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10 Dec 2020 - 8:30 p. m.

Procuraduría sancionó con 10 años de inhabilidad a la excongresista Aida Merlano

La congresista no podrá ejercer cargos públicos por los próximos diez años. Tampoco podría aspirar a cargos de elección popular más adelante, en virtud de la pérdida de investidura que le decretó el Consejo de Estado.
Procuraduría sancionó con 10 años de inhabilidad a la excongresista Aida Merlano
Foto: Agencia EFE

En cuestión de dos años le han caído a la fugada exrepresentante a la Cámara Aida Merlano las tres sanciones más graves que puede recibir un congresista: la Corte Suprema confirmó la condena en su contra, el Consejo de Estado le quitó la investidura y, ahora, la Procuraduría le impuso diez años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Todo por el esquema de corrupción electoral del que hizo parte para llegar al Senado en el 2018, en la curul que por años ocupó el conservador Roberto Gerlein.

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“Declarar probado y no desvirtuado el único cargo formulado a la señora Aida Merlano Rebolledo en su condición de representante a la Cámara por la circunscripción electoral Atlántico, para la época de los hechos, como falta gravísima a título de dolo”, consigna el fallo disciplinario, firmado por el procurador Fernando Carrillo. Mientras tanto, la excongresista continúa en Venezuela, donde fue capturada luego de fugarse de la custodia del Instituto Penitenciario (Inpec) en octubre del año pasado. Desde allí, en una audiencia pública, lanzó acusaciones contra sus antiguos aliados, los Char y los Gerlein, así como a otras figuras de la política colombiana.

La reciente sanción de la Procuraduría se da en el curso del juicio disciplinario que le inició el procurador Carrillo a Merlano en septiembre de 2018. Para ese momento, la excongresista se encontraba privada de la libertad por posibles delitos electorales, luego de que la Fiscalía allanara su sede de campaña encontrando armas, fajos de billetes, fotocopias de cédulas y documentos que les permitía inferir que allí se estaba comprando votos para las elecciones.

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“Dentro del material probatorio con el que cuenta la Procuraduría se tienen los registros de las cédulas de ciudadanía encontradas en el inmueble, además de las certificaciones electorales, listados de puestos de votación, recibos de caja menor, letras firmadas en blanco, adhesivos con la leyenda ‘Gracias por tu apoyo’, armas de fuego, entre otros elementos”, señaló el Ministerio Público en su momento. Todos estos elementos llevaron a suponer que Merlano cometió el delito de corrupción al sufragante mientras todavía era representante a la Cámara.

La Corte Suprema avanzó por su lado en las pesquisas y, un año más tarde de que la Procuraduría iniciara el juicio disciplinario, en 2019, la Sala de Primera Instancia del alto tribunal condenó a Merlano a pagar 15 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. De acuerdo con la sentencia, esa “organización criminal”, creada para transgredir “los mecanismos de participación democrática a través de la corrupción al sufragante”, tuvo injerencia en los comicios de 2014, 2015 y, por supuesto, 2018.

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El fallo fue confirmado por la Sala Penal en segunda instancia este 2020, al considerar que la mujer sí obtuvo de forma irregular su elección y que prueba de ello sería, entre otras, la existencia de un video en el cual está enfadada con el que sería el financiador de su campaña “y promotor de sus ambiciones (Julio Gerleín Echevarría), por no entregarle la suma ofrecida para sobornar al elector”, asegura la sentencia. No obstante, la Sala Penal le redujo la pena a Merlano al estimar que no hay pruebas que permitan afirmar que Merlano hubiera empleado el mismo sistema de corrupción en elecciones anteriores a la de 2018.

Ya en 2018 el Consejo de Estado le había quitado la investidura a Merlano por vulnerar los topes máximos de financiación electoral. En 2019, el alto tribunal confirmó la decisión y la dejó en firme. Con ponencia del magistrado Hernando Sánchez Sánchez, la Sala Plena ratificó que Merlano gastó más de $1.730 millones, suma que supera de lejos el monto máximo permitido que es de $884 millones para una campaña al Congreso.

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