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Walter Martínez Martínez, primer capturado en los operativos adelantados contra la marca de ropa interior, pijamas y artículos de belleza Lili Pink, fue enviado a la cárcel por orden de un juez. Según las autoridades, por ahora permanecerá en detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el alta médica; posteriormente será trasladado a un centro de reclusión.
El pasado 27 de abril, la Fiscalía General de la Nación adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializa esta marca bogotana. Asimismo, realizó varias capturas. Al parecer, Lili Pink estaría involucrada en una red de contrabando que, al menos desde 2014, venía desarrollando actividades ilícitas.
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Entre las personas capturadas está Martínez Martínez, a quien el ente investigador le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Sin embargo, el capturado, quien presenta problemas de salud, no aceptó los cargos.
Según ha explicado la Fiscalía, la empresa Lili Pink “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
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Además, el ente investigador señaló que la presunta forma de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
Lo que encontró la Fiscalía es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la DIAN, avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los COP 75.000 millones”.
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Por su parte, la marca bogotana se pronunció a través de un comunicado público emitido el 5 de mayo. En el documento, Lili Pink negó los hechos señalados por la Fiscalía y aseguró que, frente al presunto contrabando y lavado de activos, “no existe una declaratoria judicial que lo confirme”.
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