La Procuraduría General le solicitó este lunes a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declarar la emergencia sanitaria y ambiental por la grave crisis en materia de salud que actualmente enfrenta. Como acción preventiva, el Ministerio Público aseguró que el hospital público Clarence Lynd Newball Memorial cuenta con un deficiente tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos.
El organismo de control, por medio de un comunicado, sostuvo que estos residuos permanecen acumulados en la parte posterior del edificio, a la intemperie, y sin ninguna protección ni aislamiento. Por lo que, según la entidad, se violan principios de bioseguridad, gestión integral, precaución, prevención y comunicación del riesgo. (Lea también: Falta de medicamentos en el único hospital público de San Andrés preocupa a las autoridades)
A la Procuraduría le preocupa que por estas irregularidades están expuestos los habitantes y visitantes de la isla porque podrían estar en riesgo de enfrentar epidemias y pandemias, por cuenta de la exposición de los residuos que se generan por la prestación de los servicios de salud y actividades complementarias que este centro hospitalario ofrece.
Asimismo, el organismo de control consideró que el mal tratamiento de los residuos hospitalarios podría provocar graves daños ambientales a los ecosistemas y áreas protegidas de sensible afectación ecológica, en uno de los principales destinos turísticos del país. (En contexto: Las irregularidades que tienen en urgencias al hospital de San Andrés)
Pero la Procuraduría va más allá al asegurar que en este centro hospitalario hay deficiencias “en la aplicación de los protocolos de aislamiento”, por lo que podría incrementar el riesgo de infección entre los mismos pacientes. El organismo de control agregó que a este problema se suman las condiciones de la planta de gases medicinales que, al parecer, carece de un sistema de control de temperatura, “pese al riesgo que representa por su carácter inflamable".
El pasado 20 de abril, la Procuraduría suspendió por tres meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housni, por las presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos, precisamente, al Hospital Clarence Lynd Newvald.