Rodrigo Granda perdió tutela contra canciller por vincularlo con “Iván Márquez”
Según la jueza que revisó el caso, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, rectificó sus declaraciones al día siguiente, por lo que la tutela no procedía.
Redacción Judicial
El canciller Carlos Holmes Trujillo va ganando el pulso con Rodrigo Granda, líder de la extinta guerrilla de las Farc, hoy vinculado a la vida política, pues le ganó una tutela que le interpuso el último por una supuesta vulneración a su buen nombre. Trujillo aseguró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que Granda y el hoy disidente Iván Márquez se habían reunido de manera clandestina con agentes de Nicolás Maduro en Venezuela. No obstante, según la jueza, la tutela no procedía porque al día siguiente el canciller rectificó lo dicho.
(Lea también: Canciller colombiano respondió ante denuncia del partido por injuria y calumnia)
El pasado 11 de septiembre en Washington, Trujillo denunció la supuesta alianza de la disidencia que lidera Márquez con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Allí dijo, respecto del excombatiente acogido al Acuerdo de Paz: “Desde hace por lo menos un año alias Márquez y Granda mantenían relaciones clandestinas en Venezuela. En ellas definían estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del Gobierno colombiano”.
El Partido FARC rechazó de inmediato las declaraciones. Según señaló la dirección de la colectividad en su momento: “Ignoramos qué busca hacer el Gobierno con esas afirmaciones, recurriendo a la calumnia y a la infamia, sin reparar en los nocivos resultados de tal conducta que genera estigmatización contra la dirección y militancia del partido”. Y, además, anunciaron que emprenderían acciones legales en contra del canciller.
(Lea también: Partido FARC desmiente afirmación del canciller en la OEA )
Una de esas acciones fue la tutela que le correspondió estudiar al Juzgado 37 Administrativo de Bogotá. Para los abogados de Granda, el canciller vulneró sus derechos al buen nombre y a la honra con sus declaraciones que calificaron, además, de “insólitas, irresponsables y sin sustento”. Por otro lado, según la defensa del canciller, las declaraciones “hacían parte de un contexto histórico” y fueron rectificadas al día siguiente.
El abogado Abelardo de la Espriella, apoderado del canciller, se refería en específico a que el 12 de septiembre, Trujillo se pronunció sobre sus denuncias y dijo: “Durante la presentación histórica salieron unos nombres, por ejemplo, el nombre de quien usted menciona (Granda) porque hubo necesidad de hacer referencia a los computadores del fallecido Raúl Reyes, pero eso fue un señalamiento de un hecho histórico”. A renglón seguido aclaró: “el debate no tuvo nada que ver con el partido político FARC, con quienes hacen parte de esa nueva organización política”.
(En contexto: Canciller colombiano denuncia ante la OEA presencia de guerrilleros en Venezuela)
La jueza acogió este argumento y lo consideró suficiente para negar la tutela, pues, según la togada, la supuesta vulneración del derecho al buen nombre no procedía y la rectificación que buscaba Granda ya se había dado. Sin embargo, está todavía pendiente que concluya el procedimiento de la segunda acción legal que tomó Granda: una denuncia por injuria y calumnia que interpuso el Partido FARC en contra del canciller ante la Fiscalía.
El canciller Carlos Holmes Trujillo va ganando el pulso con Rodrigo Granda, líder de la extinta guerrilla de las Farc, hoy vinculado a la vida política, pues le ganó una tutela que le interpuso el último por una supuesta vulneración a su buen nombre. Trujillo aseguró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que Granda y el hoy disidente Iván Márquez se habían reunido de manera clandestina con agentes de Nicolás Maduro en Venezuela. No obstante, según la jueza, la tutela no procedía porque al día siguiente el canciller rectificó lo dicho.
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El pasado 11 de septiembre en Washington, Trujillo denunció la supuesta alianza de la disidencia que lidera Márquez con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Allí dijo, respecto del excombatiente acogido al Acuerdo de Paz: “Desde hace por lo menos un año alias Márquez y Granda mantenían relaciones clandestinas en Venezuela. En ellas definían estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del Gobierno colombiano”.
El Partido FARC rechazó de inmediato las declaraciones. Según señaló la dirección de la colectividad en su momento: “Ignoramos qué busca hacer el Gobierno con esas afirmaciones, recurriendo a la calumnia y a la infamia, sin reparar en los nocivos resultados de tal conducta que genera estigmatización contra la dirección y militancia del partido”. Y, además, anunciaron que emprenderían acciones legales en contra del canciller.
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Una de esas acciones fue la tutela que le correspondió estudiar al Juzgado 37 Administrativo de Bogotá. Para los abogados de Granda, el canciller vulneró sus derechos al buen nombre y a la honra con sus declaraciones que calificaron, además, de “insólitas, irresponsables y sin sustento”. Por otro lado, según la defensa del canciller, las declaraciones “hacían parte de un contexto histórico” y fueron rectificadas al día siguiente.
El abogado Abelardo de la Espriella, apoderado del canciller, se refería en específico a que el 12 de septiembre, Trujillo se pronunció sobre sus denuncias y dijo: “Durante la presentación histórica salieron unos nombres, por ejemplo, el nombre de quien usted menciona (Granda) porque hubo necesidad de hacer referencia a los computadores del fallecido Raúl Reyes, pero eso fue un señalamiento de un hecho histórico”. A renglón seguido aclaró: “el debate no tuvo nada que ver con el partido político FARC, con quienes hacen parte de esa nueva organización política”.
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La jueza acogió este argumento y lo consideró suficiente para negar la tutela, pues, según la togada, la supuesta vulneración del derecho al buen nombre no procedía y la rectificación que buscaba Granda ya se había dado. Sin embargo, está todavía pendiente que concluya el procedimiento de la segunda acción legal que tomó Granda: una denuncia por injuria y calumnia que interpuso el Partido FARC en contra del canciller ante la Fiscalía.