Procuraduría pone su lupa en elección de quienes investigarán a jueces y abogados

Al despacho del presidente del Congreso, Efraín José Cepeda, llegó una carta de dos páginas con papelería del Ministerio Público y la firma del procurador, Fernando Carrillo. En el mensaje, el jefe de la cartera fue claro. En manos de los senadores y representantes a la Cámara, quienes deben elegir a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial, está el comienzo de una misión urgente en Colombia: recuperar la confianza en la justicia y en las instituciones del país. (Vea aquí la carta completa) 

Para Carrillo, esa elección tendrá un alto impacto en la misión de recobrar la legitimidad de las autoridades pues se trata de la conformación del organismo que reemplazará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En otras palabras, es esta la Comisión que se encargará de investigar a los jueces y abogados, tras la reforma a la justicia del 2016. (Todo listo para la elección de la Comisión de Disciplina Judicial)

Como regla para llegar a esta comisión, la Presidencia debía presentar tres ternas de candidatos y el Consejo Superior de la Judicatura cuatro para que el Congreso en pleno defina quiénes son los ganadores. Aunque el proceso ha tenido trabas, pues el Consejo de Estado suspendió el proceso en noviembre del año pasado al considerar que la Judicatura no cumplió con el reglamento para presentar sus candidatos, el proceso está de nuevo vigente.

“Colombia exige hoy que los altos dignatarios de la justicia ofrezcan garantías de honestidad, probidad, experiencia y profesionalismo. Elegir a los mejores es un acto de justicia. Y elegir a quienes acrediten los más altos estándares éticos es un acto de responsabilidad con la ciudadanía. El país no puede seguir encendiendo alarmas posteriores a la elección de dignatarios que defrauden la confianza ciudadana”, escribió Carrillo en la carta.

Uno de los nombres que sobresale de las listas de candidatos que están bajo estudio del Congreso es el de Martha Cristina Pineda, esposa del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, uno de los protagonistas del escándalo en la justicia y señalado de supuestamente haber fomentado una red de corrupción dentro de este alto tribunal.

De acuerdo con los planteamientos de Carrillo, todos los aspirantes a un cargo en la Comisión de Disciplina Judicial deberán estar dispuestos a someterse a un estricto escrutinio de sus hojas de vida, sus antecedentes y relaciones profesionales, económicas, familiares, académicas y sociales, por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

“Un tema fundamental de esa escogencia es, además, la certeza de que los postulados actúen bajo las mismas condiciones de igualdad, sin la perturbación de tráfico de influencias y padrinos políticos o aliados provenientes del mundo judicial. Ningún togado necesita abogado para ganarse su espacio en las altas cortes (…) En Colombia no puede seguir haciendo carrera el concepto de que el poder judicial nace en el oscuro callejón de las recomendaciones políticas o judiciales.”, agregó Carrillo en su misiva.

Para lograr un proceso transparente y colaborar con la elección, el procurador general le explicó al presidente del Congreso que ordenó la conformación de un grupo especial de acompañamiento que, “bajo la coordinación del viceprocurador general y la participación de los procuradores delegados para la conciliación administrativa y preventiva de la función pública, adelante las actividades de seguimiento y verificación respecto del proceso de elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Al despacho del presidente del Congreso, Efraín José Cepeda, llegó una carta de dos páginas con papelería del Ministerio Público y la firma del procurador, Fernando Carrillo. En el mensaje, el jefe de la cartera fue claro. En manos de los senadores y representantes a la Cámara, quienes deben elegir a los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial, está el comienzo de una misión urgente en Colombia: recuperar la confianza en la justicia y en las instituciones del país. (Vea aquí la carta completa) 

Para Carrillo, esa elección tendrá un alto impacto en la misión de recobrar la legitimidad de las autoridades pues se trata de la conformación del organismo que reemplazará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En otras palabras, es esta la Comisión que se encargará de investigar a los jueces y abogados, tras la reforma a la justicia del 2016. (Todo listo para la elección de la Comisión de Disciplina Judicial)

Como regla para llegar a esta comisión, la Presidencia debía presentar tres ternas de candidatos y el Consejo Superior de la Judicatura cuatro para que el Congreso en pleno defina quiénes son los ganadores. Aunque el proceso ha tenido trabas, pues el Consejo de Estado suspendió el proceso en noviembre del año pasado al considerar que la Judicatura no cumplió con el reglamento para presentar sus candidatos, el proceso está de nuevo vigente.

“Colombia exige hoy que los altos dignatarios de la justicia ofrezcan garantías de honestidad, probidad, experiencia y profesionalismo. Elegir a los mejores es un acto de justicia. Y elegir a quienes acrediten los más altos estándares éticos es un acto de responsabilidad con la ciudadanía. El país no puede seguir encendiendo alarmas posteriores a la elección de dignatarios que defrauden la confianza ciudadana”, escribió Carrillo en la carta.

Uno de los nombres que sobresale de las listas de candidatos que están bajo estudio del Congreso es el de Martha Cristina Pineda, esposa del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, uno de los protagonistas del escándalo en la justicia y señalado de supuestamente haber fomentado una red de corrupción dentro de este alto tribunal.

De acuerdo con los planteamientos de Carrillo, todos los aspirantes a un cargo en la Comisión de Disciplina Judicial deberán estar dispuestos a someterse a un estricto escrutinio de sus hojas de vida, sus antecedentes y relaciones profesionales, económicas, familiares, académicas y sociales, por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

“Un tema fundamental de esa escogencia es, además, la certeza de que los postulados actúen bajo las mismas condiciones de igualdad, sin la perturbación de tráfico de influencias y padrinos políticos o aliados provenientes del mundo judicial. Ningún togado necesita abogado para ganarse su espacio en las altas cortes (…) En Colombia no puede seguir haciendo carrera el concepto de que el poder judicial nace en el oscuro callejón de las recomendaciones políticas o judiciales.”, agregó Carrillo en su misiva.

Para lograr un proceso transparente y colaborar con la elección, el procurador general le explicó al presidente del Congreso que ordenó la conformación de un grupo especial de acompañamiento que, “bajo la coordinación del viceprocurador general y la participación de los procuradores delegados para la conciliación administrativa y preventiva de la función pública, adelante las actividades de seguimiento y verificación respecto del proceso de elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.