Procuraduría pide absolver a Luis Alfredo Ramos por "parapolítica"
En los alegatos de conclusión, el Ministerio Público argumentó que no existen pruebas directas en contra del exgobernador de Antioquia.
Redacción Judicial
La Procuraduría General le solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitir fallo absolutorio a favor del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero en el proceso que se le adelanta por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. La delegada del Ministerio Público sostuvo que en el desarrollo del juicio varios testigos se retractaron de las acusaciones hechas en contra del exmandatario departamental.
Sostuvo además en sus alegatos de conclusión que un grupo de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron no tener conocimiento sobre un beneficio político del ahora procesado por su relación con los paramilitares. Considera que la evidencia presentada en el juicio no es suficiente para inferir la responsabilidad penal de Ramos en el delito de concierto para delinquir agravado. (Ver Condenado uno de los falsos testigos en caso de Luis Alfredo Ramos)
Considera que las pruebas demuestran que en efecto Ramos, quien para ese momento era senador, se reunió con grupos paramilitares, este encuentro tuvo como único objetivo hablar del proyecto de la ley de Justicia y Paz que se estaba debatiendo en el Congreso de la República en el marco del proceso de desmovilización de las AUC en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (Ver Las pruebas contra Luis Alfredo Ramos)
En esa reunión, sostuvo la procuradora Liliana Cardona, “no se pidió apoyo económico o electoral”, avalando así la argumentación presentada por la defensa del procesado en el juicio. Considera que no existen elementos materiales de prueba para determinar que logró un apoyo en su candidatura gracias a la presión ejercida por grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
“No existen prueba que el incremento en los votos haya sido por apoyo de las AUC”, precisó en su intervención la delegada del Ministerio Público. En este punto sostuvo que los informes allegados al juicio por las autoridades electorales registran el aumento de votos que tuvo Ramos en diferentes municipios de Antioquia en el año 2002.
Sin embargo, la reunión con grupos paramilitares en el municipio de Bello (Antioquia) por las que fue investigado se registró en el año 2004. “Las pruebas son insuficientes para proferirse sentencia condenatoria, y debe respetarse la presunción de inocencia (…) no se podrá dictar sentencia sin que exista prueba que realmente demuestre la responsabilidad del acusado”.
Al final de la audiencia el exgobernador de Antioquia aseguró que está confiado en que la Corte Suprema emitira fallo absolutorio a su favor. "Tengo mucha confianza en la corte y en todas las pruebas que aportamos en el proceso", precisó Ramos quien recuperó su libertad el pasado 24 de noviembre después de estar tres años con medida de aseguramiento.
La Procuraduría General le solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitir fallo absolutorio a favor del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero en el proceso que se le adelanta por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. La delegada del Ministerio Público sostuvo que en el desarrollo del juicio varios testigos se retractaron de las acusaciones hechas en contra del exmandatario departamental.
Sostuvo además en sus alegatos de conclusión que un grupo de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguraron no tener conocimiento sobre un beneficio político del ahora procesado por su relación con los paramilitares. Considera que la evidencia presentada en el juicio no es suficiente para inferir la responsabilidad penal de Ramos en el delito de concierto para delinquir agravado. (Ver Condenado uno de los falsos testigos en caso de Luis Alfredo Ramos)
Considera que las pruebas demuestran que en efecto Ramos, quien para ese momento era senador, se reunió con grupos paramilitares, este encuentro tuvo como único objetivo hablar del proyecto de la ley de Justicia y Paz que se estaba debatiendo en el Congreso de la República en el marco del proceso de desmovilización de las AUC en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (Ver Las pruebas contra Luis Alfredo Ramos)
En esa reunión, sostuvo la procuradora Liliana Cardona, “no se pidió apoyo económico o electoral”, avalando así la argumentación presentada por la defensa del procesado en el juicio. Considera que no existen elementos materiales de prueba para determinar que logró un apoyo en su candidatura gracias a la presión ejercida por grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
“No existen prueba que el incremento en los votos haya sido por apoyo de las AUC”, precisó en su intervención la delegada del Ministerio Público. En este punto sostuvo que los informes allegados al juicio por las autoridades electorales registran el aumento de votos que tuvo Ramos en diferentes municipios de Antioquia en el año 2002.
Sin embargo, la reunión con grupos paramilitares en el municipio de Bello (Antioquia) por las que fue investigado se registró en el año 2004. “Las pruebas son insuficientes para proferirse sentencia condenatoria, y debe respetarse la presunción de inocencia (…) no se podrá dictar sentencia sin que exista prueba que realmente demuestre la responsabilidad del acusado”.
Al final de la audiencia el exgobernador de Antioquia aseguró que está confiado en que la Corte Suprema emitira fallo absolutorio a su favor. "Tengo mucha confianza en la corte y en todas las pruebas que aportamos en el proceso", precisó Ramos quien recuperó su libertad el pasado 24 de noviembre después de estar tres años con medida de aseguramiento.