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Sigue la polémica por la reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura en contra de 23 jefes de bandas criminales que delinquen en Medellín y el Valle de Aburrá, pero que están sentados negociando con el gobierno del presidente Gustavo Petro en la mesa de paz urbana que se adelanta en la capital de Antioquia.
La noticia se conoció el pasado 31 de marzo, cuando la Fiscalía emitió una resolución con la que le daba respuesta a una solicitud hecha en febrero pasado desde la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, para que levantara las órdenes de captura de quienes han sido reconocidos como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).
La decisión cubre a estas personas por un período inicial de tres meses. Pero, según aclaró la Fiscalía, no contempla la libertad de las personas que están en centros carcelarios por cuenta de “condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”, sino de un juez de la República.
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“La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (Antioquia), zonas donde se realizarán los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia”, señaló la Fiscalía.
La decisión no fue bien recibida por distintos sectores, especialmente los opositores del gobierno Petro. Entre ellos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Este último anunció que presentarán una acción de nulidad la próxima semana para dejar sin efectos el beneficio a favor de estos 23 jefes criminales.
Esta orden se conoció también justo en medio de la discusión por la postura de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre otros casos similares como el de integrantes de las disidencias de alias “Calarcá Córdoba”. En una entrevista reciente con El Espectador, la jefa del búnker dijo que su caso “es demasiado grave como para seguir en una mesa de conversación”.
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¿Quiénes son los jefes de las bandas amparados por la orden?
Son 23 los jefes de bandas criminales cobijados en principio por esta medida. Sus nombres no solo son conocidos por dirigir estructuras al margen de la ley señaladas por las autoridades regionales como las dinamizadoras de algunas de las actividades ilegales como la extorsión y el tráfico de drogas. También sonaron cuando el 21 de junio de 2025 fueron llevados a plaza pública en un evento del Gobierno Nacional.
Entre ellos está Jesús David Hernández Grisales, alias “Chaparro”, capturado en 2011 y condenado por su responsabilidad en extorsiones, asesinatos y envíos de droga al extranjero. Fue condenado mediante preacuerdo a 46 años de prisión, tras haber aceptado su responsabilidad en las desapariciones forzadas de cuatro personas, incluidas una mujer y dos menores de edad.
También aparece en la lista José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”, uno de los jefes más conocidos de la banda criminal La Terraza, vinculada al sicariato, la extorsión y que, según ha podido determinar la justicia, funcionaba a modo de estructura urbana de grupos paramilitares. Actualmente, paga una condena por el secuestro de una mujer, ocurrido en 2008 en la ciudad de Barranquilla.
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Alias “Carlos Pesebre”, cuyo nombre real es Freyner Alfonso Ramírez García, es otro de los jefes de bandas amparados por la medida de la Fiscalía. Su nombre está vinculado al control de las bandas de las comunas 7 y 13 de Medellín. Paga una condena de 36 años de prisión por cuenta de un asesinato atribuido a la estructura paramilitar conocida como Los Urabeños. Hace poco dijo que dejaría la mesa de paz, pero quedó dentro de la orden de la Fiscalía.
Del grupo de personas que estuvieron en el sonado “tarimazo” en Medellín, en el que participaron el presidente Petro y algunos integrantes de su gabinete, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias “Vallejo”. Este hombre paga una condena por el delito de concierto para delinquir y en el evento de junio de 2025 tomó la vocería de los jefes de las bandas criminales para hablar durante el evento.
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Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, y Sebastián Murillo Echeverri, alias “Lindolfo”. Son otros de los dos nombres conocidos de esa mesa de paz urbana, amparados por la orden de la Fiscalía. El primero es un jefe de la banda Los Chatas y cercano a John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, uno de los antiguos hombres del cartel de Medellín. Contra “Lindolfo”, por su parte, pesa una condena por el delito de concierto para delinquir.
Por ahora, la decisión de la Fiscalía está vigente. Desde la oficina del Consejero Comisionado de Paz se pronunciaron argumentando que con ella se “busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias”. Sin embargo, la acción de nulidad que anunció la Gobernación de Antioquia tendrá que ser evaluada, al tiempo que avanza la negociación de paz en la recta final del gobierno.
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