Ricardo Carvajal, primer capturado tras el atentado a la escuela de Policía, irá a juicio

El hombre se declaró inocente y la Fiscalía asegura ahora que no habría orquestado el ataque, sino que sería “cómplice” de quien puso la bomba. El llamado a juicio no se ha podido hacer efectivo, pero estas serían las pruebas que recopiló el ente investigador después de cuatro meses.

Redacción Judicial
27 de junio de 2019 - 04:02 p. m.
En el atentado del pasado 17 de enero murieron 22 personas y 81 resultaron heridas.  / Cortesía
En el atentado del pasado 17 de enero murieron 22 personas y 81 resultaron heridas. / Cortesía

El 17 de enero de este año José Aldemar Rojas, alias El Mocho, entró en una camioneta por la puerta de la Escuela de Policía General Santander, al sur de Bogotá, cargando 80 kilos de explosivos. El atentado, que se atibuyó la guerrilla del Eln en a que militaba Rojas, acabó con su vida, las de 22 policías y dejó heridas a 81 personas más. Horas después, las autoridades capturaron a Ricardo Carvajal Salgar, a quien señalaron haber orquestado el crimen de la mano con Rojas, pero ahora la Fiscalía dice que no sería “coautor”, sino “cómplice”. A cuatro meses del ataque, ¿qué ha encontrado el ente investigador para llamar a juicio a Carvajal?

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El Espectador conoció el escrito de acusación que la Fiscalía radicó en contra de Carvajal en mayo de este año, documento que contiene los hallazgos y pruebas que el ente investigador recopiló en contra del hombre de 39 años. En el documento de 91 páginas se enumeran 175 pruebas, entra las que están las autopsias de los 22 cadetes que fallecieron y los informes periciales de los 81 heridos. Sin embargo, las pruebas reinas, según se relata en el documento, serían, por un lado la supuesta vinculación de Carvajal con la bodega del sur de Bogotá donde Rojas guardó durante dos meses la Nissan Patrol en la que efectuó el atentado; y, por otro, una llamada telefónica.

A Carvajal lo capturaron el viernes 18 de enero y las diligencias judiciales en su contra comenzaron al día siguiente en total reserva. En el momento de la captura la Fiscalía se limitó a decir que, “en interceptaciones telefónicas (Carvajal) reconoció la autoría del atentado”. Tras la imputación —una audiencia cerrada— se conoció que lo procesarían por cinco delitos en calidad de “coautor”, cargos que Carvajal no aceptó. “Me están acusando de algo que no cometí, soy inocente”, aseguró el hombre en su entrada a los juzgados. A los pocos días se filtró la conversación a la que se refería el ente investigador.

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Un sujeto al que Carvajal ser refiere como James le pregunta a Carvajal dónde está, a lo que el supuesto coautor del atentado responde: “Acá que estoy arriba, Dorado, Los Laches (…) Pues no ve que pusimos la bomba en la General Santander y tocó venirnos a encaletarnos”. Esta frase para el ente investigador es una confesión y para la defensa de Carvajal es un chiste de mal gusto. En contadas horas las autoridades capturaron al hombre y allanaron su casa, tras lo cual el ente acusador informó: “Fueron incautados un celular, un manual del combatiente primera fase de instrucción y uniformes”.

Esta llamada de Carvajal es la segunda prueba central de la Fiscalía. Según el documento que conoció este diario, el teléfono de James estaría interceptado desde antes “por el presunto delito de estupefacientes”. Por esto, la Sala de Interceptaciones pudo emitir una alerta, pues, “minutos después de la ocurrencia de los hechos (el atentado), (el interceptado) realizó una llamada telefónica, y al contestarle su interlocutor, manifiesta que presentaba mala señal porque se encontraba oculto, ya que había puesto la bomba en la ‘General Santander’”.

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El mismo 17 de enero, tras reconstruir el recorrido de la camioneta, las autoridades dieron con la ubicación de la bodega. Laura*, quien vivía allí, dio detalles de la apariencia de quien le pagaba el canon mensualmente, a partir de los cuales se hizo un retrato hablado. Al día siguiente, reza la acusación, el dueño de la bodega estuvo en la Fiscalía, aseguró que firmó un contrato de arrendamiento con Rojas y dijo que la pareja que residía en el lugar podría dar más detalles. Los investigadores volvieron al predio y Héctor* y Laura dijeron, al reconocerlo en fotos, que Carvajal frecuentaba el lugar.

Laura* aseguró que Carvajal visitó la bodega en septiembre de 2018, le dijo que él la tomaría en arriendo, y que, a los pocos días, lo vio bajar unas canecas plásticas de una camioneta con platón. Héctor*, por su parte, dijo que la última vez que lo había visto fue el domingo 13 de enero, cuando Carvajal, supuestamente, se acercó hasta el lugar y le pagó personalmente los $5000.000 del arriendo.

Esto, según la Fiscalía, demostraría que Carvajal, “prestó colaboración previa importante, no solo en la ubicación y manutención de un lugar estratégico para la elaboración y camuflaje de los elementos constitutivos del acto terrorista, sino además del pleno conocimiento del alcance y consecuencias de su colaboración criminal, al punto que él mismo lo reconoce en la llamada telefónica”.

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Lo que cambió en el curso de la investigación

 

Los únicos cargos que se mantienen en firme desde la imputación son terrorismo agravado y daño en bien ajeno. En el caso del homicidio agravado, por los 22 cadetes que murieron, y tentativa de homicidio agravado, por los 81 que resultaron heridos; el fiscal del caso pidió actualizar estos números de víctimas porque varios de los cadetes que para el momento de la primera audiencia estaban heridos, murieron en los días siguientes. Asimismo, inicialmente se había dicho que Carvajal transportó municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, elemento que se cayó en la investigación y ahora solo lo acusan de “tener en un lugar” los explosivos.

La Fiscalía, además, pide cambiar el grado de responsabilidad que tuvo Carvajal, pues ya no sería un “coautor”, sino un “cómplice”, lo que significaría que el ente investigador no tiene cómo demostrar que Carvajal fue el cerebro del atentado, como se habría indicado en un principio.

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El pronunciamiento de Carvajal

 

El 24 de enero, el senador Gustavo Petro hizo pública a través de su cuenta de Twitter una carta que aparece firmada por Ricardo Carvajal. En la misiva, Carvajal escribió lo que habría hecho antes, durante y después del atentado, cuando fue detenido por las autoridades en su casa en la madrugada del viernes 18 de enero, en el sur de Bogotá. Cuenta que el miércoles estuvo con sus tres hijas y que, posteriormente, trasladó varios materiales de construcción, un trabajo que había acordado desde días atrás y por el que le pagaron $80.000. En la noche, dijo, se vio con una amiga, a quien identificó como Alejandra, quien se quedó en su casa.

Agrega que el día del atentado se despertó a las 8:00 a.m.  y que estuvo en una panadería comprando el desayuno de sus hijas mayores, algo que una de ellas ha reiterado públicamente. “Esto quedó registrado en las cámaras de la panadería”, dice la misiva, refiriéndose a un video que se conoció posteriormente. No negó que la voz de la grabación fuera la suya, pero aseguró que se trató de una broma y habló del allanamiento: “De mi habitación tomaron dos USB con música y un PDF del curso de Bomberos Voluntarios de Bogotá y un manual del Ejército de Colombia, el cual tenía desde hacía como ocho años, pues un primo prestó servicio militar”.

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En la carta, el único pronunciamiento que se conoce de Carvajal, también asegura que dos desconocidos lo “hostigaron” para que se declarara culpable el día de la audiencia. Además, sobre las pruebas que relata el ente investigador, dijo: “La fiscal del caso presentó las pruebas en mi contra: la llamada y, para mi sorpresa, dijo que la señora y el hijo del dueño de la bodega dicen que me reconocen como el que ayudó a bajar las canecas a la bodega el 13 de diciembre y que yo pagué el arriendo de dicha bodega (…) nunca he tenido contacto con dichas personas ni tampoco he visitado dicho lugar ni ese barrio”.

La Fiscalía radicó este escrito de acusación desde el 16 de mayo. Sin embargo, el llamado a juicio no se ha podido hacer efectivo, pues la primera audiencia que se fijó, el pasado 10 de junio tuvo que suspenderse porque, según el expediente, los abogados de las víctimas tenían que tomar un vuelo. La otra versión que conoció este diario es que familiares y amigos de las víctimas habrían arremetido contra Carvajal y sus abogados intentando agredirlos, por lo que la diligencia se interrumpió. De ninguna de las versiones se tiene entera certeza, pues fueron cerradas a medios de comunicación. El pasado 19 de junio se retomó la audiencia, pero ese día se dedicó al al trámite de reconocimiento de las víctimas y, hasta el próximo 28 de julio, se podrían poner en conocimiento del juez los hallazgos del ente investigador.

*Los nombres fueron cambiados por seguridad de los testigos.

Por Redacción Judicial

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