Queremos que las empresas sean sometidas a la justicia penal: procurador Fernando Carrillo

El cambio en las estrategias para luchar contra la corrupción en el país ha sido uno de los proyectos más importantes desde que Fernando Carrillo llegó a dirigir la Procuraduría. Para seguir ahondando esfuerzos en esta materia, el Procurador General explicó, a la salida del Congreso "Con el lavado de activos, cero tolerancia", que para el próximo 20 de julio presentará un proyecto de ley con dos objetivos.

El primero de ellos es que a las empresas y sociedades involucradas en casos de corrupción, lavado de activos cualquiera otra actividad ilegal, puedan ser perseguidos por la justicia penal y no solo por la administrativa. Para Carrillo, se trata de una iniciativa trascendental para el país y para sus esfuerzos para frenar la corrupción.

 “La lección de lo que ha pasado en Colombia durante los últimos meses es la necesidad por un lado de incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Actualmente, las sociedades no son responsables y eso implica que se dé una especie de velo corporativo, una sombra que queda en relación de quiénes están detrás de las actuaciones ilícitas”, explicó el Procurador.

Si se aplica esta responsabilidad penal, agregó Carrillo, será mucho más claro quiénes son los responsables “y podremos sancionar no solo a los directivos, sino a las sociedades mismas”. El segundo punto clave del proyecto de ley que ya trabaja la Procuraduría es lograr que el financiamiento ilegal de campañas políticas sea reconocido como un delito penal.

Carrillo recordó que esta ha sido una actuación que recientemente han tomado países como España. “no puede seguir pasando lo que estamos viviendo en Colombia donde este financiamiento es simplemente una falta de carácter administrativo. Queremos que sea perseguible y sometida a la justicia penal”, aclaró Carrillo.

El cambio en las estrategias para luchar contra la corrupción en el país ha sido uno de los proyectos más importantes desde que Fernando Carrillo llegó a dirigir la Procuraduría. Para seguir ahondando esfuerzos en esta materia, el Procurador General explicó, a la salida del Congreso "Con el lavado de activos, cero tolerancia", que para el próximo 20 de julio presentará un proyecto de ley con dos objetivos.

El primero de ellos es que a las empresas y sociedades involucradas en casos de corrupción, lavado de activos cualquiera otra actividad ilegal, puedan ser perseguidos por la justicia penal y no solo por la administrativa. Para Carrillo, se trata de una iniciativa trascendental para el país y para sus esfuerzos para frenar la corrupción.

 “La lección de lo que ha pasado en Colombia durante los últimos meses es la necesidad por un lado de incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Actualmente, las sociedades no son responsables y eso implica que se dé una especie de velo corporativo, una sombra que queda en relación de quiénes están detrás de las actuaciones ilícitas”, explicó el Procurador.

Si se aplica esta responsabilidad penal, agregó Carrillo, será mucho más claro quiénes son los responsables “y podremos sancionar no solo a los directivos, sino a las sociedades mismas”. El segundo punto clave del proyecto de ley que ya trabaja la Procuraduría es lograr que el financiamiento ilegal de campañas políticas sea reconocido como un delito penal.

Carrillo recordó que esta ha sido una actuación que recientemente han tomado países como España. “no puede seguir pasando lo que estamos viviendo en Colombia donde este financiamiento es simplemente una falta de carácter administrativo. Queremos que sea perseguible y sometida a la justicia penal”, aclaró Carrillo.