El Espectador reveló la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que tumbó un fallo de la Contraloría en 2021, en el que declaró fiscalmente responsables a 16 exejecutivos de la Refinería de Cartagena (Reficar) por haber malgastado hasta $2,9 billones del patrimonio de la Nación. Según encontró la Sala Primera de esa Corporación, el ente de control nunca logró demostrar que realmente hubiera una perdida de dinero, como lo dijo la Contraloría en una de las decisiones de las que más se enorgullecen. Acá los puntos claves de la decisión:
En contexto: El daño patrimonial de $2.9 billones de Reficar nunca existió
¿De qué trata el caso?
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió una demanda presentada por Hernando José Gómez Restrepo, exmiembro de la junta directiva de Reficar, declarado por la Contraloría como responsable de haber dañado el patrimonio de la Nación con sus acciones. Para el ente de control, él y los otros 15 exejecutivos de Reficar, con sus acciones, llevaron al descalabro de la megaobra que arrancó costando US$3.777 millones y finalmente valió US$8.016 millones. Ese excesivo costo, según la Contraloría, fue por haber manejado mal los recursos y terminó por costarle a la Nación $2,9 billones.
Sin embargo, lo dicho recientemente por el Tribunal Administrativo, es que las acciones de los exejecutivos de Reficar de aumentar presupuestos de inversiones fueron las que salvaron la obra de quedar varada. “En el caso en donde dichas adiciones no se hubieran efectuado, probablemente el proyecto de la refinería se hubiera detenido e incluso, podía no haber entrado en operación, situación que no aconteció y, por el contrario, se tiene que Reficar es actualmente una de las empresas con mayor valor en nuestro país”, se lee en la decisión de la Sala.
¿A quién beneficia y a quién afecta?
La decisión del Tribunal Administrativo beneficia únicamente al exmiembro de la junta directiva, Hernando José Gómez Restrepo. La Sala fue clara al decir que a pesar de que revisó las actuaciones de otros exfuncionarios, al tratarse del proceso de Gómez Restrepo, solo pueden aplicarse sobre él las decisiones. Sin embargo, este vuelco que da el caso también abrió la puerta para que llegue una cascada de demandas por parte de los otros 15 exejecutivos que fueron declarados fiscalmente responsables del daño al patrimonio que, según la decisión del Tribunal, nunca existió.
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Con todas las pruebas que llegaron al proceso y lo que evaluó el Tribunal, podrían buscar una oportunidad para limpiar sus nombres los expresidentes Reyes Reinoso Yanes y Orlando Cabrales Martínez; los exvicepresidentes Carlos Bustillo Lacayo, Andrés Riera Burelli y Magda Manosalva Cely; los exdirectivos Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Hernández, Henry Medina González, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.
Por otra parte, a quien deja muy mal parada lo decidido por el Tribunal es a la Contraloría, donde el ambiente está sumamente tenso en este momento. En 2016, el entonces procurador general, Edgardo Maya Villazón, anunció que lo ocurrido en Reficar fue un caso de desfalco que afectó el patrimonio de la Nación. Cinco años después, ese ente de control tomó la decisión en contra de los exejecutivos de la refinería y enlodó sus nombres. Con esa investigación y decisión, la Contraloría ha sacado pecho desde entonces, por ser uno de los casos de mayor resonancia y más costosos de la historia reciente del país. El problema, es que, según la justicia, nunca ocurrió nada de lo que dijo el ente de control.
¿Cuáles fueron los errores de la Contraloría?
Con la investigación que hizo entre 2016 y 2021, la Contraloría determinó que los 16 exejecutivos de Reficar fueron responsables fiscalmente del malgasto de $2,9 billones. El ente de control dijo en 2021 que en la megaobra para la ampliación de la refinería “se dieron gastos que no tuvieron relación con el proyecto; hubo baja productividad de la mano de obra; mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la junta directiva, el contratista y el supervisor del proyecto”.
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Dentro del caso de Gómez Restrepo, el Tribunal Administrativo encontró que la Contraloría hizo cálculos incorrectos a la hora de media cuánto dinero, supuestamente, se había perdido en la megaobra. Los costos del proyecto, dice la Sala, “no debieron ser comparados con una fórmula matemática, sino con la inversión física del proyecto, que no fue cuantificada”, por lo cual lo hecho por el ente de control fiscal iba a arrojar un resultado erróneo.
Asimismo, el Tribunal fue enfático en decir que la Contraloría quiso demostrar que hubo un daño al patrimonio, pero que, sencillamente, no había prueba para demostrarlo. El fallo de la Sala dice textualmente que la Contraloría no explicó “de manera precisa y puntual la responsabilidad del demandante” en el caso de Reficar. Además, agregó que “para la Sección Primera, la respuesta es contundente. No hubo daño patrimonial, por cuanto el mismo no fue comprobado”.
Por otra parte, dice la decisión judicial que en medio de su afán por demostrar la responsabilidad fiscal de Gómez Restrepo y los otros 15 ejecutivos en ese momento, la Contraloría desconoció “que el proyecto inicial se modificó en su ejecución, que el mayor costo fue justificado y que la junta directiva de Reficar adoptó la decisión de continuar el proyecto, como una megaobra de gran valor económico para el país”.
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Incluso el Tribunal le hizo un guiño a las actuaciones de los exejecutivos de Reficar. La decisión señala que “en el caso en donde dichas adiciones no se hubieran efectuado, probablemente el proyecto de la refinería se hubiera detenido e incluso, podía no haber entrado en operación, situación que no aconteció y, por el contrario, se tiene que Reficar es actualmente una de las empresas con mayor valor en nuestro país”.
¿Qué sigue ahora?
La decisión que tumba lo dicho por la Contraloría ahora será revisada por el Consejo de Estado, que tiene la tarea de confirmarla o modificarla. Sin embargo, con la determinación tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Estado quedó expuesto a una cascada de demandas por parte de exejecutivos de Reficar que pedirán reparación por el daño a su nombre.
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Por Jhordan C. Rodríguez
