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Felipe Alzate Gómez, abogado de Andrea Valdés Contreras, interpuso una acción de tutela contra el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, señalando una demora injustificada en la respuesta a una solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento carcelaria por detención domiciliaria en favor de su defendida. Valdés Contreras es la mujer que denunció a ser víctima de una doble violación por parte de guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la cárcel El Pedregal de Medellín (Antioquia).
De acuerdo con el recurso, la falta de trámite oportuno por parte del juzgado vulnera los derechos fundamentales de su clienta, incluyendo su integridad personal, dignidad humana, salud, acceso a la justicia y debido proceso. La situación se agrava, según el abogado, debido a que Valdés Contreras se encuentra en estado de gestación como resultado de los presuntos abuso sexuales cometidos por dos dragoneantes.
La defensa advierte que la reclusa ha sido objeto de amenazas de muerte tras denunciar estos hechos ante la Fiscalía. Según el abogado Alzate, Valdés Contreras sufrió agresiones sexuales, actos de tortura y discriminación dentro del establecimiento carcelario El Pedregal y, aunque ya fue traslada a El Buen Pastor en Bogotá, señaló que corre riesgo de sufrir nuevas vulneraciones a su integridad, incluyendo intentos de interrumpir su embarazo sin su consentimiento.
El abogado subraya que la privación de la libertad no puede derivar en la pérdida de garantías mínimas de dignidad humana, especialmente tratándose de una mujer en estado de gestación, cuya protección está respaldada por la legislación nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Lea: Las fallas del sistema penitenciario en caso de violación en cárcel de El Pedregal
La solicitud de cambio de medida de aseguramiento fue radicada el pasado 4 de marzo, sin que hasta la fecha el juzgado haya emitido respuesta. Alzate Gómez enfatiza que la inactividad de la autoridad judicial mantiene a su defendida bajo el control de la misma institución que, según la denuncia, vulneró sus derechos, lo que representa un riesgo inminente para su seguridad y la de su hijo por nacer.
La denuncia de abusos en El Pedregal
La reclusa Andrea Esperanza Valdez Contreras, de 30 años, denunció ser víctima de violación en dos ocasiones por funcionarios del Inpec y que, tras quedar en embarazo por los abusos, intentaron hacerla abortar sin su consentimiento. Según su testimonio, la primera agresión ocurrió la noche del 29 de agosto de 2024, cuando un hombre sin chaqueta ingresó a su celda y la atacó sexualmente. A pesar de sus gritos, fue silenciada con amenazas de muerte.
Una semana después, el 5 de septiembre, habría sido víctima de una segunda violación por otro guardián, quien la sometió con violencia y la insultó reiteradamente. Los presuntos abusadores serían los dragoneantes Cristian Camilo Torres y Diego Stiven Castaño. El caso cobró mayor gravedad cuando Valdez perdió el conocimiento en noviembre y fue trasladada a sanidad. Allí descubrió que estaba embarazada, pero nunca le entregaron los resultados de los exámenes médicos. Días después, una guardiana le realizó una prueba casera que confirmó su estado.
La denunciante relató que el director de la cárcel El Pedregal, Pablo Yamid Ramírez, se mostró más preocupado por el impacto de la noticia que por su bienestar. Además, el subdirector, Carlos Arturo Yepes, habría insistido en que interrumpiera el embarazo, sugiriendo que podía hacerlo con apoyo de Profamilia. Pese a negarse, en noviembre Valdez fue víctima de un presunto intento de aborto forzado cuando, tras ingerir su almuerzo, sufrió un intenso dolor abdominal y comenzó a sangrar. En la clínica a la que fue trasladada, los médicos hallaron restos de cytotec en su organismo, un medicamento utilizado para interrumpir embarazos.
Las represalias contra Valdez no tardaron en llegar. Recibió amenazas de muerte y, a finales de diciembre, fue advertida de que si hablaba, la silenciarían. Poco después, se ordenó su traslado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué (Tolima), a pesar de que había reportado amenazas contra su vida. Finalmente, el 10 de enero de 2025, fue llevada a El Buen Pastor en Bogotá, ciudad donde vive su familia. En su testimonio, Valdez mencionó que el abuso sexual en El Pedregal es un problema sistemático y que otras internas han sido víctimas de agresiones similares sin atreverse a denunciarlas.
En contexto: El relato de la reclusa abusada en la cárcel El Pedregal por guardias del Inpec
Valdez, quien tiene 30 semanas de embarazo, ha decidido no someterse a pruebas de ADN por ahora, mientras la Fiscalía y la Procuraduría avanzan en las investigaciones contra los dos guardianes acusados, así como contra las directivas de la cárcel El Pedregal por presunta omisión en su deber de protección.
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