En su desesperación por encontrar trabajo, Daniela*, una madre cabeza de hogar, se topó con un anuncio en internet que parecía la respuesta a sus problemas: una oferta para hacer aseo en una casa de familia en Tibú (Norte de Santander), con un pago generoso. Sin pensarlo mucho, llamó al número y una mujer amable le aseguró que todo era seguro. No obstante, al llegar, no la esperaba la mujer con la que había hablado, sino un hombre que decía ser su hermano. Su destino no era una casa, sino un campamento rodeado de hombres armados. La obligaron a cocinar, limpiar y a ser violada sexualmente por estos hombres bajo amenazas constantes. Su historia es similar a la de María*, o a la de Andrea*, y a la de otra decena de mujeres que hoy se encuentran desplazadas en el Catatumbo.
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Días antes de que la violencia en esta región detonara por cuenta de los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc, pequeños grupos de mujeres fueron llegando a Cúcuta (Norte de Santander), huyendo de la explotación sexual ejercida por estos grupos. Estas mujeres, quienes actualmente ya ascienden a 62, denunciaron que recibieron amenazas de los grupos armados para regresar a la zona de guerra. De acuerdo con sus testimonios, las guerrillas les exigen ir los fines de semana a los campamentos, encargarse de cocinarles a las tropas, y en las noches a ser sus esclavas sexuales. “Hablamos de mujeres que tienen que estar con más de 30 o 40 hombres en una noche”, declaró la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete (MDyM).
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Vera, quien está bajo un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a raíz de las amenazas de muerte que ha recibido por sus denuncias contra los grupos armados, detalló la situación en la que viven estas mujeres: “Son encerradas en cuartos donde solo les dan una comida, que son las sobras de los guerrilleros y, desnudas, tienen que comer directamente del suelo sin poder usar sus manos. Eso es tortura y se agrava con los contagios de enfermedades de transmisión sexual, abortos y embarazos forzados. Luego, los grupos las vuelven a sacar de los campamentos. En estos casos, no hay un pago de por medio. Es decir, ellas son utilizadas como esclavas sexuales. Ahora, con los recientes enfrentamientos, ellas no quieren regresar a los campamentos por miedo a no volver”.
Esto no es todo. Este panorama termina por agravarse cuando los testimonios de esas 62 mujeres señalan que en esos campamentos hay niñas entre los 9 y 12 años, que en están en esa misma situación de explotación sexual. Con una diferencia: las menores son obligadas a permanecer todo el tiempo con sus explotadores. “En un campamento en el que se encuentren 20 mujeres, casi siempre la mitad son niñas. Las víctimas que hemos atendido dicen que estas menores siempre están encerradas a merced de violaciones y maltratos. Muchas son drogadas y alcoholizadas y no sabemos la cifra real de cuántas son las desaparecidas o han sido asesinadas”, precisó Vera. La abogada agregó que muchas de estas víctimas son engañadas y secuestradas por redes de trata que operan los propios grupos armados.
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Desde hace años, oenegés como la Corporación MDyM llevan denunciando los actos de violencia sexual que se presentan en la región del Catatumbo y la relación intrínseca que existe entre la prostitución y las redes de trata de explotación sexual. “Estamos hablando de un negocio súper rentable, del cual ni siquiera hay cifras oficiales de las ganancias, y que se lucra directamente de los cuerpos y la salud mental de cientos de niñas y mujeres, que en su mayoría son mujeres venezolanas”, explicó la directora de la Corporación MDyM. Esta oenegé sabe de qué habla: desde 2020 ha hecho seguimiento a los casos de algunas de estas 62 mujeres que llevan casi cinco años tratando de salir de esas redes criminales.
Varias de ellas, incluso, ya fueron acreditadas como víctimas ante el Centro Operativo Anti-Trata (COAT) del Ministerio del Interior. “Cuando se desató la ola masiva de desplazamientos en el Catatumbo en enero pasado, las mujeres que ya veníamos acompañando como víctimas nos solicitaron ayuda para ellas y otras mujeres que estaban en las mismas condiciones. A diferencia de las otras víctimas de desplazamiento, a esta población se le suma otras vulnerabilidades como la persecución y el estigma”, denunció Vera. De acuerdo con la abogada, las víctimas ya están “fichadas” por los grupos que tienen informantes en todo la zona, obligándolas a estar escondidas y sin poder acercarse a los albergues para recibir la ayuda humanitaria para ellas y sus hijos.
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Asimismo, son blanco de los prejuicios de otros desplazados que las ven como las “mujeres de las guerrillas” y colaboradoras de los grupos. “Los grupos generan esta condiciones de vulnerabilidad y también se aprovechan de la precariedad en la que viven muchas de estas víctimas a causa del abandono estatal”, precisó la abogada María Cristina Hurtado, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo. Hurtado aseguró que las barreras institucionales contribuyen a la impunidad de estos casos de explotación sexual y dificultan el proceso de las víctimas para acceder a la justicia. “Hace falta una capacitación especializada de los funcionarios en enfoques de género para evitar revictimizaciones”, detalló la jurista.
Para las abogadas, el drama de estas mujeres y niñas refleja una parte de la crisis humanitaria que sigue invisibilizada en medio del conflicto. La jurista Alejandra Vera concluyó: “Mientras los grupos ilegales continúan beneficiándose de redes de trata y explotación, las víctimas quedan atrapadas entre la violencia y el estigma. Actualmente, estas 62 mujeres solo han recibido apoyo psicológico gestionado por la Corporación, pero ¿y las autoridades? Ellas, y sus hijos, se encuentran expuestos pidiendo posada y, a medida que se le alarguen estos enfrentamientos, seguirán llegando otras mujeres a Cúcuta”. El Espectador se comunicó con la Unidad de Víctimas para conocer qué medidas ha tomado el Estado para proteger a estas 62 mujeres. Al cierre de esta edición, no tuvo respuesta.
*Los nombres fueron cambiados por seguridad de las víctimas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
