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Este lunes inició un nuevo capítulo en el caso de la niña indígena perteneciente al resguardo embera katío que fue violada el 21 de junio de este año por siete soldados del Ejército de Colombia, en zona rural del municipio de Pueblo Rico (Risaralda). En esta ocasión, nuevos testigos se presentaron ante el procurador delegado para la Fuerza Pública y Policía Judicial, Hernán Rincón Cuellar, quien lidera la indagación disciplinaria contra los uniformados quienes, al mismo tiempo, enfrentan un proceso penal por estos hechos.
Nuevos detalles relacionados con los hechos y con la situación de la menor víctima del ataque de los soldados salieron a flote. El galeno de Medicina Legal que atendió a la menor y realizó el examen medico forense, Campo Elías Ochoa, confirmó que se encontró semen en la ropa interior de la menor y en sus partes intimas. Así, el médico corroboró la versión que la niña entregó en un interrogatorio a solas que se le practicó antes de la revisión. Aunque el galeno explicó que no se pudo determinar a quién, o quiénes, pertenecía el fluido, por cuanto no se hizo un examen para tal fin, el 25 de junio, los militares involucrados en este caso aceptaron cargos y confesaron haber violado a la menor.
Tal como quedó consignado en el informe que fue leído por el médico Ochoa la niña contó que “por la mañana desaparecí de la casa, me fui a la escuela a coger guayabas, a las 6:00 de la tarde el comandante me dijo que me fuera para la casa. Yo ya iba para la casa y un soldado me llamó, empezó a decirme cosas, a tocarme", en ese momento, ocurrió el primer abuso sexual. "Llegaron otros, eran nueve, solo le vi la cara a tres porque estaba oscuro, uno me tapó la boca para que no gritara, me dijeron que era un secreto, que no dijera nada”, continuó la menor.
En el relato que quedó consignado, la niña agregó que la única prenda que le quitaron fue su ropa interior y que en medio de la violación sintió dolor en las piernas, se lo dijo al primer soldado que la accedió y este la soltó, mientras los otros hicieron caso omiso. Además, que luego del ataque, los uniformados le dijeron que no se fuera para su casa y le armaron un cambuche para que ella se acostara a dormir y que un soldado que “no le hizo nada” fue quien la acompañó hasta su casa. (Lea también: El testimonio de los compañeros de soldados señalados de violar a niña embera)
Ya en lo relacionado con el examen médico, explicó Campo Elías Ochoa que el estado general de la niña era bueno, su apariencia poco cuidada y tenía una adecuada interacción. Respecto a su estado mental, explicó que estaba alerta, orientada en tiempo y espacio, con memoria adecuada y narró lo sucedido, en español, de forma calmada y sin mostrar cambios en su estado de ánimo. Respecto a la valoración física, indicó el profesional que no se encontró ninguna lesión traumática en su cuerpo.
Por otro lado, la psicóloga de la Comisaría de Familia de Pueblo Rico, Lenny Maturana, en su testimonio bajo juramento, aseguró que atendió a la niña y encontró que se le estaban violando sus derechos fundamentales. “La niña no tenía tarjeta de identidad, afiliación a salud y tampoco estaba estudiando”, aseguró la profesional. Explicó que llegó al Hospital San Rafael, ubicado en Pueblo Rico, a eso de la 1:00 de la tarde, en compañía de la trabajadora social, María del Carmen Perea, y que, en ese momento, la niña estaba siendo valorada por un médico.
Luego, cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella, manifestó que la encontró “tranquila y estable emocionalmente”. ”Me empezó a referir los presuntos hechos, no evidencié que tuviera algún signo de ansiedad o comportamiento extraño. Tenía lenguaje y tono de voz monótono, no hubo carga emocional en su relato, siempre estuvo estable y contestó a todas las preguntas que le hice", dijo la psicóloga.
Agregó que, aunque su función no era indagar sobre la violación, la niña, de manera espontánea, le contó por qué estaba en el hospital. “Me manifestó que se encontraba en el colegio y que había unos soldados y que uno de ellos le había dicho que se fuera para la casa porque no podía estar porque había soldados en esa zona. Que eran como las 6:00 de la tarde y que estaba cogiendo unas guayabas para hacer jugo. Dijo que ella empezó a irse, pero que luego varios soldados la cogieron a la fuerza y tuvieron relaciones sexuales con ella. No podía preguntarle más para profundizar en los hechos, entonces eso fue lo que me dijo”, contó la testigo.
En su descripción de la niña, dijo que estaba vestida adecuadamente según su contexto sociocultural, que era bajita, de cabello corto, contextura gruesa, con flequillo y tenía máximo 13 años. Aclaró que en su discurso no se notó una madurez superior a la de una niña de su edad y advirtió que la tranquilidad con la que contó los hechos, en ningún momento, desvirtúan que haya sido abusada sexualmente. Explicó que la niña habló en español y que no evidenció agresiones físicas en su cuerpo.
Esta versión fue corroborada por la trabajadora social, María del Carmen Perea, quien constató que la menor no portaba documento de identidad y no tenía acceso a salud y educación. “Encontré que a la niña se le vulneraban sus derechos en cuanto a la salud, educación y no tenía tarjeta de identidad. Llamé a la Comisaría para informarle y activaron la ruta en salud. La niña ya estaba en el hospital en compañía de un Policía", explicó la funcionaria. (Le puede interesar: Soldados se habrían llamado para violar a niña embera chamí: Procuraduría)
Aclaró que su labor fue hablar con la mamá de la menor a quien indagó sobre las dinámicas familiares, cómo vivían en la comunidad, qué comían, si la niña estudiaba, toda la información relacionada con el entorno y las condiciones en las que vivía la víctima. Aclaró que la mamá de la niña accedió a la indagación y que habló en español. Además, que desde la Comisaría de Pueblo Rico enviaron una carta al Ministerio del Interior para confirmar que la menor pertenecía a una comunidad indígena y que, en efecto, la entidad señaló que era del resguardo embera katío.
La médica del Hospital San Rafael, Alejandra Castillejo, también se presentó en la audiencia como testigo. Ella fue la primera médica que recibió y valoró a la pequeña. Narró que le tomó los signos vitales, la pesó, la talló y se encontraba en buen estado. Agregó que ingresó en compañía de una funcionaria de la comisaría y de su hermana, pero que no quería que esta última estuviera presente. La profesional dijo que, en ese momento, la niña manifestó que no quería que la valorara en sus partes íntimas y se le respetaron sus derechos. “Lo que hice fue llamar al asistente forense que concretó con la comisaria que fuera remitida al día siguiente”, concluyó.
Otro testigo que se presentó a la diligencia fue el patrullero de la Policía, Luis Carlos Carmona. “(El 22 de junio) Me llaman para que realice un desplazamiento a colegio Pio XII, me informan que hay un caso de violación de una menor. Me desplazo a pie con mi sargento en compañía de tres auxiliares de Policía. Al llegar, observo a un grupo de indígenas y del Ejército. Me entrevisto con una señora, le pregunto lo sucedido, resulta ser la mamá y ,e informa que su hija en horas de la noche fue abusada por unos soldados. Abordo la menor y las traslado de forma inmediata al centro de salud en compañía de su madre con el fin de reestablecerle sus derechos”, narró el uniformado.
Explicó que al único que entrevistó, en medio de sus labores, fue al sargento viceprimero Juan Carlos Díaz quien le explicó que en horas de la tarde había visto a la niña, pero pensó que se había retirado del lugar, sin saber que ella aun estaba por ahí. Asimismo, explicó que no pudo observar si los cambuches de los soldados estaban dentro del colegio porque el encuentro con los soldados y los familiares de la niña ocurrió antes de llegar a la institución.
El último testigo que se presentó, y el único por parte de la defensa, fue el señor José Esaú Puertas, residente del corregimiento Santa Cecilia (Risaralda), lugar donde ocurrieron los hechos. Explicó que el día que la niña desapareció de su casa, llegó la mamá de la menor a buscarlo y a decirle que la niña no estaba. “La buscamos como hasta las 9:00 de la noche y nada, al otro día como a las 9:00 o 10:00 de la mañana, ella (la menor) contó que la tenían los soldados, eso fue lo que me dijeron", explicó.
Puertas, quien es cercano a la familia pues tuvo dos hijos con una de las hermanas de la niña embera, manifestó que la menor “es una muchacha, ya es una joven”, que nunca antes habían tenido ningún inconveniente con la presencia de soldados en la zona y que no está seguro de si la menor y su familia pertenecían a un resguardo indígena. (Noticia relacionada: A juicio disciplinario los siete soldados acusados de violación y secuestro de niña embera chamí)
Finalmente, los otros dos testigos de la defensa que habían sido citados para rendir su testimonio bajo juramento este lunes, no se presentaron. En el caso de Jaime Alonso Zapata, el abogado defensor solicitó retirar el testimonio y, en el caso de Alejandro Palomeque, lo que ocurrió fue que el testigo manifestó, a través de una carta allegada al despacho que “solicitaba la no comparecencia por temor a represalias”, lo cual fue interpretado por el procurador como la voluntad de esta persona de no rendir su declaración.
El abogado defensor de los soldados, Cristian Valencia, quien ya había advertido la situación en la que se encontraba el testigo Palomeque, trató de cambiar la postura del procurador y le explicó que su testigo presentaría su testimonio siempre y cuando el Estado le garantizara medidas de seguridad a él y a su familia, argumento que no fue validado por el procurador quien tajantemente ordenó el cierre de la etapa probatoria del proceso. Tras la respuesta del despacho, el abogado anunció que tomará acciones legales.
Así las cosas, el próximo 30 de octubre se llevarán a cabo los alegatos de conclusión del caso. Ese día, tanto el abogado defensor de los militares, como el abogado de la menor víctima, expondrán sus conclusiones finales que serán evaluadas por la Procuraduría de cara a que se tome una decisión final y el se conozca los soldados serán sancionados disciplinariamente por los delitos de secuestro y acceso carnal violento.