“Queremos darle claridad a todo lo que pasa en la Justicia Penal Militar”: Fabio Espitia

Administrativamente hablando la justicia penal militar adquirió autonomía, pero en términos judiciales ¿qué cambia con la puesta en marcha de la Unidad?

En términos judiciales es qué cambiará, en futuro y solamente cambiará cuando se estructure todo el esquema para el sistema acusatorio que será el próximo año. Entonces, hoy no cambia nada, siguen una serie de investigaciones, todas por cuenta de jueces de instrucción. Lo que pasa es que eso es un mecanismo muy antiguo, entonces con razón se dice que esta es una justicia por allá escondida porque ¿quién le pide informes a un juez de instrucción? Cada vez que alguien le pide una información a un juez de instrucción él dice: “esto es autonomía judicial, no se me meta en mis procesos”.

Eso es propio de un sistema caduco. Entonces, cuando ya se implemente la figura del fiscal general en la Justicia Penal Militar será completamente diferente porque tendrá el control de todas las investigaciones que se adelanten en el país. (Lea también: Justicia Penal Militar será una unidad independiente del Ministerio de Defensa)

¿Eso quiere decir que cuando los procesos que se empiecen a Investigar bajo el sistema penal acusatorio, serán abiertos como en la justicia ordinaria?

A partir de ese momento ya todos los procesos serán de conocimiento público.

¿Cuánto se va a tardar la Unidad en organizar toda su estructura administrativa y judicial, cuándo va a empezar a operar con el sistema penal acusatorio?

La Unidad está creada, está el esqueleto. Durante este año empezamos a fortalecerla desde el punto de vista informático que es importantísimo para tener posibilidades de control en tiempo real de la actuación de los jueces y fiscales. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y el segundo punto va a ser armar todo el diseño para la intervención de la Fiscalía. La consolidación de la Unidad tiene que ser este año y la vamos a ir preparando para la adopción del sistema penal acusatorio que inicia el próximo año.

Ahora que serán independientes del Ministerio de Defensa ¿lo jueces seguirán siendo militares o se ha pensado en “civilizar” la Justicia Penal Militar?

No, Jamás. Eso no sería lógico porque en los operativos militares y policiales hay que conocer una cosa que se llama el derecho operacional y este lo conocen quienes hacen parte de las fuerzas, es apenas natural, eso no lo puede conocer un civil.

Entonces, la lógica es que sean militares, policías o algunos civiles que están todavía en la Justicia Penal Militar, pero que tienen conocimiento del diseño del esquema operacional. De otra forma sería imposible, no existiría el fuero penal militar que es tan importante en relación con todas las temáticas de los operativos que adelanta la fuerza pública persistentemente.

A propósito de fuero penal militar, en medio de las discusiones por violencia policial, uno de los puntos es desmilitarizar la Policía ¿usted cree que la Policía debería seguir teniendo fuero militar, pertenecer a la jurisdicción penal militar y ser juzgada por la Justicia Penal Militar?

Es una consideración que entra ya dentro del plano político e ideológico al cual no quisiera referirme. Lo único que digo es que en nuestra justicia, la labor de la Policía no es equiparable jamás con la de la policía de otros países. La labor de policía de otros países es fundamentalmente cívica de control de orden público, pero no se enfrentan a las situaciones en las que se ve abocada la policía en el Colombia.

La policía tiene que estar en operativos comunes con las fuerzas militares para desvertebrar grupos de criminalidad organizada y desde ese punto de vista tiene que reconsiderarse toda la temática de los fueros. El fuero de la Policía es un reflejo de nuestra situación y se explica y se explicará mientras existan las condiciones que actualmente tenemos.

La creación de la unidad era el paso que faltaba para que la Justicia Penal Militar empezara su transición al sistema penal acusatorio ¿Qué se sigue en el camino de la modernización de la entidad?

Primero, actualización informática. En este momento, tenemos sistemas de estadísticas en papel, tenemos los viejos libros de radicadores que se utilizaban en los años 60 en los juzgados, lo único que se ha actualizado es llevar la estadística a hojas Excel. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de contar con una evaluación diaria, permanente y en tiempo real de lo que hace la Justicia Penal Militar hoy? No.

Lo segundo, es empezar a prepararnos con el manejo de lo que van a ser las bodegas de evidencia, las salas de audiencia. Todo el diseño que se necesita para el nuevo sistema penal acusatorio.

A propósito de toda la logística para la implementación de ese nuevo sistema ¿Cuál va a ser la distribución de la Unidad en el territorio teniendo en cuenta las actividades militares en el territorio?

El mapa judicial será completamente diferente. Los criterios de competencia de la justicia ordinaria no se aplican para nada a la Justicia Penal Militar. Es decir, mientras los ellos necesitan unos pocos fiscales en Tumaco (Nariño) para las situaciones delictivas que se presentan, nosotros vamos a necesitar bastantes en la Justicia Penal Militar porque Tumaco es un centro de operaciones, lo mismo Buenaventura (Valle), Urabá y todos esos lugares donde tenemos grandes actividades y operativos policiales y militares.

Vamos a tener la necesidad de elaborar un diseño de un mapa judicial completamente diferente al que tiene la justicia ordinaria.

Hablando de territorios, para nadie es un secreto que la ciudadanía tiene un problema de confianza con la entidad ¿Cómo piensa darle legitimidad a la Justicia Penal Militar, que para la mayoría de colombianos equivale a impunidad?

La legitimidad de este nuevo sistema se va a dar en el sentido de que vamos a tener un fiscal general que responda por todas las investigaciones, porque va a tener la capacidad de entrar directamente a las actuaciones de cada una de sus instancias, como sucede con la Fiscalía General de la Nación.

Y segundo, la publicidad porque todas las decisiones van a ser objeto de control y en las audiencias públicas va a existir un control judicial.

Hablando de legitimidad, algunas organizaciones como HRW pidieron que el proceso de Dilan Cruz se adelante en la justicia ordinaria porque en la castrense “no se garantizan las investigaciones imparciales” ¿Qué qué piensa sobre esto?

No quisiera hacer mención de ningún caso particular porque tengo una labor fundamentalmente de gestión de un diseño administrativo, entonces no quisiera entrar a terciar en un caso en concreto. Lo que sí puedo decir es que a hoy la autoridad que competente para decidir, que era la Sala Disciplinaria (que ya desapareció) Consejo Superior de la Judicatura, adscribió la competencia a la Justicia Penal Militar. Eso es un hecho que hay que respetar, una decisión judicial.

Segundo, que hemos estado muy pendientes de que el juez del caso tome la decisión respectiva en esa situación y yo auguro que eso se haga dentro de muy poco teniendo en cuenta, además, que con este viejo sistema lo que más demora es que, tanto la defensa, como la parte civil piden muchas pruebas y de una u otra forma hay que tener en cuenta las solicitudes de los sujetos procesales Entonces, no es que en ese caso no se ha trabajado, se ha trabajado muchísimo, pero los abogados solicitan medios de prueba y los jueces tienen que resolver las solicitudes.

El año pasado también hubo una queja de organizaciones sociales que aseguraron que la Justicia Penal Militar no le había entregado a la JEP ningún informe sobre sus actividades a pesar de que se trata de una obligación pactada en el Acuerdo de Paz ¿eso es cierto y usted ha hecho algo al respecto?

Yo llegué y encontré más de 1.200 solicitudes sin resolver. De esas, aproximadamente mil eran de la JEP. A la fecha, no solamente se han tramitado todas esas, sino que se tramitaron también las que han llegado en los últimos meses y solo tenemos pendientes las solicitudes del mes de marzo de este año. O sea que el intercambio de informaciones con la JEP ha sido completo. Hoy, a pesar de la penuria que tenemos en materia de sistemas, las respuestas están al día.

Otro episodio en el que se cuestionó a la Justicia Penal Militar fue el de los falsos positivos. La plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (que agrupa a 285 organizaciones) sociales dijo que en la en la justicia castrense hay un subregistro de casos de ejecuciones extrajudiciales que no han sido reportados como tal ¿Qué puede decir sobre esto?

Con base en una estadística tan deficiente como la que tenemos, no podríamos hacer ninguna aseveración de esas, ni a favor, ni en contra. Pero sí habría la posibilidad de que efectivamente se cuestionase la eventual forma de subregistro.

En estos momentos, con la actualización que vamos a hacer y con el acompañamiento de la Procuraduría, tendremos unos datos mucho más confiables de forma tal que si hay subregistro y si efectivamente hay una situación de actos de este tipo, se establecerán las sanciones disciplinarias y penales que correspondan. Tenemos el interés de darle publicidad y claridad a todo lo que pasa en la Justicia Penal Militar porque eso le da legitimidad.

¿Y qué piensa sobre la propuesta de Iván Cepeda para reformar la Justicia Penal Militar? Él plantea que los casos de violaciones a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) sean juzgados por la justicia ordinaria y que los delitos cometidos por la policía sean de conocimiento de la justicia ordinaria.

No me atrevería a opinar porque no quiero entrar en discusiones en relación con proyectos parlamentarios, yo de política soy absolutamente ignorante y me gusta serlo. (Lea también: ¿Hora de reformar la justicia militar? Un debate que levanta roncha)

Luego de nueve meses de gestión al frente de la Justicia Penal Militar, ¿cuál es su balance y sus proyecciones?

Encontré un sistema de justicia obsoleto, serias deficiencias en manejo de información, que es lo que estamos tratando de corregir y que había muy poco avance para la implementación del sistema penal acusatorio. Pienso que ese es el trabajo que se tiene que hacer este año y el siguiente, entonces mi proyección es trabajar de lleno en eso.

Administrativamente hablando la justicia penal militar adquirió autonomía, pero en términos judiciales ¿qué cambia con la puesta en marcha de la Unidad?

En términos judiciales es qué cambiará, en futuro y solamente cambiará cuando se estructure todo el esquema para el sistema acusatorio que será el próximo año. Entonces, hoy no cambia nada, siguen una serie de investigaciones, todas por cuenta de jueces de instrucción. Lo que pasa es que eso es un mecanismo muy antiguo, entonces con razón se dice que esta es una justicia por allá escondida porque ¿quién le pide informes a un juez de instrucción? Cada vez que alguien le pide una información a un juez de instrucción él dice: “esto es autonomía judicial, no se me meta en mis procesos”.

Eso es propio de un sistema caduco. Entonces, cuando ya se implemente la figura del fiscal general en la Justicia Penal Militar será completamente diferente porque tendrá el control de todas las investigaciones que se adelanten en el país. (Lea también: Justicia Penal Militar será una unidad independiente del Ministerio de Defensa)

¿Eso quiere decir que cuando los procesos que se empiecen a Investigar bajo el sistema penal acusatorio, serán abiertos como en la justicia ordinaria?

A partir de ese momento ya todos los procesos serán de conocimiento público.

¿Cuánto se va a tardar la Unidad en organizar toda su estructura administrativa y judicial, cuándo va a empezar a operar con el sistema penal acusatorio?

La Unidad está creada, está el esqueleto. Durante este año empezamos a fortalecerla desde el punto de vista informático que es importantísimo para tener posibilidades de control en tiempo real de la actuación de los jueces y fiscales. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y el segundo punto va a ser armar todo el diseño para la intervención de la Fiscalía. La consolidación de la Unidad tiene que ser este año y la vamos a ir preparando para la adopción del sistema penal acusatorio que inicia el próximo año.

Ahora que serán independientes del Ministerio de Defensa ¿lo jueces seguirán siendo militares o se ha pensado en “civilizar” la Justicia Penal Militar?

No, Jamás. Eso no sería lógico porque en los operativos militares y policiales hay que conocer una cosa que se llama el derecho operacional y este lo conocen quienes hacen parte de las fuerzas, es apenas natural, eso no lo puede conocer un civil.

Entonces, la lógica es que sean militares, policías o algunos civiles que están todavía en la Justicia Penal Militar, pero que tienen conocimiento del diseño del esquema operacional. De otra forma sería imposible, no existiría el fuero penal militar que es tan importante en relación con todas las temáticas de los operativos que adelanta la fuerza pública persistentemente.

A propósito de fuero penal militar, en medio de las discusiones por violencia policial, uno de los puntos es desmilitarizar la Policía ¿usted cree que la Policía debería seguir teniendo fuero militar, pertenecer a la jurisdicción penal militar y ser juzgada por la Justicia Penal Militar?

Es una consideración que entra ya dentro del plano político e ideológico al cual no quisiera referirme. Lo único que digo es que en nuestra justicia, la labor de la Policía no es equiparable jamás con la de la policía de otros países. La labor de policía de otros países es fundamentalmente cívica de control de orden público, pero no se enfrentan a las situaciones en las que se ve abocada la policía en el Colombia.

La policía tiene que estar en operativos comunes con las fuerzas militares para desvertebrar grupos de criminalidad organizada y desde ese punto de vista tiene que reconsiderarse toda la temática de los fueros. El fuero de la Policía es un reflejo de nuestra situación y se explica y se explicará mientras existan las condiciones que actualmente tenemos.

La creación de la unidad era el paso que faltaba para que la Justicia Penal Militar empezara su transición al sistema penal acusatorio ¿Qué se sigue en el camino de la modernización de la entidad?

Primero, actualización informática. En este momento, tenemos sistemas de estadísticas en papel, tenemos los viejos libros de radicadores que se utilizaban en los años 60 en los juzgados, lo único que se ha actualizado es llevar la estadística a hojas Excel. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de contar con una evaluación diaria, permanente y en tiempo real de lo que hace la Justicia Penal Militar hoy? No.

Lo segundo, es empezar a prepararnos con el manejo de lo que van a ser las bodegas de evidencia, las salas de audiencia. Todo el diseño que se necesita para el nuevo sistema penal acusatorio.

A propósito de toda la logística para la implementación de ese nuevo sistema ¿Cuál va a ser la distribución de la Unidad en el territorio teniendo en cuenta las actividades militares en el territorio?

El mapa judicial será completamente diferente. Los criterios de competencia de la justicia ordinaria no se aplican para nada a la Justicia Penal Militar. Es decir, mientras los ellos necesitan unos pocos fiscales en Tumaco (Nariño) para las situaciones delictivas que se presentan, nosotros vamos a necesitar bastantes en la Justicia Penal Militar porque Tumaco es un centro de operaciones, lo mismo Buenaventura (Valle), Urabá y todos esos lugares donde tenemos grandes actividades y operativos policiales y militares.

Vamos a tener la necesidad de elaborar un diseño de un mapa judicial completamente diferente al que tiene la justicia ordinaria.

Hablando de territorios, para nadie es un secreto que la ciudadanía tiene un problema de confianza con la entidad ¿Cómo piensa darle legitimidad a la Justicia Penal Militar, que para la mayoría de colombianos equivale a impunidad?

La legitimidad de este nuevo sistema se va a dar en el sentido de que vamos a tener un fiscal general que responda por todas las investigaciones, porque va a tener la capacidad de entrar directamente a las actuaciones de cada una de sus instancias, como sucede con la Fiscalía General de la Nación.

Y segundo, la publicidad porque todas las decisiones van a ser objeto de control y en las audiencias públicas va a existir un control judicial.

Hablando de legitimidad, algunas organizaciones como HRW pidieron que el proceso de Dilan Cruz se adelante en la justicia ordinaria porque en la castrense “no se garantizan las investigaciones imparciales” ¿Qué qué piensa sobre esto?

No quisiera hacer mención de ningún caso particular porque tengo una labor fundamentalmente de gestión de un diseño administrativo, entonces no quisiera entrar a terciar en un caso en concreto. Lo que sí puedo decir es que a hoy la autoridad que competente para decidir, que era la Sala Disciplinaria (que ya desapareció) Consejo Superior de la Judicatura, adscribió la competencia a la Justicia Penal Militar. Eso es un hecho que hay que respetar, una decisión judicial.

Segundo, que hemos estado muy pendientes de que el juez del caso tome la decisión respectiva en esa situación y yo auguro que eso se haga dentro de muy poco teniendo en cuenta, además, que con este viejo sistema lo que más demora es que, tanto la defensa, como la parte civil piden muchas pruebas y de una u otra forma hay que tener en cuenta las solicitudes de los sujetos procesales Entonces, no es que en ese caso no se ha trabajado, se ha trabajado muchísimo, pero los abogados solicitan medios de prueba y los jueces tienen que resolver las solicitudes.

El año pasado también hubo una queja de organizaciones sociales que aseguraron que la Justicia Penal Militar no le había entregado a la JEP ningún informe sobre sus actividades a pesar de que se trata de una obligación pactada en el Acuerdo de Paz ¿eso es cierto y usted ha hecho algo al respecto?

Yo llegué y encontré más de 1.200 solicitudes sin resolver. De esas, aproximadamente mil eran de la JEP. A la fecha, no solamente se han tramitado todas esas, sino que se tramitaron también las que han llegado en los últimos meses y solo tenemos pendientes las solicitudes del mes de marzo de este año. O sea que el intercambio de informaciones con la JEP ha sido completo. Hoy, a pesar de la penuria que tenemos en materia de sistemas, las respuestas están al día.

Otro episodio en el que se cuestionó a la Justicia Penal Militar fue el de los falsos positivos. La plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (que agrupa a 285 organizaciones) sociales dijo que en la en la justicia castrense hay un subregistro de casos de ejecuciones extrajudiciales que no han sido reportados como tal ¿Qué puede decir sobre esto?

Con base en una estadística tan deficiente como la que tenemos, no podríamos hacer ninguna aseveración de esas, ni a favor, ni en contra. Pero sí habría la posibilidad de que efectivamente se cuestionase la eventual forma de subregistro.

En estos momentos, con la actualización que vamos a hacer y con el acompañamiento de la Procuraduría, tendremos unos datos mucho más confiables de forma tal que si hay subregistro y si efectivamente hay una situación de actos de este tipo, se establecerán las sanciones disciplinarias y penales que correspondan. Tenemos el interés de darle publicidad y claridad a todo lo que pasa en la Justicia Penal Militar porque eso le da legitimidad.

¿Y qué piensa sobre la propuesta de Iván Cepeda para reformar la Justicia Penal Militar? Él plantea que los casos de violaciones a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) sean juzgados por la justicia ordinaria y que los delitos cometidos por la policía sean de conocimiento de la justicia ordinaria.

No me atrevería a opinar porque no quiero entrar en discusiones en relación con proyectos parlamentarios, yo de política soy absolutamente ignorante y me gusta serlo. (Lea también: ¿Hora de reformar la justicia militar? Un debate que levanta roncha)

Luego de nueve meses de gestión al frente de la Justicia Penal Militar, ¿cuál es su balance y sus proyecciones?

Encontré un sistema de justicia obsoleto, serias deficiencias en manejo de información, que es lo que estamos tratando de corregir y que había muy poco avance para la implementación del sistema penal acusatorio. Pienso que ese es el trabajo que se tiene que hacer este año y el siguiente, entonces mi proyección es trabajar de lleno en eso.