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El país atraviesa un momento histórico. La pandemia por el COVID-19, que en algún momento se robó el protagonismo y aterrorizó a los ciudadanos hasta encerrarlos en sus casas, terminó bajo la sombra de millones de ciudadanos que sin pensarlo dos veces salieron a las calles para exigir el retiro de la reforma tributaria que proponía el Gobierno. Por seis días consecutivos, los reflectores han apuntado a las multitudinarias movilizaciones sociales que a punta de gritos, pancartas y comparsas ya lograron su primer objetivo: tumbar la reforma. Pero, ¿a qué precio? Manifestantes aseguran que las garantías al salir a la calle son pocas.
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A través de redes sociales, varios líderes de opinión, oenegés y marchantes han llamado la atención sobre la ausencia de entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que están llamadas precisamente a propender por la protección de los derechos de los ciudadanos, más en las convulsionadas protestas que se han extendido durante estos días. Y es que según el balance más reciente de la Defensoría, a la fecha 17 ciudadanos y un policía han perdido la vida, mientras la ONG Temblores apunta a que son 26 las víctimas mortales en medio de protestas que se ven empañadas por disturbios y enfrentamientos.
Desde el pasado 27 de abril, un día antes de que iniciara el Paro Nacional, la Procuraduría anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para “vigilar” las protestas, pese a no estar de acuerdo con ellas por el riesgo de salud que, a su juicio, implicaban las movilizaciones. “Guardo la esperanza de que ciudadanos y promotores de las marchas, manifestaciones y concentraciones de mañana, evalúen las repercusiones que estas pueden tener en el crecimiento y aceleración del contagio, y obren en consecuencia; sin embargo es nuestro deber (…) garantizar el derecho a la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos” dijo en ese momento la procuradora general, Margarita Cabello.
El profesor de derecho penal de la Universidad Manuela Beltrán dejó claro que “la función principal de la Procuraduría es la de conocer las presuntas faltas disciplinarias leves o graves que cometan los servidores públicos, incluidos los policías. Y la Defensoría, por su parte, tiene como gran función divulgar los derechos humanos y promover todo tipo de garantías en favor de las personas. En esa labor puede enviar a sus funcionarios a acompañar las manifestaciones y su misión es importante porque en la práctica puede desarrollar todo tipo acciones constitucionales y legales para que se respeten los derechos de la ciudadanía”.
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Las marchas, incluso con un fallo del Tribunal de Cundinamarca en su contra, iniciaron. Y desde el día uno se han registrado todo tipo de denuncias públicas sobre posibles excesos y violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública; al tiempo que se han visto desmanes y vandalismo. A pesar del inquietante panorama, el Ministerio Público apenas hasta ayer 3 de mayo vino a anunciar sus primeras indagaciones preliminares (de 26 que abrió la Policía van a ocuparse de ocho), y los manifestantes aseguran que la presencia de la entidad en las calles ha sido casi nula. A la Defensoría del Pueblo no le ha ido mejor. La entidad también ha brillado por su ausencia en las manifestaciones y su vocero, Carlos Camargo, enfrenta una oleada de críticas por su gestión.
El funcionario ha sido ampliamente cuestionado no solo por la aparente ausencia de la entidad en los territorios durante esta crisis, sino porque, supuestamente el pasado fin de semana, mientras el país afrontaba una multitudinaria jornada de protestas de punta a punta, plantones y disturbios, Camargo habría salido de paseo a una casa de descanso en algún pueblo cercano a Bogotá. Sin embargo, el defensor negó en La W que esto hubiera ocurrido y aseguró que permaneció en Bogotá “dedicado a monitorear todas las situaciones de derechos humanos de manera permanente”, insistió, aunque a Camargo no se le vio en ninguno de los escenarios complicados que surgieron en los últimos días.
Germán Romero, defensor de dhColombia, refuta esas ausencias estatales: “La misión central de la Defensoría y de la Procuraduría es la promoción y protección de los derechos humanos, pero durante el paro del 28 de abril a la fecha esa labor ha sido inexistente. El trabajo de la Defensoría no es actuar como analista de datos, sino el de proteger a la ciudadanía y, por parte de la Procuraduría, no existe una sola acción concluyente, no se conocen solicitudes concretas preventivas hacia Fuerza Pública, ni resultados de las investigaciones sobre hechos similares del paro de 2013, de 2019 y de septiembre de 2020. Esas entidades, con sus nuevos titulares, son un adorno y su misión ha sido plegarse al Gobierno”.
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El abogado agrega que la ciudadanía no percibe a estas entidades como organismos de protección de derechos humanos, no solo porque no los ve en terreno, sino porque su gestión no se nota. Con este punto coincide el codirector de Temblores ONG (que lleva varios años monitoreando posibles abusos policiales), Sebastián Lanz, quien manifiesta su preocupación por las recientes declaraciones del defensor del Pueblo. “Equipara los homicidios en contra de la ciudadanía con los daños a la propiedad privada y, después, pide un excesivo uso de la figura de la asistencia militar (…) Es grave porque hemos comprobado que el aumento del pie de fuerza está relacionado con el incremento de violencia policial y de homicidios”, explicó Lanz.
En contraste, este abogado resaltó que en las movilizaciones se ha evidenciado la presencia de los personeros locales, pero que estos también han sufrido vulneraciones por parte de la fuerza pública cuando han intentado mediar en episodios de posibles agresiones contra ciudadanos. ¿Dónde están la Defensoría y la Procuraduría en este Paro Nacional? Esas son las preguntas que los manifestantes le hacen al Gobierno nacional. El Espectador trató de comunicarse con los voceros de ambas entidades, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener un pronunciamiento de su parte.
