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Hay tregua. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de aprobar el acuerdo de conciliación entre Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos (filial de Ecopetrol), Oleoducto Bicentenario de Colombia, Frontera Energy (multinacional canadiense) y las Sociedades Pacific OBC. Se trata de un acuerdo que le permite al Estado salvaguardar más de $30 billones en demandas y que logró que las partes involucradas dieran por terminado tres macroexpedientes en tribunales arbitrales. En las demandas, cada empresa reclamaba un billonario resultado por distintos desacuerdos, entre unos y otros, relacionados con contratos para el trasporte de crudo de petróleo en Colombia.
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El acuerdo conciliatorio, considerado “el más grande de la historia” del país, permitió a la empresa Cenit, perteneciente al Estado, y a las demás sociedades privadas, cerrar las controversias surgidas por un total de 18 contratos. Entre los acuerdos están la inversión del Oleoducto Bicentenario (ubicado en Casanare y Arauca) y el trasporte de crudo en el oleoducto Caño Limón-Coveñas (de Arauca a Sucre), una de las arterias petroleras del país y blanco de centenares de ataques y robos por parte del Eln y las antiguas Farc. Tal fue el apretón de manos que, incluso, ninguna de las partes deberá trasferir sumas de dinero.
Por ejemplo, la empresa Oleoducto Bicentenario de Colombia, creada en 2010 ante el incremento de la explotación petrolera y con el objetivo de mejorar la infraestructura de trasporte, solicitaba a Frontera Energy más de $1 billón por concepto de contratos de trasporte de hidrocarburos. La pretensión mayor de Cenit, filial de Ecopetrol, era que Frontera Energy le cancelara más de $600.000 millones por concepto de trasporte del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Por si fuera poco, la multinacional canadiense Frontera también le pedía una suntuosa suma a Cenit por el mismo concepto.
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Se trataba de una red de demandas entre todas las partes que, de no llegar a una conciliación, le hubiera significado al Estado billonarios posibles pagos y estar a la expectativa de que Frontera Energy pudiese pagar, dado que tomó en Colombia los negocios de la extinta Pacific Rubiales, la cual está en proceso de insolvencia en Estados Unidos. Entre Cenit y Frontera Energy se firmaron varios acuerdos. La empresa estatal tiene como único objetivo que el crudo llegue a su destino. La multinacional, por su parte, es una compañía encargada de la exploración y venta de petróleo, con múltiples negocios en Suramérica. Con Caño Limón-Coveñas, Frontera ha buscado trasportar 45.000 barriles de crudo diarios.
Con la conciliación aprobada por el Tribunal, Cenit logró un beneficio patrimonial pues Frontera y Sociedades Pacific OBC le trasferirán las acciones que tenían en la empresa Oleoducto Bicentenario de Colombia. En su momento, Pacific Rubiales llegó a tener el 43 % de esa sociedad que tenía como objetivo trasportar hidrocarburos entre Casanare y Arauca, pero que terminó siendo parte de la red del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el cual recorre el país de oriente a occidente. Además, fueron terminados todos los contratos que significaban una controversia entre las partes. Asimismo, Frontera suscribirá un nuevo contrato de trasporte para los oleoductos bicentenario y Caño Limón-Coveñas.
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Las disputas entre Cenit y Frontera tuvieron el visto bueno de la Procuraduría a principio de año, antes de la decisión del Tribunal. Desde entonces, se sabía que ninguna de las partes le iba a sacar ventaja a otra y que el objetivo era mantener el negocio del petróleo en Colombia. Todo inició en julio de 2018, cuando Cenit recibió una notificación de Frontera Energy en la cual se daba por terminado los contratos de trasporte de crudo por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, todos firmados en 2011. ¿La razón? El sistema de casi 780 kilómetros estuvo inactivo por más de 180 días y, según las cláusulas, si había un desfase en ese tiempo la multinacional podía terminal el negocio.
En esa discusión en torno a los 180 días, fue imposible desligarse del contexto de conflicto armado y los históricos atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Tan solo en 2018 se presentaron 89 atentados –como la voladura de tubos– y se abrieron 72 válvulas ilícitas para el robo de combustible. Bajo este argumento, Cenit explicó la demora de la reactivación del oleoducto y, por si fuera poco, terminó perdiendo también por los pagos no cancelados de la multinacional. Ante la negativa de Frontera de pagarle, Cenit demandó a la petrolera por considerar que la terminación de los contratos fue ilegal. La multinacional no se quedó de brazos cruzados. Respondió y para julio de 2019 los pleitos cruzados ya sumaban siete litigios.
La Procuraduría le dio el visto bueno a la tregua, argumentando que fue una salida de beneficio para las partes que no afectó el bolsillo de la Nación. En el documento final, las empresas involucradas decidieron terminar los contratos por mutuo acuerdo con pagos a hacerse a partir del 31 de diciembre de 2019. El dinero saldrá de un patrimonio autónomo que crearon Cenit y Frontera. Así las cosas, se cierra uno de los capítulos más tensionantes para las cuentas del Estado y se protegió un proyecto petrolero, Caño Limón-Coveñas, que a pesar de ser blanco de guerra constante, sigue funcionando y permitiendo el transporte de crudo en Colombia.