo de seguridad en Tibú, en el que participó el presidente Gustavo Petro, varios de sus ministros y la cúpula militar. Las Fuerzas Militares prometieron aumentar las operaciones de inteligencia y la presencia en la zona, para mitigar los efectos de la arremetida del ELN.
Entretanto, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, aseguró en la W Radio que a su municipio han llegado más de 150 desplazados buscando refugio. Aunque a este grupo se le entregó ayuda humanitaria, señala que las capacidades no son suficientes. “Contamos con pocos recursos y por eso se requiere activar el mecanismo de subsidios para que se pueda actuar”, señaló en entrevista.
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