Procuraduría respalda la creación del Ministerio de Ciencia

Conceptos a favor y en contra es lo que ha despertado una demanda que pretende tumbar la Ley 1951 de 2019 que exterminó el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación (Colciencias) para convertirlo en un Ministerio del Gobierno Nacional. Fue el 5 de diciembre de 2019 cuando el presidente Iván Duque le dio luz verde a la ley y sancionó la normatividad, mientras la sociedad vivía días convulsionados por cuenta de las constantes protestas y manifestaciones sociales. El paro nacional estaba en furor.

Pero mientras gran cantidad de ciudadanos marchaban, cantaban y tocaban cacerolas como muestra descontento por las actuaciones del Gobierno Nacional, un grupo de abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) le venía siguiendo la pista a la joven ley, desde que hacía carrera como proyecto en el Congreso. Por eso, en cuanto el presidente Duque sancionó la norma, los juristas Gustavo Gallón, Julián Gonzáles, Juan Carlos Ospina y David Fernando Cruz presentaron una demanda en contra de la norma ante la Corte Constitucional.

Para ellos hay dos aspectos de la ley que van en contravía de la Constitución Política. Por un lado, que la ley no fue propuesta por el Gobierno Nacional y tampoco avalada por el mismo, pues, aunque Duque la sancionó, el proyecto nació en el Gobierno Santos y, en ese momento, varios ministros le dieron la espalda, entonces, según los accionantes, se estaría incurriendo en un “vicio de inconstitucionalidad”. Por otro lado, alegan que la ley nunca definió la estructura orgánica del Ministerio, es decir, la composición, el número de direcciones, secretarías o despachos, la segmentación del trabajo, los objetivos, etc.

A quien le correspondió evaluar estas posibles faltas a la Carta Política fue al magistrado Antonio José Lizarazo, quien ya ha sumado al expediente diferentes conceptos del asunto. El más reciente es el de la Procuraduría General de la Nación que entregó su análisis del tema. En su intervención, muy por el contrario de lo que consideran los demandantes, el Ministerio Público manifestó que el trámite de la ley que le dio vida al Ministerio de Ciencia se ajustó a la Constitución y no atenta contra ninguna norma constitucional. (Lea también: El debate por la creación del Ministerio de Ciencia)

Para la Procuraduría es claro que la demanda “no debe prosperar”, ni por un lado, ni por el otro, ¿por qué? El ente de control empezó por dar la razón a los demandantes cuando señalan que lo que tiene que ver con iniciativa legislativa “solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno Nacional (art. 154)”. Sin embargo, con base en lo dicho por la Corte Constitucional en pasadas sentencias, la entidad expuso que, aunque la iniciativa no haya sido del Gobierno, el aval del Ejecutivo es suficiente para que se note voluntad de su parte y la ley sea legítima.

En ese sentido, afirmó que, si bien el proyecto de ley tuvo su génesis en el Congreso de la República, pues fue presentado por los senadores Iván Darío Agudelo y Jhon Jairo Roldan Avedaño, y no nació de iniciativa del Gobierno, “esta deficiencia fue subsanada con posterioridad, con el ‘aval del Gobierno’ formulado por la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien expuso su conformidad en nombre del Presidente de la República”.

“Quiero expresarle al Senado de la República del señor Presidente Iván Duque, luego de una discusión amplia con el Senador Iván Agudelo, con el partido Liberal ha solicitado a la plenaria que se acoja el aval del Gobierno nacional para darle viabilidad al Proyecto 111 Cámara, 250 Senado, haciendo énfasis en que esta no es la creación de nueva burocracia, sino es la transformación de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación” dijo Gutiérrez el 16 de diciembre de 2018 en plenaria del Senado. (Le puede interesar: La carta con la que los congresistas afrocolombianos defienden a la ministra de Ciencia)

Según la Procuraduría, esa intervención fue determinante para que el trámite de la cuestionada ley quedara aprobado y la normatividad fuera sancionada bajo la sombrilla del Gobierno Nacional. Así, consideró que no existe el “vicio de procedimiento” que alegan los demandantes y, por consiguiente, la normatividad es válida y legítima. En esa misma línea, también desestimó el segundo cargo por violación a la Constitución que expone la demanda.

Para los abogados, ciertamente la ley se creó, pero el Congreso omitió establecer la estructura del Ministerio de Ciencia. En contraste, el Ministerio Público señaló que a través de la Ley 1955 de 2019 se dictó como haría la fusión entre Conciencias y Ministerio y así se fijó dicha estructura. Asimismo, se refirió a los objetivos generales y específicos de la nueva cartera que, según la Procuraduría, sí están contenidos en la ley demandada –específicamente en el artículo 2-.

Así las cosas, el ente de control le negó la razón a los accionantes y le solicitó a la Corte declarar exequible la ley por la cual se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El asunto sigue en remojo y el magistrado tendrá que estudiar juiciosamente todas las intervenciones para llegar a una conclusión sensata que, sobre todo, favorezca a los gremios de investigadores y científicos que gobierno tras gobierno alzan la voz en busca de recursos, garantías y visibilidad para su trabajo. (Noticia relacionada: El programa ‘Para las Mujeres en la Ciencia’ abre su convocatoria 2018)

Conceptos a favor y en contra es lo que ha despertado una demanda que pretende tumbar la Ley 1951 de 2019 que exterminó el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación (Colciencias) para convertirlo en un Ministerio del Gobierno Nacional. Fue el 5 de diciembre de 2019 cuando el presidente Iván Duque le dio luz verde a la ley y sancionó la normatividad, mientras la sociedad vivía días convulsionados por cuenta de las constantes protestas y manifestaciones sociales. El paro nacional estaba en furor.

Pero mientras gran cantidad de ciudadanos marchaban, cantaban y tocaban cacerolas como muestra descontento por las actuaciones del Gobierno Nacional, un grupo de abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) le venía siguiendo la pista a la joven ley, desde que hacía carrera como proyecto en el Congreso. Por eso, en cuanto el presidente Duque sancionó la norma, los juristas Gustavo Gallón, Julián Gonzáles, Juan Carlos Ospina y David Fernando Cruz presentaron una demanda en contra de la norma ante la Corte Constitucional.

Para ellos hay dos aspectos de la ley que van en contravía de la Constitución Política. Por un lado, que la ley no fue propuesta por el Gobierno Nacional y tampoco avalada por el mismo, pues, aunque Duque la sancionó, el proyecto nació en el Gobierno Santos y, en ese momento, varios ministros le dieron la espalda, entonces, según los accionantes, se estaría incurriendo en un “vicio de inconstitucionalidad”. Por otro lado, alegan que la ley nunca definió la estructura orgánica del Ministerio, es decir, la composición, el número de direcciones, secretarías o despachos, la segmentación del trabajo, los objetivos, etc.

A quien le correspondió evaluar estas posibles faltas a la Carta Política fue al magistrado Antonio José Lizarazo, quien ya ha sumado al expediente diferentes conceptos del asunto. El más reciente es el de la Procuraduría General de la Nación que entregó su análisis del tema. En su intervención, muy por el contrario de lo que consideran los demandantes, el Ministerio Público manifestó que el trámite de la ley que le dio vida al Ministerio de Ciencia se ajustó a la Constitución y no atenta contra ninguna norma constitucional. (Lea también: El debate por la creación del Ministerio de Ciencia)

Para la Procuraduría es claro que la demanda “no debe prosperar”, ni por un lado, ni por el otro, ¿por qué? El ente de control empezó por dar la razón a los demandantes cuando señalan que lo que tiene que ver con iniciativa legislativa “solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno Nacional (art. 154)”. Sin embargo, con base en lo dicho por la Corte Constitucional en pasadas sentencias, la entidad expuso que, aunque la iniciativa no haya sido del Gobierno, el aval del Ejecutivo es suficiente para que se note voluntad de su parte y la ley sea legítima.

En ese sentido, afirmó que, si bien el proyecto de ley tuvo su génesis en el Congreso de la República, pues fue presentado por los senadores Iván Darío Agudelo y Jhon Jairo Roldan Avedaño, y no nació de iniciativa del Gobierno, “esta deficiencia fue subsanada con posterioridad, con el ‘aval del Gobierno’ formulado por la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien expuso su conformidad en nombre del Presidente de la República”.

“Quiero expresarle al Senado de la República del señor Presidente Iván Duque, luego de una discusión amplia con el Senador Iván Agudelo, con el partido Liberal ha solicitado a la plenaria que se acoja el aval del Gobierno nacional para darle viabilidad al Proyecto 111 Cámara, 250 Senado, haciendo énfasis en que esta no es la creación de nueva burocracia, sino es la transformación de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación” dijo Gutiérrez el 16 de diciembre de 2018 en plenaria del Senado. (Le puede interesar: La carta con la que los congresistas afrocolombianos defienden a la ministra de Ciencia)

Según la Procuraduría, esa intervención fue determinante para que el trámite de la cuestionada ley quedara aprobado y la normatividad fuera sancionada bajo la sombrilla del Gobierno Nacional. Así, consideró que no existe el “vicio de procedimiento” que alegan los demandantes y, por consiguiente, la normatividad es válida y legítima. En esa misma línea, también desestimó el segundo cargo por violación a la Constitución que expone la demanda.

Para los abogados, ciertamente la ley se creó, pero el Congreso omitió establecer la estructura del Ministerio de Ciencia. En contraste, el Ministerio Público señaló que a través de la Ley 1955 de 2019 se dictó como haría la fusión entre Conciencias y Ministerio y así se fijó dicha estructura. Asimismo, se refirió a los objetivos generales y específicos de la nueva cartera que, según la Procuraduría, sí están contenidos en la ley demandada –específicamente en el artículo 2-.

Así las cosas, el ente de control le negó la razón a los accionantes y le solicitó a la Corte declarar exequible la ley por la cual se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El asunto sigue en remojo y el magistrado tendrá que estudiar juiciosamente todas las intervenciones para llegar a una conclusión sensata que, sobre todo, favorezca a los gremios de investigadores y científicos que gobierno tras gobierno alzan la voz en busca de recursos, garantías y visibilidad para su trabajo. (Noticia relacionada: El programa ‘Para las Mujeres en la Ciencia’ abre su convocatoria 2018)