Kevin Arley Acosta murió a los siete años de edad por negligencia de la Nueva EPS. Así lo determinó la Procuraduría General de la Nación a través de una investigación en la que quedaron expuestos los motivos sobre la mala prestación del servicio en una entidad que tiene más de 11 millones de afiliados en el país. El documento de ocho páginas que conoció El Espectador señala que el principal motivo del fallecimiento del menor fue que la entidad no garantizó la entrega oportuna de un medicamento vital para el tratamiento de su enfermedad, la hemofilia. Por este motivo, el Ministerio Público investigó si se incumplió con la garantía del derecho fundamental a la salud en la entidad prestadora de salud.
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El 13 de febrero de 2016, Kevin falleció. Días antes, el niño tuvo un accidente en bicicleta que le produjo una hemorragia incontrolable debido a la enfermedad diagnosticada como hemofilia tipo A severa. En un principio, el presidente Gustavo Petro señaló a la madre como la responsable de este suceso, sin embargo, la Procuraduría en su investigación señaló que Kevin no recibió oportunamente el medicamento Emicizumab indispensable para controlar el trastorno de coagulación que padecía el niño. Asimismo, el Ministerio Público reveló que durante dos meses, Kevin dejó de recibir su dosis, aunque la prescripción del médico tratante señalaba que el suministro del medicamento factor VII debía ser cada 28 días.
Una cadena de incumplimientos y negligencia
Kevin estaba afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a la Nueva EPS, a través del régimen subsidiado. Si bien la entidad tenía la responsabilidad de entregar el medicamento cada mes, la última dosis que recibió el menor fue el 14 de diciembre de 2025 por la IPS Medicarte. La Procuraduría estableció que esta IPS que atendió al menor de edad, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS. En ese contexto, la IPS finalizó la relación contractual el 31 de diciembre de 2025 por incumplimiento. Por lo tanto, se realizó el traslado a la institución Integral Solutions, pero esta IPS tampoco pudo asumir el compromiso, porque Nueva EPS no le giraba los recursos.
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Ese traslado se comenzó a gestionar el 16 de enero de 2026, pero la IPS señaló que Nueva EPS no envió la documentación de los pacientes, incluido Kevin. Es decir que la entidad incurrió en una falla al omitir la entrega de registros, historias clínicas e información vital para las gestiones. Además, la Procuraduría encontró que la entrega de la población ni siquiera se formalizó, por lo que para los meses de enero y febrero de 2026, la Nueva EPS no contaba con un prestador activo responsable de la continuidad de los tratamientos.
“La entidad promotora de salud Nueva EPS tiene una deuda vigente para con la institución Integral Solution, que supera a la fecha los ciento cincuenta días en mora, y por un valor que oscila sobre los COP 8.383.407.306 sin que al día de hoy se haya dado trámite alguno a la depuración, abono o pago parcial ni total de dicha cartera pendiente”, señaló la Procuraduría en su informe emitido este 17 de marzo de 2026. En ese contexto, las dos instituciones prestadoras de salud dejaron de prestar el servicio a raíz de los constantes incumplimientos de la EPS en los pagos.
Kevin no recibió dos dosis vitales
El 16 de enero de 2026, Kevin debió recibir la dosis correspondiente para que un juego de niños en su bicicleta no terminara en una tragedia. Sin embargo, Kevin también fue víctima de los procesos y la negligencia de una entidad prestadora de salud. “Esta situación evidencia una interrupción injustificada del tratamiento, que se prolongó hasta el día de su fallecimiento, el 13 de febrero de 2026, pese a tratarse de un medicamento vital para la supervivencia del paciente ante su enfermedad”, señaló la Procuraduría.
Y agregó: “El suministro inoportuno del medicamento se encuentra directamente vinculado a la responsabilidad de la Nueva EPS como garante del aseguramiento en salud, teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad, sujeto de especial protección constitucional, diagnosticado con una enfermedad de alto costo y perteneciente a la población vulnerable vinculada al régimen subsidiado”.
Además de los reprocesos de la entidad, el Ministerio Público también le puso la lupa a las decisiones que se tomaron en materia de salud tras el accidente del menor, por lo que pidió una investigación más profunda de su deceso. Inicialmente, Kevin fue trasladado a una clínica en Huila, donde ocurrió el accidente, pero luego fue remitido en transporte aéreo hasta Bogotá. “El Departamento del Huila dispone de prestadores de alta complejidad, lo que hace cuestionable la justificación del traslado aéreo con los riesgos clínicos que esto conlleva asociados al diagnóstico de hemofilia y a su vez, evidencia las dificultades por insuficiencia de red disponible con ocasión del cierre de servicios por la falta de reconocimiento y el no pago de la cartera de la Nueva EPS a los prestadores”, concluyó la Procuraduría.
2.000 pacientes pueden estar en riesgo: Procuraduría
El ente de control también señaló que otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y luego a Integral, podrían estar en riesgo al no tener asegurada su atención médica. Por ello, la Procuraduría estableció que la Fiscalía General de la Nación recibirá una copia del informe, con el fin de investigar a las personas que hayan tenido responsabilidad en la muerte de Kevin. Asimismo, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, actual interventor de la Nueva EPS. “Con base en los hechos analizados, se solicita adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes para determinar la eventual responsabilidad de la Nueva EPS por la omisión administrativa grave al incumplir el suministro oportuno del medicamento Factor VII, indispensable para la supervivencia del menor”.
En definitiva, la Procuraduría estableció que en el caso Kevin, la Nueva EPS vulneró los principios de continuidad, integralidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud, afectando directamente la atención del menor. El Ministerio Público determinó que hubo una total negligencia que derivó en la muerte de Kevin Acosta.
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