Procuraduría formuló pliego de cargos contra Alan Jara por irregularidades en el PAE
Para el Ministerio Público hay irregularidades en los precios de cada ración de alimentos contratada para más de 66 mil niños hacían parte del Programa de Alimentación Escolar del Meta.
Redacción Judicial
Los escándalos para el exgobernador del Meta Alan Jara no paran, esta vez por cuenta de la formulación de cargos hecha por parte de la Procuraduría contra Jara y contra la exsecretaria de Educación del departamento, Ligia del Carmen Saldaña Plazas. Según informó el Ministerio Público a través de un comunicado la decisión se da por las presuntas irregularidades en la que habrían incurrido tanto Saldaña como Jara en la celebración de un contrato de suministro para implementar el Programa de Alimentación Escolar por $13.123 millones.
(Le puede interesar: Fiscalía asegura que Alan Jara recibió un soborno de más de $3 mil millones)
La Procuraduría cuestionó la suscripción del convenio No. 1101 del 8 de julio de 2015 que tenía como objeto el suministro de alimentación para más de 66 mil niños del departamento del Meta en el marco de la implementación del Programa de Alimentación Escolar.
“Según la Procuraduría, los exfuncionarios al parecer desconocieron el principio de responsabilidad “al contratar con un costo unitario por ración industrializada de $2.071, no obstante, que en la misma vigencia el Ministerio de Educación Nacional, en la ejecución del contrato de aporte No. 411 de 2015, pagó a $971 la ración industrializada complementaria que se entregó en los mismos municipios”, agrega el comunicado.
Para el caso del exgobernador, el ente disciplinario consideró que omitió sus deberes de vigilancia y control de las actividades impuestas a la secretaria de Educación, en cabeza de Ligia del Carmen Saldaña en ese entonces. Jara como “máxima autoridad de Meta estaba llamado a velar por los intereses de la entidad que dirigía y tenía la obligación de realizar seguimiento a la actividad contractual”, afirma la Procuraduría.
(Lea trambién: Alan Jara, investigado por presuntas irregularidades en Gobernación del Meta)
“En el caso de la exsecretaria de Educación, el Ministerio Público encontró que además de celebrar el contrato de suministro, fue la persona que suscribió los estudios previos en los cuales se presupuestó un costo unitario por ración industrializada “muy superior al previsto” por la cartera de Educación, lo que habría generado un mayor gasto para el departamento”.
Los escándalos para el exgobernador del Meta Alan Jara no paran, esta vez por cuenta de la formulación de cargos hecha por parte de la Procuraduría contra Jara y contra la exsecretaria de Educación del departamento, Ligia del Carmen Saldaña Plazas. Según informó el Ministerio Público a través de un comunicado la decisión se da por las presuntas irregularidades en la que habrían incurrido tanto Saldaña como Jara en la celebración de un contrato de suministro para implementar el Programa de Alimentación Escolar por $13.123 millones.
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La Procuraduría cuestionó la suscripción del convenio No. 1101 del 8 de julio de 2015 que tenía como objeto el suministro de alimentación para más de 66 mil niños del departamento del Meta en el marco de la implementación del Programa de Alimentación Escolar.
“Según la Procuraduría, los exfuncionarios al parecer desconocieron el principio de responsabilidad “al contratar con un costo unitario por ración industrializada de $2.071, no obstante, que en la misma vigencia el Ministerio de Educación Nacional, en la ejecución del contrato de aporte No. 411 de 2015, pagó a $971 la ración industrializada complementaria que se entregó en los mismos municipios”, agrega el comunicado.
Para el caso del exgobernador, el ente disciplinario consideró que omitió sus deberes de vigilancia y control de las actividades impuestas a la secretaria de Educación, en cabeza de Ligia del Carmen Saldaña en ese entonces. Jara como “máxima autoridad de Meta estaba llamado a velar por los intereses de la entidad que dirigía y tenía la obligación de realizar seguimiento a la actividad contractual”, afirma la Procuraduría.
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“En el caso de la exsecretaria de Educación, el Ministerio Público encontró que además de celebrar el contrato de suministro, fue la persona que suscribió los estudios previos en los cuales se presupuestó un costo unitario por ración industrializada “muy superior al previsto” por la cartera de Educación, lo que habría generado un mayor gasto para el departamento”.