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La Sala Disciplinaria de la Procuraduría, en segunda instancia, acaba de fallar sobre la sanción de mayo de 2019 a varios miembros de la junta directiva del Banco Agrario por un préstamo de $120.000 millones al consorcio Navelena (conformado por Odebrecht en un 85% y Valorcon de Jorge Gerlein en un 13,3 %). El Ministerio Público, en un fallo de 96 páginas conocido por este diario, absolvió a siete de las 11 antiguas cabezas de la entidad bancaria.
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Los exdirectivos que quedarán sin cuentas pendientes son Andrés Escobar Arango, César Pardo Villalba, Francisco Estupiñán, Juan Luís Hernández, Luis Fernando Mejía, Arturo Adolfo Dajud y Luís Eduardo Gómez. El Ministerio Público argumentó su decisión en que el Banco Agrario desarrolla tareas de intermediación y captación de recursos del público para prestarlos, sin que esa operación tenga la naturaleza de rentas, “por lo cual no nos encontraríamos en una de las situaciones (...) para disciplinar a los particulares que administran recursos públicos”.
En esta decisión de segunda instancia, señala que en caso de interpretarse que los siete exdirectivos sí manejaban recursos del Estado “tampoco serían sujetos disciplinables, ya que su falta se tipificó sobre un incumplimiento del manual de funciones y unas circulares de la Superintendencia y no directamente en la administración de recursos públicos, incumplimiento que no es reprochable cuando se trata de particulares por tratarse de una falta grave a la luz del Código Disciplinario Único”.
Sobre los otros cuatro antiguos miembros del Banco Agrario también hubo pronunciamientos. En el caso de Gloria Marcela Ferrán, vicepresidenta de Crédito y Cartera y miembro de la junta directiva, según la Procuraduría, “analizó, estudió y recomendó” al comité de crédito de la junta directiva la solicitud de préstamo por parte de Navelena “desestimando el estudio de riesgo reputacional”. En junio pasado, fue sancionada con ocho meses de suspensión en su cargo, pero como ya no está trabajando allí tendrá que pagar ocho meses de su salario: $200 millones.
Mónica Santamaría Salamanca, como vicepresidenta de Banca Comercial del Banco Agrario, en pocas palabras, fue señalada por los mismos hechos y conductas por las que fue señalada Ferrán Muñoz por parte del Ministerio Público. “Santamaría Salamanca debió haberle dado el alcance verdadero que tenían todos los análisis y estudios que sobre el tema reputacional se venían realizando desde el 28 de octubre de 2015 en el banco, más aún cuando su vicepresidente de riesgos puso de manifiesto las noticias que venían de Brasil”, agregó la Procuraduría en primera instancia.
En cuanto a Francisco Solano Mendoza, como presidente del banco en el momento que se realizó el préstamo a Navelena, le fue confirmado el fallo condenatorio por la Procuraduría. Este habría dado el visto bueno final del millonario desembolso sin tener en cuenta las noticias que llegaban de Brasil con respecto a Odebrecht. De esta manera incumplió “los reglamentos de la entidad financiera” pues “validar esta solicitud crediticia contenía un riesgo reputacional y crediticio que se encuentra debidamente probado en el expediente”. Al igual que Ferrán se le sustituyó la suspensión por el pago de tres meses de salario: cerca de $60 millones.
Omar Arturo Páez, exgerente de cuenta del Banco Agrario,le rebajaron los días: de tres meses a 45 días, sin embargo, el ente no tiene certeza de que sigue allí. En su momento, la Procuraduría señaló que Páez no solo dio trámite al préstamo de Navelena, sino que, según el fallo de primera instancia, “recomendó la operación”, según dijo Páez, “con base en la experiencia y reconocimiento que tiene Odebrecht en Brasil”. Páez lo hizo, según el fallo, ignorando el estudio reputacional que advertía del riesgo.