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22 Aug 2022 - 8:04 p. m.

Reinicia investigación disciplinaria contra abogado de víctimas de Bojayá

El proceso por conflicto de intereses en contra de James Mosquera, abogado de las víctimas de la masacre de Bojayá, Chocó, fue anulado y deberá reiniciar desde la perspectiva de las víctimas.
Esta masacre tuvo lugar en mayo de 2002.
Esta masacre tuvo lugar en mayo de 2002.
Foto: Mauricio Alvarado

El abogado de las víctimas de la masacre de Bojayá, James Mosquera, recibió la noticia de que la Comisión de Disciplina Judicial ordenó anular y reiniciar el proceso por conflicto de intereses que adelantaba en su contra. Esto, después de que esta comisión decidiera enfocar este proceso desde la perspectiva de las víctimas de la masacre que habían sido representadas en un proceso de indemnización por este abogado.

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De acuerdo con esta comisión, el abogado que representó a las víctimas de esta masacre ocurrida en mayo de 2002, fue señalado de un presunto conflicto de intereses porque su hermano, Manuel Palacios, era el alcalde de Bojayá para la época de los hechos. Además, se habría suscrito un contrato de asociación en el que se habría acordado que del 30% de los honorarios que habría de recibir este abogado, el 10% sería para el bolsillo del entonces alcalde.

La investigación que adelantaba esta Comisión de Disciplina permitió afirmar que el proceso de primera instancia contra este abogado no adelantó una investigación integral orientada desde y hacia las víctimas de esta masacre. Ya que, según esta comisión, a las víctimas no se les tuvo en cuenta dentro del proceso disciplinario. Según esta ponencia, la no participación de las víctimas, “genera una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia, garantía fundamental contemplada en la constitución y en los diferentes instrumentos internacionales ratificados por Colombia”.

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Esta masacre que tuvo lugar en este municipio del departamento del Chocó significó uno de los puntos más críticos en la historia del conflicto armado en Colombia. Esta masacre ocurrió luego de que miembros de la extinta guerrilla de las Farc lanzaran un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista durante un crudo enfrentamiento contra paramilitares de las AUC. En estos hechos murieron 80 personas, de las cuales 43 eran menores de edad.

De acuerdo con la ley colombiana, las víctimas del proceso no son reconocidas como intervinientes dentro del proceso, según esta jurisdicción, “solo podrán intervenir en la actuación disciplinaria el profesional del derecho investigado, su defensor, y el representante del Ministerio Público, sin hacer mención alguna al quejoso como interviniente”. Según la ley 1123 de 2007, las víctimas solo podrán formular y ampliar su denuncia, aportar pruebas e impugnar decisiones. Por lo que esta decisión marca un precedente en las decisiones disciplinarias.

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Esta anulación y reinicio del proceso marca un precedente para la participación de las víctimas dentro de los procesos disciplinarios que adelanta esta comisión. De acuerdo con la Comisión, “El proceso solo será una medida de justicia real si las víctimas y sus familias participan efectivamente y reciben la información pertinente necesaria para su participación en el mismo”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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