La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional dejar en firme una parte del decreto con el que se declaró la emergencia económica por la ola invernal en el país a inicios de 2026. El Ministerio Público pidió mantener las medidas relacionadas con la crisis por el frente frío, pero tumbarla en lo relacionado con las problemáticas estructurales del sistema de energía eléctrica y de acceso a la tierra.
En febrero pasado el Gobierno decretó una nueva emergencia económica con el objetivo de atender la situación crítica de varios municipios en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, debido a la ola invernal. Su propósito era recaudar COP 8 billones para atender la emergencia y financiar las medidas de reparación.
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El documento de 27 páginas, firmado por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pide avalar el Decreto Legislativo 150 del 11 de febrero de 2026, en lo referente a la ola invernal, al considerar que, en primer lugar, los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo y los recursos presupuestales disponibles resultaban insuficientes para atender la magnitud de la crisis.
El Ministerio Público también encontró que la crisis climática superó “el juicio de realidad, pues se comprobó la existencia del evento hidrometeorológico atípico que, además, causó el desbordamiento de embalses e inundaciones dentro del territorio objeto de la declaratoria de emergencia”.
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Asimismo, el ente de control indicó que “las circunstancias que llevaron al Gobierno nacional a declarar el estado excepcional produjeron un impacto inmediato y extraordinario en la realidad de las zonas afectadas, hasta el punto de superar la capacidad de respuesta institucional propia del ejercicio regular de las competencias estatales, de conformidad con lo previsto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
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Por último, la Procuraduría consideró que la emergencia económica debía ser declarada inexequible, es decir, ser tumbada, en relación con las afectaciones al mercado de energía mayorista y las problemáticas estructurales del sistema de energía eléctrica y de acceso a la tierra.
En el documento, el Ministerio Público expuso que “el Ejecutivo no demostró de qué manera las problemáticas históricas relacionadas con la tenencia de la tierra en Colombia requieren una atención inmediata para enfrentar la emergencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos entre enero y febrero de 2026″.
Asimismo, señaló que “si bien el Gobierno nacional afirmó que la ocupación indebida de bienes de uso público genera alteraciones en los cauces de los cuerpos de agua, no identificó ni caracterizó los predios ocupados ilegalmente que incidieron en el desastre natural”.
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