La Procuraduría instó a la Superintendencia de Transporte, la cual depende del Gobierno de Gustavo Petro, a dar explicaciones sobre los compromisos asumidos por la aerolínea de bajo costo Ultra Air. Esta última cerró operaciones el pasado 30 de marzo y el Gobierno prometió que exigiría la devolución de los dineros a los usuarios afectados.
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Según la Procuraduría, se trata de más de 300.000 usuarios los afectados por el cierre de Ultra Air. En comunicado público, la aerolínea se excusó con ellos, asegurando que ha operado “deficitariamente” en los últimos meses debido al aumento en el costo del combustible y a la subida del dólar.
En medio de la turbulencia, el Gobierno aseguró que activó un plan de contingencia para evitar afectaciones, como solicitarle a Ultra Air una lista de los vuelos y los pasajeros que tenían programados, para atenderlos de manera oportuna. El Ministerio de Transporte, incluso, exigió la reprogramación o el regreso de los dineros.
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La Procuraduría, entonces, le solicitó a la Superintendencia de Transporte que tome “las medidas pertinentes del caso ante la negativa de la aerolínea de no devolver los dineros a los viajeros, hasta tanto no definiera si iba a continuar o si se iba a liquidar”.
El pasado 23 de marzo, la Superintendencia le solicitó a la aerolínea activar un plan de contingencia para atender a los viajeros que ya le han comprado tiquetes. También le pidió entregar semanalmente dos reportes: uno sobre la operación y otro, con la misma periodicidad, sobre la situación financiera y la capitalización de la empresa.
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Pero, horas después de esa rueda de prensa gubernamental, Ultra Air informó que suspendió la venta de tiquetes hasta el 30 de abril, “con el fin de reorganizar la operación para así cumplirle a los pasajeros y evitar contratiempos”. Las medidas de esta autoridad llegaron luego de que JetSmart echara para atrás su intención de comprar la aerolínea, que significaría un respiro para una empresa que asegura estar en crisis financiera.
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