Rol del general (r) Fandiño en la masacre de San José de Apartadó se quedó sin esclarecer

El 21 de febrero de 2005, en las veredas La Resbalosa y Mulatos de Apartadó (Antioquia), fueron asesinados a sangre fría Luis Eduardo Guerra, su compañera Beyanira Areiza y Deyner Guerra Tuberquia, de apenas 11 años. Luego fueron ejecutados Alonso Bolívar, Sandra Muñoz y dos niños de 5 y 18 meses de edad, Santiago y Natalia, integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. La justicia ha dicho que la masacre fue perpetrada en conjunto por integrantes del Ejército y paramilitares del Bloque Héroes de Tolová. Uno de los investigados de más alto rango era el general (r) Héctor Jaime Fandiño, pero saber si tuvo responsabilidad o no en este crimen ya no es una opción.

Fandiño falleció el pasado 22 junio y, por esa razón, la Fiscalía prcluyó la pesquisa en su contra el pasado 2 de septiembre, en un escueto auto emitido por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La muerte llegó para el general (r) Fandiño sin que se esclareciera si tuvo o no participación en una matanza por la cual la Comunidad de Paz responsabilizó directamente el Ejército desde que se cometió. Fandiño era en ese momento el comandante de la Brigada XVII que puso en marcha la operación “Fénix” y la misión “Feroz”, supuestamente dirigida contra paramilitares y guerrilleros de la zona y liderada por militares como el capitán (r) Guillermo Gordillo.

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La operación se lanzó el 17 de febrero de 2005, pero la justicia encontró que al menos 150 militares patrullaron de manera conjunta con paramilitares desde un lugar conocido como cerro Castañeda. Fandiño, como comandante de la Brigada, habría planeado la operación, establecido el uso de guías paramilitares e intentado evitar que sus subordinados dijeran la verdad a las autoridades. Por ejemplo, el capitán Gordillo, condenado a 20 años por la masacre luego de aceptar cargos, dijo en su indagatoria que “mi general Fandiño (…) estaba enterado que iban guías civiles con la tropa del Batallón Vélez y los cuales nunca aparecen relaciones en la orden de operación Fénix”.

El uniformado también dijo que los detalles de la operación “Fénix” fueron expuestos al general (Mario) Montoya, entonces comandante del Comando Conjunto Caribe, para que este le diera el visto bueno. “Para esos días, más exactamente el 15 o 16, llegó mi general Fandiño (de Bogotá) y ya como esta orden de operaciones había sido expuesta en su momento al comandante de la División, el general Fandiño lo único que hizo fue verificar la orden de operaciones estuviera de acuerdo como la tenía antes de viajar con las correcciones”, indicó el capitán Gordillo en su ampliación de indagatoria en julio de 2008, que reposa en documentos del expediente conocidos por El Espectador.

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Gordillo además dijo que el general (r) Fandiño lo llamó el 5 de noviembre de 2007 para que no hiciera mención (de) los guías civiles ni de los paramilitares en su indagatoria. “Tenía conocimiento el general Fandiño, el cual habló con el guía civil que estaba conmigo en el desarrollo de la operación, que incluso la Brigada lo había enviado en el helipuerto de la cooperativa el 25 de febrero.Después habló conmigo, me dijo que lo más probable era que me bajara a declarar pero que en ningún momento iba personal civil, guías u otro integrante al margen de la ley.Después me reuní con él en Bogotá, cerca de la Brigada XIII, en un apartamento, me mostró la declaración de alias Melaza (Adriano José Cano Arteaga, paramilitar que participó en el crimen)”.

Solo hasta el 21 de marzo de 2013, ocho años después de la masacre, la Fiscalía vinculó mediante indagatoria a los generales (r) Fandiño Rincón y Luis Alfonso Zapata Uribe (quien también falleció) por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. La diligencia se realizó el 19 de abril siguiente y se amplió el 13 de julio de 2016, luego de años de insistencia de los representantes de víctimas para que la justicia analizara el rol que tuvieron estos dos altos oficiales en la masacre. El 14 de julio de 2016 la Fiscalía decidió no dictarle medida de aseguramiento al general (r) Fandiño, al estimar que la prueba en este caso ya estaba recaudada, por lo que no era necesaria su detención.

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El expediente se quedó quieto en la Fiscalía hasta el 27 de mayo de 2019, día en que se cerró la investigación y se avisó a las partes que estaba todo listo para definir si acusaba (llamaba a juicio) al general (r) Fandiño o le archivaba. “El saldo de esta vergüenza de administración de justicia es que se murieron los generales sin ser procesados”, dijo el abogado Germán Romero. El jurista explicó además que, con la entrada en vigor de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía suspendió sus actuaciones. “El traslado para alegar se dio entre la salida de Néstor Humberto Martínez y la entrada de Fabio Espitia (como fiscal encargado). Fue una ventana de oportunidad que duró muy poco”, agregó.

Para los representantes de víctimas, el general Fandiño habría sido el responsable de incorporar a los paramilitares, junto al Estado Mayor de esa unidad, en la operación que derivó en la masacre. Así como de permitir que el Batallón Francisco de Paula Vélez articulara con comandos paramilitares, que supuestamente se usaran comunicaciones con los integrantes del grupo ilegal, y que se adulterara el informe que registró el movimiento de tropas. Además, habían pedido a la Fiscalía que lo acusaran de instruir a testigos para que desviaran las investigaciones. Con su muerte y la consecuente preclusión del caso, nunca se sabrá con certeza si Fandiño jugó algún rol en el grave crimen.

En la Fiscalía sigue el procesamiento de los coroneles José Orlando Acosta Celis, José Fernando Castro10 y Néstor Iván Duque que rindieron indagatoria en 2019. También fueron condenados a 34 años de prisión coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla Petro; y los cabos Ricardo Bastidas Candia y Sabaraín Cruz Reina. Y el subteniente Alejandro Jaramillo Giraldo. Y han sido objeto d eprocedsamiento en Justicia y Paz al menos 29 paramilitares.

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En la Jurisdicción Especial para la Paz se encuentran diez militares que ya habían sido condenados por el Tribunal Superior de Antioquia y por la Corte Suprema de Justicia. Se encuentran en libertad, sin que a la fecha hayan hecho algún aporte de verdad o hayan sido llamados por la JEP a alguna diligencia. Entre ellos están el subteniente del pelotón “Anzoátegui 1” Jorge Humberto Milanés, el subteniente Édgar García de “Anzoátegui 3” y el sargento segundo Darío José Brango “Anzoátegui 2” condenados a 34 años de prisión. En este caso, la Comunidad de Paz rechazó participar en la JEP por considerar que no brinda garantías reales para el procesamiento de los crímenes cometidos en su contra.

La Comunidad de Paz fue declarada así por habitantes de 17 veredas desde 1997 como una forma de rebelarse ante la guerra, no permite la presencia de ningún actor armado en su territorio –ni siquiera fuerza pública- y tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales de la Corte Interamericana desde 2000. Días después de la masacre, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que algunos de sus integrantes serían auxiliadores de la guerrilla, lo que motivó que en 2012 que la Corte Constitucional ordenara un acto de retractación. Y que en 2019 el Consejo de Estado condenara a la Nación por el hecho y ordenara un acto de perdón.

El 21 de febrero de 2005, en las veredas La Resbalosa y Mulatos de Apartadó (Antioquia), fueron asesinados a sangre fría Luis Eduardo Guerra, su compañera Beyanira Areiza y Deyner Guerra Tuberquia, de apenas 11 años. Luego fueron ejecutados Alonso Bolívar, Sandra Muñoz y dos niños de 5 y 18 meses de edad, Santiago y Natalia, integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. La justicia ha dicho que la masacre fue perpetrada en conjunto por integrantes del Ejército y paramilitares del Bloque Héroes de Tolová. Uno de los investigados de más alto rango era el general (r) Héctor Jaime Fandiño, pero saber si tuvo responsabilidad o no en este crimen ya no es una opción.

Fandiño falleció el pasado 22 junio y, por esa razón, la Fiscalía prcluyó la pesquisa en su contra el pasado 2 de septiembre, en un escueto auto emitido por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La muerte llegó para el general (r) Fandiño sin que se esclareciera si tuvo o no participación en una matanza por la cual la Comunidad de Paz responsabilizó directamente el Ejército desde que se cometió. Fandiño era en ese momento el comandante de la Brigada XVII que puso en marcha la operación “Fénix” y la misión “Feroz”, supuestamente dirigida contra paramilitares y guerrilleros de la zona y liderada por militares como el capitán (r) Guillermo Gordillo.

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La operación se lanzó el 17 de febrero de 2005, pero la justicia encontró que al menos 150 militares patrullaron de manera conjunta con paramilitares desde un lugar conocido como cerro Castañeda. Fandiño, como comandante de la Brigada, habría planeado la operación, establecido el uso de guías paramilitares e intentado evitar que sus subordinados dijeran la verdad a las autoridades. Por ejemplo, el capitán Gordillo, condenado a 20 años por la masacre luego de aceptar cargos, dijo en su indagatoria que “mi general Fandiño (…) estaba enterado que iban guías civiles con la tropa del Batallón Vélez y los cuales nunca aparecen relaciones en la orden de operación Fénix”.

El uniformado también dijo que los detalles de la operación “Fénix” fueron expuestos al general (Mario) Montoya, entonces comandante del Comando Conjunto Caribe, para que este le diera el visto bueno. “Para esos días, más exactamente el 15 o 16, llegó mi general Fandiño (de Bogotá) y ya como esta orden de operaciones había sido expuesta en su momento al comandante de la División, el general Fandiño lo único que hizo fue verificar la orden de operaciones estuviera de acuerdo como la tenía antes de viajar con las correcciones”, indicó el capitán Gordillo en su ampliación de indagatoria en julio de 2008, que reposa en documentos del expediente conocidos por El Espectador.

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Gordillo además dijo que el general (r) Fandiño lo llamó el 5 de noviembre de 2007 para que no hiciera mención (de) los guías civiles ni de los paramilitares en su indagatoria. “Tenía conocimiento el general Fandiño, el cual habló con el guía civil que estaba conmigo en el desarrollo de la operación, que incluso la Brigada lo había enviado en el helipuerto de la cooperativa el 25 de febrero.Después habló conmigo, me dijo que lo más probable era que me bajara a declarar pero que en ningún momento iba personal civil, guías u otro integrante al margen de la ley.Después me reuní con él en Bogotá, cerca de la Brigada XIII, en un apartamento, me mostró la declaración de alias Melaza (Adriano José Cano Arteaga, paramilitar que participó en el crimen)”.

Solo hasta el 21 de marzo de 2013, ocho años después de la masacre, la Fiscalía vinculó mediante indagatoria a los generales (r) Fandiño Rincón y Luis Alfonso Zapata Uribe (quien también falleció) por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. La diligencia se realizó el 19 de abril siguiente y se amplió el 13 de julio de 2016, luego de años de insistencia de los representantes de víctimas para que la justicia analizara el rol que tuvieron estos dos altos oficiales en la masacre. El 14 de julio de 2016 la Fiscalía decidió no dictarle medida de aseguramiento al general (r) Fandiño, al estimar que la prueba en este caso ya estaba recaudada, por lo que no era necesaria su detención.

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El expediente se quedó quieto en la Fiscalía hasta el 27 de mayo de 2019, día en que se cerró la investigación y se avisó a las partes que estaba todo listo para definir si acusaba (llamaba a juicio) al general (r) Fandiño o le archivaba. “El saldo de esta vergüenza de administración de justicia es que se murieron los generales sin ser procesados”, dijo el abogado Germán Romero. El jurista explicó además que, con la entrada en vigor de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía suspendió sus actuaciones. “El traslado para alegar se dio entre la salida de Néstor Humberto Martínez y la entrada de Fabio Espitia (como fiscal encargado). Fue una ventana de oportunidad que duró muy poco”, agregó.

Para los representantes de víctimas, el general Fandiño habría sido el responsable de incorporar a los paramilitares, junto al Estado Mayor de esa unidad, en la operación que derivó en la masacre. Así como de permitir que el Batallón Francisco de Paula Vélez articulara con comandos paramilitares, que supuestamente se usaran comunicaciones con los integrantes del grupo ilegal, y que se adulterara el informe que registró el movimiento de tropas. Además, habían pedido a la Fiscalía que lo acusaran de instruir a testigos para que desviaran las investigaciones. Con su muerte y la consecuente preclusión del caso, nunca se sabrá con certeza si Fandiño jugó algún rol en el grave crimen.

En la Fiscalía sigue el procesamiento de los coroneles José Orlando Acosta Celis, José Fernando Castro10 y Néstor Iván Duque que rindieron indagatoria en 2019. También fueron condenados a 34 años de prisión coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla Petro; y los cabos Ricardo Bastidas Candia y Sabaraín Cruz Reina. Y el subteniente Alejandro Jaramillo Giraldo. Y han sido objeto d eprocedsamiento en Justicia y Paz al menos 29 paramilitares.

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En la Jurisdicción Especial para la Paz se encuentran diez militares que ya habían sido condenados por el Tribunal Superior de Antioquia y por la Corte Suprema de Justicia. Se encuentran en libertad, sin que a la fecha hayan hecho algún aporte de verdad o hayan sido llamados por la JEP a alguna diligencia. Entre ellos están el subteniente del pelotón “Anzoátegui 1” Jorge Humberto Milanés, el subteniente Édgar García de “Anzoátegui 3” y el sargento segundo Darío José Brango “Anzoátegui 2” condenados a 34 años de prisión. En este caso, la Comunidad de Paz rechazó participar en la JEP por considerar que no brinda garantías reales para el procesamiento de los crímenes cometidos en su contra.

La Comunidad de Paz fue declarada así por habitantes de 17 veredas desde 1997 como una forma de rebelarse ante la guerra, no permite la presencia de ningún actor armado en su territorio –ni siquiera fuerza pública- y tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales de la Corte Interamericana desde 2000. Días después de la masacre, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que algunos de sus integrantes serían auxiliadores de la guerrilla, lo que motivó que en 2012 que la Corte Constitucional ordenara un acto de retractación. Y que en 2019 el Consejo de Estado condenara a la Nación por el hecho y ordenara un acto de perdón.