La Procuraduría General de la Nación encendió nuevamente las alertas por la suscripción de un nuevo contrato para la producción de pasaportes entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo valor supera los COP 185.000 millones.
El pronunciamiento del ente de control se produce más de tres meses después de haber presentado una demanda para anular el convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, por presuntas irregularidades en el proceso de fabricación de las libretas de pasaporte.
Ahora, la preocupación gira en torno a un nuevo contrato interadministrativo con un objeto similar: la producción y la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes. Según la Procuraduría, el contrato interadministrativo, publicado en el SECOP el pasado 29 de enero de 2026, no establece una fecha de inicio, aunque sí fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.
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La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública también advirtió que este es el cuarto contrato suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional con un mismo objetivo. La entidad señaló que a este compromiso se “suman los convenios interadministrativos No. 007 de 2025, No. 001 del 18 de julio de 2025 y el suscrito con persona extranjera para la cooperación y transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte”.
De acuerdo con el ente de control, los recursos comprometidos en los contratos relacionados con el suministro de pasaportes alcanzan un total de COP 1,49 billones. Ante este panorama, el Ministerio Público anunció que revisará la suscripción de este nuevo contrato dentro de las acciones preventivas adelantadas por el caso de los pasaportes, así como en el marco de las investigaciones disciplinarias que se adelantan.
El pasado 16 de enero, la Contraloría emitió un control de advertencia frente a los posibles riesgos financieros, operativos y de planeación asociados a la puesta en marcha del nuevo modelo de producción y suministro de pasaportes y otros documentos de viaje en Colombia.
El pronunciamiento se basó en un análisis de los contratos actualmente vigentes del esquema que se pretende implementar, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal.
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De acuerdo con la Contraloría, existe un riesgo inminente para el patrimonio público, debido a que no se cuenta con una estimación integral de los costos del nuevo modelo. Esta situación podría afectar las fuentes de financiación y comprometer la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio. A estos factores se suman eventuales incrementos en los costos operativos, el impacto del riesgo cambiario y posibles retrasos en la ejecución del convenio, lo que pondría en entredicho la sostenibilidad del esquema y la continuidad del servicio.
Entre las principales alertas, el organismo de control advirtió que no hay una proyección de costos por vigencia que permita establecer los compromisos financieros anuales ni verificar si los recursos existentes son suficientes para garantizar la prestación del servicio bajo el nuevo modelo. Asimismo, señaló que el convenio no define los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá pagar a la Imprenta Nacional por la personalización de los documentos, pese a que existen herramientas técnicas para realizar este tipo de cálculos.
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