Procuraduría pide investigar posibles carteles que embargan recursos de la salud

Un informe de la Procuraduría alertó la posible existencia de carteles destinados a embargar recursos para la salud. Por eso, este martes, pidió acciones e investigaciones contra jueces, abogados y particulares que estarían vinculados a estos actos ilícitos. La petición del organismo de control se la hizo a la Fiscalía, a la Contraloría y al Consejo Superior de la Judicatura. (Le podría interesar: El aborto no perjudicaría la salud mental de las mujeres)

De acuerdo con el organismo de control, hay $500 mil millones que permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones de terceros como contratistas y trabajadores. Y, de ese monto, según el estudio, $300 mil millones corresponden a Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado, y a la red pública de hospitales.

El informe deja entrever, por ejemplo, que en Sincelejo (Sucre), Mocoa (Putumayo) y Valledupar (Cesar), jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud. (Lea también: Supersalud aplaza intervención del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué)

En la capital del Sucre, explicó la Procuraduría, el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó embargar cerca de $11.000 millones que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado. Además, el monto de esas deudas no superaría los $4.000 millones.

En total, de acuerdo con la Procuraduría, al Hospital de Sincelejo por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones y en el departamento de Sucre los embargos superan los $30.000 millones. La Procuraduría remitió copia del informe sobre la vigilancia a los procesos de embargos, que sirvió de base para iniciar procesos disciplinarios en contra de los presuntos responsables. (Le sugerimos: Medimás: un año funcionando y una lista de líos que no para de crecer)

Igualmente, como medida para hacer frente a esta situación, el Ministerio Público emitió una circular en la que le pide a sus funcionarios intervenir en procesos en donde se pida el embargo de recursos destinados para la salud “para advertir sobre la prohibición legal y, si es del caso, solicitar las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales”.

Un informe de la Procuraduría alertó la posible existencia de carteles destinados a embargar recursos para la salud. Por eso, este martes, pidió acciones e investigaciones contra jueces, abogados y particulares que estarían vinculados a estos actos ilícitos. La petición del organismo de control se la hizo a la Fiscalía, a la Contraloría y al Consejo Superior de la Judicatura. (Le podría interesar: El aborto no perjudicaría la salud mental de las mujeres)

De acuerdo con el organismo de control, hay $500 mil millones que permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones de terceros como contratistas y trabajadores. Y, de ese monto, según el estudio, $300 mil millones corresponden a Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado, y a la red pública de hospitales.

El informe deja entrever, por ejemplo, que en Sincelejo (Sucre), Mocoa (Putumayo) y Valledupar (Cesar), jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud. (Lea también: Supersalud aplaza intervención del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué)

En la capital del Sucre, explicó la Procuraduría, el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó embargar cerca de $11.000 millones que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado. Además, el monto de esas deudas no superaría los $4.000 millones.

En total, de acuerdo con la Procuraduría, al Hospital de Sincelejo por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones y en el departamento de Sucre los embargos superan los $30.000 millones. La Procuraduría remitió copia del informe sobre la vigilancia a los procesos de embargos, que sirvió de base para iniciar procesos disciplinarios en contra de los presuntos responsables. (Le sugerimos: Medimás: un año funcionando y una lista de líos que no para de crecer)

Igualmente, como medida para hacer frente a esta situación, el Ministerio Público emitió una circular en la que le pide a sus funcionarios intervenir en procesos en donde se pida el embargo de recursos destinados para la salud “para advertir sobre la prohibición legal y, si es del caso, solicitar las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales”.