¿Quién es quién en el reactivado caso Cemex?

Carlos Jacks Chavarría, expresidente de Cemex Colombia (izquierda); Eugenio Correa Díaz, supuesto intermediario en el negocio (centro); Planta en Maceo, Antioquia, cuyo sitio de operaciones está envuelto en un escándalo de corrupción (derecha).

Foto: Archivo El Espectador

En 2016, el mexicano Carlos Jacks Chavarría renunció a la dirección de Cemex Colombia, luego de 24 años vinculado a una de las empresas cementeras más reconocidas del mundo. Su salida y la de otros altos funcionarios representó, desde entonces, un caso de corrupción que significó perdidas a la empresa por $42.000 millones. Un irregular negocio con el cual la empresa buscó alzar su segunda planta más para producir cemento en el mundo. Los únicos frutos del proyecto en Maceo (Antioquia), sin embargo, han sido distintos procesos judiciales, pues la adquisición del predio se gestionó cuando estaba en pleno proceso de extinción de dominio.

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Lo último que se sabe del caso Cemex es la imputación contra Jacks Chavarría, contra quien inició un proceso penal por los delitos de administración desleal y enriquecimiento ilícito. Ocho años después del escándalo, la Fiscalía entregó la hipótesis de que Jacks Chavarría conocía de los documentos que se necesitaron para comprar cuatro activos de la empresa CI Calizas y Minerales S.A., la cual era dueña del predio que finalmente fue extinguido. Para sustentar su posición, el ente investigador enseñó documentos y correos electrónicos, relacionados con el negocio, en los cuales la firma del mexicano quedó plasmada. ¿Quiénes más han resultado mencionados? Aquí le contamos.

José Aldemar Moncada, el inicio

De acuerdo con la DIAN, en octubre de 2012, José Aldemar Moncada suscribió una cesión por la totalidad de los derechos mineros de una empresa que estaba a su nombre: CI Calizas y Minerales SA. El acuerdo se hizo a favor de Cemex Colombia S.A, la cual meses después logró alquilar el predio conocido como finca Monterrey, entre los municipios de Maceo y Yolombo (Antioquia). Unos terrenos que antes habían pertenecido a la mafia y que estaban por ser secuestrados por la Fiscalía. Y cuyo avalúo catastral marcaba solo $41 millones, lo cual fue definido por la DIAN como “irrisorio”. Allí está en marcha la construcción de la planta pretendida por Cemex.

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José Aldemar Moncada ya era un viejo conocido de la justicia nacional, pues en junio de 2013 fue condenado por el llamado cartel de las devoluciones de la DIAN. Fue sentenciado por defraudar al Estado por más de $200.000 millones, tras gestionar la creación de empresas, en 2008, que recaudaron grandes sumas de dinero a través del recobro ilegal del IVA. Se hacían pasar por exportadores, por lo cual lograban beneficios con las autoridades aduaneras. Fue asesinado en 2016, en una pizzería en Envigado (Antioquia).

Camilo González Téllez, el ventilador

La Fiscalía mencionó en la imputación contra Jacks Chavarría a uno de sus hombres clave: Camilo González Téllez, exvicepresidente jurídico de Cemex. Se trata del primer y único condenado por el escándalo de corrupción, quien en 2019 firmó un preacuerdo para revelar la información relevante sobre el caso. Esa decisión lo benefició con una condena a 32 meses de prisión, la cual purgó bajo libertad condicional. González Téllez se ha mantenido en la posición de que el empresario mexicano, su antiguo jefe directo, habría impulsado la iniciativa de comprar los cuatro activos del asesinado Moncada, que costaron alrededor de $42.000 millones.

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González Téllez fue condenado por el delito de administración desleal, en calidad de cómplice. Admitió, ante el Juzgado Quinto Penal de Bogotá, que él sabía de antemano que los lotes que Cemex quería en Antioquia estaban en un proceso de extinción de dominio. En el acta de preacuerdo quedó registrado que “en un intento de darle apariencia de legalidad y de salvar parte de los activos afectados (…) se falsificaron dos contratos con tales fines, con supuesta presentación ante la Notaría Primera del Círculo de Bello, Antioquia”.

Eugenio Correa Díaz, el supuesto intermediario

El abogado Jaime Granados, quien representa a Cemex, ha alertado por la presencia de un tercero en las negociaciones para arrendar el predio. Se trata de Eugenio Correa Díaz, antiguo representante de la empresa CI Calizas, a quien se le atribuye la recepción de un buen dinero para gestionar el trato entre la empresa y Moncada. “La gran sorpresa en esta negociación fue que se le pagó a un tercero, ajeno a la compañía, a un señor que se llama Eugenio Correa, varios giros cuyo monto asciende a los US$ 20,6 millones”, explicó Granados en 2016.

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De acuerdo con el penalista, esos desembolsos nunca habrían sido informadas a los superiores. A Correa Díaz se le conoce en la región antioqueña como un hombre de negocios, no obstante, la Fiscalía cuenta con registros que no lo favorecen. Por ejemplo, en octubre de 2011 fue denunciado por la multinacional Mckinsey & Company Colombia Inc., porque según el expediente se hizo pasar como funcionario y consultor de esa banca de inversión. Se sabe que permanece en Estados Unidos, desde donde ha dado señales de conciliar con la justicia colombiana, la cual ordenó en su contra una medida de aseguramiento.

Edgar Ramírez Martínez, otro que pide la palabra

Para la fecha del escándalo, Edgar Ramírez Martínez era el vicepresidente de Planeación de Cemex Colombia. En 2019, la Fiscalía lo llamó a juicio penal, pues habría suscrito otrosíes que permitieron desembolsos irregulares por hasta US$ 3 millones. Según registros y testimonios recaudados por la auditoría de Cemex, fue quien se contactó con Eugenio Correa Díaz para acordar la cesión del predio en Maceo. Incluso, que habría gestionado los pagos que autorizaba el representante legal Camilo Gonzáles Téllez.

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Está prófugo de la justicia colombiana y desde hace años habla con agencias estadounidenses, intentado que lo acepten como testigo protegido en contra del Cemex. Ha presentado ante la Fiscalía colombiana solicitudes de cooperación, pero las mismas hasta la fecha han sido negadas. Alcanzó a hablar, según Blu Radio, sobre supuestos contratos ficticios de la cementera que habrían servido para financiar campañas políticas. Lo cierto es que la Fiscalía lo vincula con el pago de $42.000 millones por parte de Cemex, con el objetivo de favorecer a terceros (Correa Díaz) y quedarse él mismo con una tajada, con la cual habría comprado un apartamento.

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