Procuraduría pidió avalar decretos que regulan servicios públicos en Mocoa
Para la entidad, las dos normas cumplen con los requisitos establecidos para ser declarados constitucionales. Una de las solicitudes es la prohibición dirigida a las empresas de servicios públicos de cobrar a propietarios cuyos inmuebles hayan sido destruidos por la avalancha.
Redacción Judicial
La Procuraduría General le solicitó a la Corte Constitucional declarar constitucionales los decretos 734 y 735 de 2017 que dispone un tratamiento especial en materia de servicios para los habitantes de Mocoa (Putumayo), afectados por la avalancha y el desbordamiento de los ríos Mulato, Sancoyaco y Mocoa el pasado 31 de marzo sobre altas horas de la noche. (Lea: ¿Es posible prevenir catástrofes similares a la de Mocoa?)
“El Ministerio Público avaló la decisión del presidente, Juan Manuel Santos, de adoptar medidas excepcionales y el uso de las facultades especiales derivadas de la declaratoria del estado de emergencia y solicitó declarar su constitucionalidad”, señala la entidad pública que, a su vez, manifestó que el decreto 734 cumple con los requisitos y con los propósitos de “lograr el restablecimiento de los servicios de energía y gas en el menor tiempo posible. (Lea: Corte Constitucional avaló decreto presidencial que declaró la emergencia social en Mocoa)
Las medidas, que en su momento fueron adoptadas por el Gobierno, tienen que ver con el subsidio por el 100% del valor del consumo vital para algunos estratos de la capital del Putumayo, la prohibición dirigida a las empresas de servicios públicos de cobrar a propietarios cuyos inmuebles hayan sido destruidos por la avalancha, y la obligación de contratar la infraestructura y las redes que se requiera. (Lea: “Vi gente vomitando lodo”: el relato de un médico tras la tragedia de Mocoa)
Por su parte, la Procuraduría pide que el decreto 735, que establece disposiciones en materia de agua y saneamiento básico en la emergencia económica, social y ecológica en Mocoa, sea también declarado exequible. “Se resalta el hecho de que se presentará un Plan de Manejo Ambiental cuya aprobación tendrá que darse a más tardar en un mes calendario, y que tiene como fin el restablecimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado de manera prioritaria”, agregó la Procuraduría. (Lea: Hace nueve meses se avisó que podía pasar la tragedia en Mocoa)
Por último, la entidad pública autorizó el uso de vehículos para recolectar y transportar distintos tipos de residuos que dejó la catástrofe hasta por los próximos seis meses, así como eximir de la facturación y cobro a los inmuebles en los que se imposibilite la prestación de dichos servicios públicos. (Lea: El Carmen, el barrio de Mocoa que se salvó gracias a un bosque nativo).
La Procuraduría General le solicitó a la Corte Constitucional declarar constitucionales los decretos 734 y 735 de 2017 que dispone un tratamiento especial en materia de servicios para los habitantes de Mocoa (Putumayo), afectados por la avalancha y el desbordamiento de los ríos Mulato, Sancoyaco y Mocoa el pasado 31 de marzo sobre altas horas de la noche. (Lea: ¿Es posible prevenir catástrofes similares a la de Mocoa?)
“El Ministerio Público avaló la decisión del presidente, Juan Manuel Santos, de adoptar medidas excepcionales y el uso de las facultades especiales derivadas de la declaratoria del estado de emergencia y solicitó declarar su constitucionalidad”, señala la entidad pública que, a su vez, manifestó que el decreto 734 cumple con los requisitos y con los propósitos de “lograr el restablecimiento de los servicios de energía y gas en el menor tiempo posible. (Lea: Corte Constitucional avaló decreto presidencial que declaró la emergencia social en Mocoa)
Las medidas, que en su momento fueron adoptadas por el Gobierno, tienen que ver con el subsidio por el 100% del valor del consumo vital para algunos estratos de la capital del Putumayo, la prohibición dirigida a las empresas de servicios públicos de cobrar a propietarios cuyos inmuebles hayan sido destruidos por la avalancha, y la obligación de contratar la infraestructura y las redes que se requiera. (Lea: “Vi gente vomitando lodo”: el relato de un médico tras la tragedia de Mocoa)
Por su parte, la Procuraduría pide que el decreto 735, que establece disposiciones en materia de agua y saneamiento básico en la emergencia económica, social y ecológica en Mocoa, sea también declarado exequible. “Se resalta el hecho de que se presentará un Plan de Manejo Ambiental cuya aprobación tendrá que darse a más tardar en un mes calendario, y que tiene como fin el restablecimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado de manera prioritaria”, agregó la Procuraduría. (Lea: Hace nueve meses se avisó que podía pasar la tragedia en Mocoa)
Por último, la entidad pública autorizó el uso de vehículos para recolectar y transportar distintos tipos de residuos que dejó la catástrofe hasta por los próximos seis meses, así como eximir de la facturación y cobro a los inmuebles en los que se imposibilite la prestación de dichos servicios públicos. (Lea: El Carmen, el barrio de Mocoa que se salvó gracias a un bosque nativo).