Menor implicado en ataque a Miguel Uribe: lo que puede pasar con él tras captura

Los organismos de seguridad llegaron a la zona del atentado para recabar pruebas que ayuden en la investigación del atentado contra Miguel Uribe este sábado 7 de junio en Bogotá.

Foto: Oscar Pérez El Espectador

Colombia permanece estremecida por el ataque sicarial que sufrió el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, este sábado en el occidente de Bogotá. La información oficial que hasta ahora entrega la Fiscalía es la captura de un menor de edad de 15 años, quien portaba un arma de fuego tipo pistola glock (9 milímetros) y quien sería el responsable directo del acto criminal que tiene consternado el mundo político, judicial y cultural del país, porque rememora los peores tiempos de la violencia contra las posiciones partidistas previo a elecciones presidenciales.

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Aunque el nombre del capturado y su rostro ha sido ampliamente difundido en redes sociales, así como en algunos medios de comunicación, El Espectador se abstiene de publicarlos, entendiendo las obligaciones constitucionales en materia de protección a la vida, integridad y dignidad del adolescente. Lo último que se sabe de él es que permanece bajo custodia de la Policía Nacional y que en las últimas horas fue trasladado a un centro médico donde se le están practicando exámenes y recibiendo atención especializada, pues al parecer habría recibido un impacto de bala en una de sus piernas.

Este diario consultó expertos en derecho penal y en el sistema judicial para niños, niñas y adolescentes, quienes explicaron lo que viene para el sospechoso. De acuerdo con Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, “una vez el capturado tenga el alta médica, o en cualquier momento cuando se encuentre en una situación de conciencia, debe ser presentado ante un juez de control de Garantías. Ante él se le debe legalizar la captura, formular la imputación y seguramente solicitar una medida de internamiento preventivo. Eso es lo que debe pasar en las próximas horas”.

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El penalista Iván Cancino agrega que en las audiencias “tienen que estar presentes, no solo un defensor de oficio o contractual, sino también un defensor de familia porque es menor de edad”. El primer paso en el sistema judicial que enfrentará el capturado será la audiencia de legalización de captura ante el juez de control de Garantías. Cabe resaltar que la Fiscalía está contrareloj, pues la audiencia debe realizarse dentro de las próximas 36 horas al momento de la captura en flagrancia, si no, la detención es considerada ilegal y el adolescente puede quedar libre. Si la captura fue a alrededor de las 6:00 p.m. de este sábado, el término se cumple en la mañana del lunes que viene.

En dado caso de que la Fiscalía logre presentarlo en el término correcto, las fuentes coinciden que todo puede pasar, incluso que el presunto victimario quede en libertad. Para empezar, el juez de Garantías debe evaluar que las autoridades hayan respetado los derechos y garantías del capturado. Un punto que será de alto debate porque en los videos difundidos se ve que, cuando el sujeto ya estaba en estado de indefensión, en el suelo y con las manos en la espalda, el policía que lo custodiaba permitió que lo patearan en la cara, lo cual decantó en sangrado. Sumado al hecho de que le habrían dispararado en una de las piernas.

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Para la abogada penalista Sofía De Carvalho, la sociedad y las instituciones del Estado están, justo ahora cuando corre el reloj, en un momento crítico para aplicar la Constitución y proteger los derechos de un capturado que, si bien está vinculado a un delito de máxima gravedad, sigue siendo un sujeto de especial protección en Colombia. “Permitir represalias, negligencia institucional o filtraciones dentro de los centros, compromete la legitimidad del sistema, expone el Estado a responsabilidad nacional e internacional, y genera un grave mensaje de justicia punitiva sin garantías. Incurrir en ello, no solo desacredita al sistema de justicia juvenil, sino que exonera al verdadero responsable, que fue aquel que lo armó, lo manipuló y lo mando a matar”, señaló en entrevista.

Ahora bien, los expertos coinciden en que el proceso judicial contra el menor de edad será muy parecido al que se sigue contra los adultos. En este momento, la Fiscalía está preparando sus argumentos para indicarle al juez del caso que la captura fue legal. Además, el ente investigador está preparando un escrito de imputación, con el cual vincular formalmente al adolescente al expediente, el cual tendrá una hipótesis general de los hechos que los colombianos vieron. Asimismo, la Fiscalía prepara sus argumentos para solicitar la privación de la libertad del adolescente de manera preventiva, para mantenerlo seguro mientras se desarrolla el proceso en su contra.

Fuentes que conocen el sistema penal para adolescentes y que prefieren omitir su nombre para salvaguardar su trabajo, explican que, a partir de ahora, empiezan las dificultades propias del sistema de justicia nacional, que están agravadas para niños, niñas y adolescentes. “Los jueces de Garantías para menores de edad con los que cuenta Bogotá no tienen la suficiente experiencia y cualidades para asumir este caso. De los ocho que hay, solo hay uno que sabe del tema, que es el séptimo. Con seguridad puedo decirle que lo van a internar, el problema es que quedará bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que no tiene los recursos para responder por la integridad de los muchachos. ¿Cómo van a garantizar su seguridad si trabajan con las uñas?”.

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Este diario consultó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el cual confirmó que el procesado, por Constitución, no tiene manera de quedar bajo custodia de la entidad especializada para custodiar condenados. Tampoco podría llegar a una estación de policía o Unidad de Reacción Inmediata, que están bajo administración de la Policía Nacional, y que reciben a ciudadanos en condición de sindicados. Será entonces el ICBF y sus instalaciones las que respondan por, sea cual sea el resultado, la custodia del único sospechoso del crimen más impactante en la historia reciente nacional.

El papel del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en este caso es fundamental. La organización está haciendo un acompañamiento constante en todo el proceso judicial, iniciando con la activación de las rutas correspondientes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Tras su recuperación en un centro médico, el menor de 15 años sería internado en un Centro de Atención Especializada (CAE). No obstante, fuentes cercanas al proceso, señalaron a El Espectador que están tratando de hacer todo lo posible para que el menor sea llevado “a un lugar más seguro”, teniendo en cuenta que esto es un “caso especial”. Será un juez penal para adolescentes o el juez promiscuo de familia el que desidia la sanción, que estará contemplada en modelo de justicia restaurativa.

El proceso de responsabilidad

El penalista Cancino explica que, justo en este momento, el procesado está en la libertad de aceptar cargos, lo que le traería beneficios judiciales. Bernate, por su parte, agrega que si la familia no ha contratado un abogado, de todas maneras ya le asignó uno de oficio de la Defensoría del Pueblo. En caso de que no acepte cargos en las próximas horas, así como en el sistema de justicia para adultos, la Fiscalía preparará un escrito de acusación, con el cual lleve al adolescente a juicio y se delimite su responsabilidad a través de la sentencia de un juez.

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En cualquier momento del proceso judicial y hasta antes de la sentencia, refieren las fuentes, el capturado podrá ofrecer su colaboración a las autoridades, con miras a acceder a beneficios judiciales a cambio de entregar información de contexto que sirva para robustecer la investigación. La sanción a la que podría enfrentarse, en cualquiera de los casos, es únicamente entre dos y ocho años de privación de la libertad. Dado que el sistema para adolescente no privilegia la sanción punitiva, sino un proceso de resocialización, el menor de edad no quedará retratado con antecedentes legales. Además, tiene derecho a una segunda instancia.

El crimen y el criminal

Para la abogada De Carvalho es prioritario analizar el expediente en clave de instrumentalización penal y política del menor de edad. “La ley reconoce que los adolescentes pueden ser cooptados por adultos, mafias o estructuras armadas, que aprovechan su vulnerabilidad, su edad y su falta de oportunidades para utilizarlos como herramientas criminales. Aquí el menor no puede ser el único foco de reproche. La pregunta clave es bajo la orden de quién actuó. Quién le dio el arma. Quién le entregó las instrucciones. Eso debe investigarse con urgencia porque, si no se identifican los actores intelectuales, este proceso va a quedar incompleto y el menor de edad va a terminar siendo el chivo expiatorio de una estructura mucho más grande y poderosa”, agregó.

El penalista Cancino agrega que la legislación colombiana establece que, en un caso de estos, puede pensarse en el menor de edad como instrumentalizado y víctima del conflicto. Pero quiere dejar una idea clara: “Pero no vayan a salir ahora con que lo reclutó la guerrilla y esas cosas, porque el debate sería otro”. Para Bernate, por su parte, establece que “para la legislación colombiana, en materia de infancia y adolescencia, en un caso así podría considerarse que no es victimario, sino víctima. Como en los casos de conflicto armado. Y yo no creo que haya tenido una motivación directa de atentar contra Uribe Turbay”, concluyó.

De Carvalho concluye con la siguiente reflexión: “Lo más grave aquí no es solo que un menor dispare. Lo grave es que haya sido reclutado, manipulado o instrumentalizado por estructuras criminales ante la absoluta ausencia del Estado. Porque antes del disparo hubo omisión. Antes del arma, hubo abandono. Y antes del atentado, hubo un menor sin protección, sin oportunidades, sin futuro. Hay que juzgar al menor de edad. Pero también hay que rescatarlo. Si no lo hacemos, no solo habremos perdido al adolescente que empuñó el arma, sino también a los que hoy están en la mira de quienes reclutan, manipulan y matan usando manos jóvenes. Ese también es un deber del Estado. Y es inaplazable”.

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