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El proceso de pérdida de investidura contra el senador Gustavo Bolívar, de la lista de la Decencia, será desplegado en audiencia pública. Así lo determinó el Consejo de Estado, el cual convocó esa diligencia para el próximo 15 de octubre, en la cual se evaluará si el guionista y político perderá -o no- su curul por apoyo a la Primera Línea.
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En el Consejo de Estado cursa una demanda contra Bolívar, radicada por el ciudadano Joan Sebastián Moreno. El demandante considera que Bolívar debe perder su silla, pues apoyó económicamente a la Primera Línea, la cual sería considerada por Moreno como un movimiento social y político. Y Bolívar, usando sus redes durante el pasado paro nacional, confirmó haber participado en la creación de una “vaca” para comprarle a los manifestantes elementos de seguridad como cascos o guantes.
De acuerdo con el Consejo de Estado, Joan Sebastián Moreno “consideró que el congresista incurrió en la causal establecida en el artículo 110 de la Constitución por la contribución hecha a la financiación del denominado movimiento de la primera línea en las manifestaciones llevadas a cabo desde el 28 de abril del año en curso”.
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Si le ponemos la lupa a la Constitución, nos encontramos que ese artículo “prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley”. De tal manera que, si el Consejo aceptó estudiar la demanda, tendría entre sus consideraciones que la Primera Línea va más allá que un grupo de manifestantes.
Este diario conoció las pruebas con las que cuenta el Consejo para procesar a Bolívar. Entre ellas se cuentan los interrogatorios al guionista, debutante en la política de la mano de Gustavo Petro. También están las capturas de pantalla de la página web de Vaki, donde se reunió el dinero para financiar a miembros de la Primera Línea con elementos para salir a marchar. También hay ocho facsímiles de las facturas electrónicas de venta, expedidas por Homecenter.
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El caso de Gustavo Bolívar, por otro lado, fue evaluado por la Corte Suprema de Justicia desde lo penal. El pasado 11 de junio, cuando el paro nacional estaba en su cresta, la Sala de Instrucción abrió una indagación preliminar contra el político. Incluso, solicitó a la Procuraduría informar si existen indagaciones disciplinarias, por dotar a esa facción de los manifestantes quienes, aseguran, son una agrupación de defensa y de respuesta contra la Policía. El Ministerio de Defensa, no obstante, asegura que están financiados por el Eln y que buscaron atentar contra uniformados.
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