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La Procuraduría le pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) un informe sobre las acciones que realizó para reestablecer los derechos de una bebé indígena de la comunidad Embera Chamí, a la que le fue practicado la mutilación genital. Los hechos ocurrieron en el departamento de Risaralda y las autoridades fueron alertadas porque llegó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira con graves complicaciones de salud.
Tras conocer la situación, el Ministerio Público pidió información al ICBF sobre las acciones que se realizaron a favor de la madre de la menor, una adolescente de 15 años, y las actuaciones que ha tomado esta entidad para combatir y prevenir esta práctica en el país.
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Este caso se conoció a finales del mes de marzo de este año a través de las autoridades de salud del departamento, quienes reportaron que la menor indígena arribó hasta un hospital en grave estado de salud, no solo por la ablación a la que fue sometida, sino por las complicaciones que tuvo tras el procedimiento.
El primer reporte que entregó la Gobernación de Risaralda es que la menor llegó infectada, con desnutrición, deshidratación y cuadro de diarrea. En el centro asistencial, los médicos identificaron que no tuvo controles médicos al nacer, ni tampoco el esquema de vacunas para una niña de su edad. Su madre, por su parte, tampoco tuvo controles prenatales.
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Precisamente por esto, el requerimiento del Ministerio Público está encaminado a que el ICBF reporte las acciones que realizó para reestablecer los derechos de ambas mujeres, además de que debe confirmar si se han adelantado escenarios de diálogo o sensibilización con las autoridades del resguardo Gito Dokabu de Pueblo Rico (Risaralda) y con las comunidades y pueblos indígenas en los que se ha identificado este flagelo.
El ente de control, entre otras cosas, le pidió un reporte completo al ICBF sobre el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos desde el año 2018 a la fecha por violencia sexual, relacionado con hechos de mutilación genital femenina en niñas y adolescentes.
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En los últimos días, las autoridades del departamento de Risaralda se encuentran en alerta, precisamente, porque se ha conocido el reporte de 10 niñas que sufrieron dicho procedimiento. La ablación o mutilación genital es la perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital de las mujeres y, para muchas comunidades –en especial en África- es una práctica que, aunque no está documentada formalmente, representa desde hace décadas un acto cultural. En Colombia, en 2015, la comunidad Embera Chamí buscó erradicar esa práctica.
Para 2015, El Espectador habló con Alberto Wuazorna Bernaza, entonces consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y miembro de la comunidad Embera Chamí, quien explicó la visión de esta práctica. Es su momento, dijo que cuando descubrieron ese procedimiento “se notaba que era algo muy delicado, pero desconocido para nosotros, algo nuevo para las comunidades indígenas desde el ámbito político y organizativo del cabildo mayor o el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) y con lo que la mayoría no estábamos de acuerdo”,
Aunque para la época era algo desconocido, la comunidad se sumergió en la práctica que hoy tiene en apuros en materia de salud a varias mujeres jóvenes y adultas de la población.
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