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Por medio de una tutela, Rodolfo Hernández excandidato a la Presidencia y jefe del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, busca que la justicia le dé la razón y tumbe no solo la decisión que revocó su candidatura a la Gobernación de Santander, sino las sanciones disciplinarias que tiene en su contra.
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El principal argumento expuesto en el recurso judicial, presentado por el abogado Julio Cesar Ortiz en representación de Hernández, dice que estas suspensiones violan los derechos políticos de su defendido porque no se está cumpliendo lo dicho por la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argumenta además que la Procuraduría no tiene competencia para decidir sobre la responsabilidad disciplinaria de personas elegidas popularmente.
“Es evidente que los procesos disciplinarios seguidos contra mi poderdante en la Procuraduría General de la Nación, y las sanciones impuestas, riñen con la Convención Americana, pues se trataron de procesos administrativos, NO judiciales, que no tienen naturaleza penal, escenario en el que no puede imponerse ningún tipo de sanción a mi cliente que implique una restricción a sus derechos políticos”, dice la tutela.
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En este contexto, el abogado Ortiz solicitó una medida provisional. “Respetuosamente solicito que, antes de expedirse el fallo definitivo de esta acción de tutela, se dejen sin efectos las decisiones sancionatorias tomadas en contra de Rodolfo Hernández; así como las anotaciones que sobre los mismos tiene la Procuraduría General de la Nación en sus bases de datos oficiales y pública. Así mismo, se deje sin efectos la eventual revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander”, dice la tutela.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó este jueves la candidatura del excandidato presidencial, quien según la Procuraduría estaba inhabilitado debido a varias sanciones disciplinarias. “Rodolfo Hernández tiene tres sanciones en la Procuraduría. Sanciones que no son muy altas, por casualmente violar el respeto de su posición, que es expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores”, dijo al respecto Margarita Cabello Blanco, procuradora general.
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