La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Nuquí, Rubén Prado Asprilla, y su secretario de Planeación e Infraestructura, Jhordyn Mosquera Mosquera, por presuntas irregularidades en el contrato para la demolición de la antigua Casa de la Cultura del municipio, una obra que debía adelantarse bajo la modalidad de mínima cuantía, es decir que no exceda el 10% de los montos de contratación.
De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó, el negocio jurídico fue adjudicado a un único oferente. Aunque el contrato contemplaba diez actividades específicas, el contratista solo habría ejecutado dos, lo que implicaría un incumplimiento sustancial del objeto pactado.
Pese a ello, según el ente de control, el mandatario local habría autorizado el pago total del valor estipulado en el contrato, con lo cual se habrían vulnerado los principios de responsabilidad y transparencia en la administración de los recursos públicos.
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La investigación busca determinar si el alcalde Prado Asprilla incurrió en falta disciplinaria al ordenar el desembolso completo de los recursos, aun teniendo conocimiento de que la obra no se ejecutó en su totalidad. Para la Procuraduría, este hecho reviste gravedad porque comprometería la correcta destinación de dineros públicos en un municipio que, además, enfrenta limitaciones presupuestales.
En el caso del secretario Jhordyn Mosquera Mosquera, el órgano de control indaga si presuntamente certificó la culminación del contrato sin que este se hubiera ejecutado de forma integral, lo que podría configurar falsedad ideológica en documento público y omisión de sus deberes legales.
La investigación disciplinaria busca establecer si el funcionario respaldó con su firma un cumplimiento inexistente, dando lugar a un posible detrimento patrimonial y vulnerando los principios de eficacia y moralidad administrativa.
Con la apertura de la investigación y la recolección de pruebas, la Procuraduría pretende verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si efectivamente constituyen faltas disciplinarias y precisar si los funcionarios actuaron dentro de alguna causal que excluya su responsabilidad.
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De confirmarse las presuntas irregularidades, tanto el alcalde Prado Asprilla como su secretario podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde la suspensión e inhabilidad hasta la destitución del cargo, dependiendo de la gravedad de las conductas que se logren comprobar.
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