Radio de la Fuerza Pública: el “arma de guerra” que opaca las emisoras comunitarias

Sede de Colombia Estéreo, del Ejército, en Duitama (Boyacá).

Foto: Ejército

“Uno escuchaba esa emisora 30 minutos y le daban ganas de desmovilizarse, sin ser guerrillero”. Así les respondió un ciudadano a investigadores de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), cuando le preguntaron por la única emisora disponible en Uribe (Meta): la del Ejército. El entrevistado, cuyo nombre omitió la Fundación, hizo énfasis en cómo la intención de la fuerza pública en desmovilizar a guerrilleros genera un ambiente de guerra en el municipio, siendo la única fuente de información por medio radial.

Lea: Rafael Moreno: las denuncias de una voz crítica de Córdoba que callaron las balas

Como lo describe la FLIP en su informe “La radio de la Fuerza Pública: un monopolio que debilita la democracia”, las emisoras de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, están en cada rincón de Colombia. Aprovechando una presencia privilegiada en el marco de las emisoras de “interés público”, han desplegado históricamente la propaganda y métodos de guerra de los gobiernos de turno. A la par, las emisoras comunitarias han perdido fuerza ante estaciones que cuentan con el músculo financiero del Estado y que ha sido utilizadas, en palabras de la Fundación, como “arma” por los máximos mandatarios.

Colombia es un país de radio. Para sostener esa frase hay que preguntarle al Ministerio de las Comunicaciones, que desde 2017 reporta que las ondas zonas alcanzan el 99,1% de la población, en 1083 municipios. Internet, por ejemplo, solo llega al 56% de los hogares. Entre los tipos de emisoras están las de interés público, que se supone son para “satisfacer las necesidades de comunicación del Estado con sus ciudadanos”. La FLIP denuncia un monopolio, dado que de las 328 que siguen este modelo, 150 están en manos de la Fuerza Pública.

Lea también: FLIP demanda al Estado por asesinato de periodista Abelardo Liz

“La progresiva creación de radios de la fuerza pública al alero de la evolución del conflicto y su instrumentalización para la guerra ha transgredido el principio constitucional que obliga al Estado a velar por el pluralismo informativo y evitar el monopolio o concentración de los medios, asegurando un acceso equitativo al espectro electromagnético”, señaló la FLIP en su informe.

Echar mano de la sociedad civil

Aparte del monopolio sobre las emisoras de interés público, la FLIP describe como desde los noventa, cuando el Ejército y la Policía lanzaron su red de emisoras por primera vez, la Fuerza Pública enfocó a la sociedad civil en sus contenidos. Por ejemplo, se les invitó a informar y revelar los nombres de quienes ponían en peligro las “instituciones democráticas” o la “convivencia pacífica”. ¿El resultado? Se propagó la tensión del conflicto a las comunidades y se creó dentro de estas un ambiente de desconfianza.

Los mensajes, tiempo después, se materializaban en capturas contra campesinos inocentes que eran señalados de guerrilleros. Se denuncia a las emisoras móviles tácticas del Ejército, que entre sus objetivos tiene “fomentar la participación de la población civil con las unidades”. Desconociendo, como lo explica la FLIP, que los colaboradores pueden terminar poniéndose un blanco en el pecho en zonas de conflicto.

Le puede interesar: Policía y Fiscalía ignoraron al periodista Edison Molina antes de su asesinato

“Vale la pena rememorar la inclusión de saludos del Ejército a miembros de la comunidad Nasa a través de su emisora, lo que llevó a que se confundiera a los civiles con simpatizantes de una de las partes en conflicto. La Corte Constitucional ordenó al Ejército excluir de su programación esas menciones públicas radiales, por considerar que, como adujeron los demandantes, la mención explícita de miembros de la población civil dentro de la programación de la emisora transgredió el principio de distinción y precaución del Derecho Internacional Humanitario”, citó la FLIP con respecto a una sentencia de 2013.

La propaganda del día a día

La FLIP, además, ha documentado cómo la Fuerza Pública utilizó la radio para mejorar su imagen institucional. Durante décadas ha buscado contrarrestar la propaganda de las guerrillas y las denuncias por malas prácticas y graves conductas como la participación en masacres, la confrontación con civiles y los asesinatos de inocentes presentados como bajas en combate, denominados “falsos positivos”.

Asimismo, la radio fue pieza clave para darle legitimidad al Plan Colombia iniciado por el expresidente Andrés Pastrana, el Plan Patriota durante la época del Álvaro Uribe, la Doctrina Damasco para ambientar el Acuerdo de Paz en la administración de Juan Manuel Santos y, finalmente, en el Plan Bicentenario Héroes de la Libertad del gobierno del expresidente Iván Duque. Se destaca la utilización del medio para fortalecer el proyecto de Seguridad Democrática de Uribe, en el cual se difundían piezas en las que el militar era catalogado como héroe y salvador de la Patria.

¿Y las emisoras comunitarias?

La Fuerza Pública tiene presencia radial en todo el país y entre entidades se cubren los vacíos. Por ejemplo, ante la ausencia del Ejército en cuatro departamentos (Atlántico, Sucre, Caldas y Quindío), la Policía cuenta con sus respectivas emisoras. De hecho, solo en Cundinamarca esta institución no tiene presencial radial y en Boyacá tiene tres emisoras distintas. Tener licencia de “interés público” ha sido una bendición para las entidades, dado que alcanzan un radio de entre 50 y 500 kilómetros. En contraste, las emisoras comunitarias, a pesar de ser 770 en todo el país, solo llegan a rangos de uno a dos kilómetros.

Lea también: FLIP radica desacato contra Juan Pablo Bieri: no rectificó sus falsas acusaciones

“Esta configuración del sistema radial amplía el alcance del discurso del Estado, pero al mismo tiempo restringe el acceso a información plural y diversa. El efecto es una reducción sustancial al derecho de las comunidades a ejercer la libertad de expresión y a ser informadas e informar libremente. La FLIP ha conocido casos en los que emisoras de la fuerza pública venden pauta publicitaria (a muy bajo costo) a pesar de la restricción legal. Esto, además de ilegal, le impide asegurar su sostenibilidad a los medios comunitarios que, en buena parte, sobreviven por la pauta que venden”, explicó la Fundación.

Al final, la FLIP recomendó al gobierno del presidente Gustavo Petro revisar la naturaleza y la clasificación de la radio de la Fuerza Pública. Explicó que, según el sistema de clasificación de la Unesco, las radios de interés público y las comunitarias no tienen diferencia alguna, por lo cual deben acceder a los mismos espacios y tener la misma potencia. Asimismo, esperan que el proyecto de “paz total” también toque las puertas de las emisoras, para tener cada vez menos discursos de guerra, y más contenidos sobre procesos de memoria y verdad, que no aviven la polarización y sí ayuden a que se entable el diálogo social.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.