Rito Alejo del Río: la historia del general (r) condenado que volvió a la libertad

Rito Alejo del Río fue detenido en 2008, cuando las pesquisas en su contra arrancaron tras una preclusión en 2004. / Foto: archivo El Espectador

Tras acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el jueves de esta semana quedó libre el general (r) del Ejército, Rito Alejo del Río, quien purgaba una sentencia de 25 años y 10 meses de prisión por la muerte del líder chocoano Marino López Mena, ocurrida en 1997. El alto exoficial estaba siendo investigado por otros casos, como la masacre de Mapiripán (Meta), cometida en julio del mismo año por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, o el magnicidio del periodista Jaime Garzón, caso por el cual rindió versión libre el año pasado. (Vea: El Bloque Capital y el crimen de Jaime Garzón)

De entrada, el oficial en retiro descartó cualquier chance de admisiones ante la JEP.  “Él ha dicho desde el comienzo que no va a aceptar verdad ni responsabilidades, porque no ha cometido los hechos. No asume compromiso de no repetición porque, si no ha cometido un hecho, no puede garantizar el no repetirlo”, le dijo a Noticias Caracol el defensor del general (r), Édgar Torres. Su propósito de llegar a la JEP, explicó el abogado, no está enfocado en las víctimas, sino en “desenmascarar a las personas que en diversas etapas han estado generando la imagen pública de él como autor de ciertos delitos, cuando en realidad está probado en esos expedientes que él no es el autor”, agregó Torres.

La familia de Jaime Garzón, sin embargo, no pierde la esperanza de que el general (r) Del Río aporte a la verdad plena. “Reviven varias preocupaciones acerca de si, durante la fase de implementación, se ha garantizado de forma completa lo establecido en el Acuerdo de Paz sobre justicia (…) La segunda preocupación guarda relación con la aplicación de la ley 1820 de 2016, la cual no prevé nuestra participación como víctimas en el procedimiento para la obtención de las libertades transitorias, y solo nos enteramos de las decisiones a través de los medios de comunicación”, expresaron los parientes de Garzón.

Rito Alejo del Río: una larga y controversial trayectoria

Del Río llegó como comandante de la Brigada XVIII en 1995, en momentos en que la guerrilla y el paramilitarismo libraban una guerra a muerte en la región del Urabá, en una confrontación que poco a poco se proyectaba hacia el Chocó. En la misma época, llegó a la Gobernación de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, quien de inmediato emprendió una dura ofensiva militar contra los grupos guerrilleros en el departamento, encontrando en el general (r) a uno de sus principales aliados.

En ese contexto, el general (r) del Río intervino activamente en la llamada operación Génesis, que después fue respaldada por el accionar paramilitar en la región, al punto de generar un masivo desplazamiento en la región de Cacarica. Varias organizaciones de derechos humanos comenzaron a denunciar lo sucedido, razón por la cual llegaron a la Fiscalía las primeras denuncias contra el general (r). (Rito Alejo del Rio, el 'Pacificador' condenado)

Antes de ser trasladado a la comandancia de la XIII Brigada en Bogotá, en 1997, tuvo lugar un episodio que probó el alto grado de capacidad que había adquirido el paramilitarismo a nivel nacional. En desarrollo de su recién creada organización de Autodefensas Unidas de Colombia, un avión fletado de paramilitares decoló de San Pedro de Urabá, atravesó el territorio nacional y llegó hasta el Guaviare, donde los paramilitares, por lanchas rápidas, se trasladaron hasta Mapiripán y estuvieron tres días asesinando a pobladores a diestra y siniestra. (Vea: General (r) Rito Alejo Del Río, a indagatoria por la masacre de Mapiripán)

Años después se constató que una de las personas que ayudó a los movimientos del avión fue el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien oficiaba como oficial de inteligencia de la Brigada XVII, a órdenes de Rito Alejo del Río. Cuando este último fue trasladado a Bogotá, también lo hizo Plazas, quien reeditó sus funciones como oficial de inteligencia en la capital de la República. No obstante, pronto se vio involucrado en una red de secuestradores y después en acciones del paramilitarismo en la ciudad. (Plazas Acevedo, el coronel bandido)

La suerte del general (r) Del Río comenzó a cambiar cuando se inició el proceso de paz con las Farc durante el gobierno de Andrés Pastrana. Las presiones de las organizaciones de derechos humanos, sumadas al escándalo internacional por informes de lo que había sucedido en el Chocó, llevaron al gobierno de la época a retirarlo de las filas castrenses. Entonces, en un hecho político que generó enorme controversia, el exgobernador Álvaro Uribe le ofreció un homenaje de desagravio en el hotel Tequendama. Corría el año 1999. Poco después, Uribe se lanzó a la presidencia.

Al final, quien terminó interesándose por la situación fue la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, que, a través de la unidad de derechos humanos, orientada por Pedro Díaz, resolvió abrirle investigación en 2001. Cuando terminó la gestión de Gómez Méndez y antes de que se posesionara su sucesor, Luis Camilo Osorio, la Fiscalía formalizó la investigación en contra del oficial. Sin embargo, en breve, y en una de sus primeras actuaciones judiciales, el nuevo fiscal ordenó su libertad y decretó la preclusión en 2004.

Sólo hasta 2009 la justicia formalizó su pesquisa contra Del Río, a raíz de un recurso de revisión presentado por la Procuraduría que llevó a la Corte Suprema a anular la preclusión, y que terminó en 2012 en su sentencia condenatoria por la muerte del dirigente chocoano Marino López. Con lo que no contaba Del Río es que, producto de las investigaciones contra el paramilitarismo, y particularmente después de la captura del coronel (r) Plazas Acevedo, surgieron elementos probatorios para vincularlo al caso Mapiripán. Aún están pendientes pesquisas para indagar su papel en la expansión del llamado Bloque Capital en Bogotá.

Cabe recordar que el coronel (r) Plazas Acevedo es hoy investigado por el crimen del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Pero este homicidio no fue el único que el paramilitarismo perpetró en la ciudad, a través de la modalidad de crímenes selectivos de personalidades. Por la misma época fueron asesinados, entre otros, el penalista José Eduardo Umaña, el exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano, el presidente de la CUT, Jorge Ortega, y se atentó contra el dirigente Wilson Borja. (En contexto: Los 5 grandes crímenes que ordenó la casa Castaño)

En el retiro, su cercanía con el entonces mandatario Álvaro Uribe le permitió continuar vinculado al Estado. Resultó contratado como asesor del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en la época en que esta policía secreta al servicio del presidente estaba a cargo de Jorge Noguera —condenado a 25 años de prisión por haber puesto esa entidad al servicio de los grupos paramilitares—.  Del Río salió del DAS antes de que Uribe saliera de la Casa de Nariño y, eventualmente, el DAS fue liquidado tras afrontar el escándalo mayúsculo de las interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas, magistrados y opositores del gobierno Uribe.

Con respecto a la JEP, el general (r) Del Río mostró siempre una buena cuota de escepticismo. Hasta marzo de este año, su versión oficial era que no ingresaría a este sistema de justicia transicional. Incluso, llegó a denunciar que a algunos oficiales les habían “impuesto” la JEP. El 23 de agosto cambió de opinión: ese día firmó el acta de sometimiento a la JEP, que obtuvo concepto favorable de la Secretaría Ejecutiva dos días más tarde para él en calidad de agente del Estado.

Un mes más tarde, esa acta le trajo la libertad, pero, según el propio Del Río, no traerá responsabilidades admitidas ni verdades confesadas porque él insiste en que es inocente. El mismo argumento de los otros dos generales en retiro que, como Del Río, se acogieron a la JEP sólo con el propósito de defenderse, no de admitir responsabilidades. Son Jaime Humberto Uscátegui, quien tiene a cuestas una condena de 37 años de prisión por sus omisiones en la masacre de Mapiripán y recuperó su libertad en mayo de este año; y Henry Torres Escalante, el primer oficial de ese rango -y hasta ahora, el único- llamado a juicio por ejecuciones extrajudiciales.