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La Procuraduría General de la Nación confirmó que abrirá una investigación formal contra Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así como contra el general (r) Juan Miguel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal, por la presunta filtración de información a las disidencias de las FARC al mando de alias “Calarcá Córdoba”.
Las denuncias fueron publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, donde señalaron que, en chats, cartas, fotos, correos y documentos internos, el general (r) propone a las disidencias crear una empresa de seguridad aparentemente legal, que permitiría al grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permiso.
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Esta información, que vincula al funcionario activo del Ejército y del DNI, fue hallada tras el análisis de los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá y a sus hombres luego de su captura, el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).
Según el informe, Wilmar Mejía, el funcionario del DNI aparece junto al general Huertas en la propuesta para montar la empresa de seguridad fachada. El director del DNI Jorge Lemus, aseguró que, al igual que el resto de Colombia, se enteró de la situación el pasado 23 de noviembre.
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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció en sus redes sociales la apertura de una investigación para determinar qué funcionarios públicos estarían detrás de dicha alianza criminal. En su comunicado, el jefe de cartera aseguró: “Como Ministerio de Defensa no dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones”.
He tomado atenta nota del delicado informe presentado por @NoticiasCaracol y quiero reiterar, en primer lugar, que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la…
— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 24, 2025
Además, agregó que “ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”.
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