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La Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos contra el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, y otros 15 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por presuntas irregularidades cometidas durante visitas administrativas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería en marzo de 2024.
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De acuerdo con el órgano de control, las visitas, realizadas el 12 de marzo en la Registraduría y los días 14, 15 y 19 de marzo en la Cancillería, tenían como objetivo verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos contractuales de ambas entidades. No obstante, según la Procuraduría, los funcionarios habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos sin que estos datos estuvieran relacionados con la investigación preliminar en curso. Esta situación podría haber vulnerado derechos fundamentales de los funcionarios y puesto en riesgo la confidencialidad de información institucional, incluyendo el censo electoral.
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Entre las personas vinculadas a la investigación se encuentran los funcionarios Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso, así como los contratistas Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso. Asimismo, la Procuraduría formuló cargos contra el coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, Mario Alejandro Franco Vanegas, y el contratista José Miguel Moreno Reina, quienes habrían intervenido en ambas visitas.
La Procuraduría calificó la presunta conducta de Melo Rodríguez, Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso como una falta grave cometida a título de dolo. En cuanto a los contratistas investigados, el órgano de control señaló que, tras analizar sus obligaciones contractuales, se les considera particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo que también están sujetos a la ley disciplinaria. En su caso, la Procuraduría determinó que su presunta conducta constituye una falta gravísima cometida con dolo.
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El ente de control enfatizó que las acciones llevadas a cabo durante las diligencias “comprometieron el respeto y protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos” y pudieron poner en peligro la seguridad de información institucional clave. La investigación continuará para determinar responsabilidades y establecer eventuales sanciones.
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