El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia del pasado 10 de agosto ha dejado más de 180 fallecidos, 1.595 heridos y 195 desaparecidos en cinco ciudades con alerta roja. Además, hay 1.136 viviendas destruidas, 8.357 viviendas averiadas y 35 centro de salud afectados. Para sumarse a la atención de la emergencia, la rama judicial y organismos de control se unieron para ayudar a los más afectados.
A través de un comunicado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Registraduría y la Fundación Pro-Obras Sociales de Justicia solicitaron a sus servidores y servidoras apoyo para las familias damnificadas.
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En ese contexto, solicitaron que quienes puedan y quieran hacerlo, donar voluntariamente un día de salario como una muestra de solidaridad. “Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio, o en un primer paso para comenzar de nuevo”, señalaron.
Mediante el comunicado, la rama judicial detalló que los funcionarios que deseen aportar podrán hacerlo a través de un formato de autorización de descuento ante su respectiva entidad del pago del mes de agosto. Todo lo recaudado será entregado por las entidades los primeros días de septiembre a las regiones más afectadas.
“Estamos ante una grave emergencia y la necesidad urgente de llevar ayudas a las víctimas en diferentes municipios del país”, señaló la rama judicial, junto con los organismos de control.
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