Sandra Patricia Devia, nueva gobernadora (e) de Córdoba
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo la designación luego de la destitución de Edwin Besaile Fayad por diez años.
Redacción Judicial
A través del decreto 066 del 23 de enero de 2019, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, nombró como gobernadora encargada de Córdoba a Sandra Patricia Devia, quien se desempeña como directora técnica de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior.
Sandra Patricia Devia ya había sido designada como gobernadora encargada de Córdoba en julio de 2018 por una decisión de la Procuraduría, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Devia tendrá el cargo mientras se designa un nuevo gobernador para el departamento.
De igual manera, la ministra Gutiérrez en el mismo decreto hizo efectiva la destitución e inhabilidad por diez años de Edwin Besaile Fayad como gobernador de ese departamento, en cumplimiento del fallo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.
Besaile Fayad, hermano del senador Musa Besaile –investigado, entre otras cosas, por el cartel de la toga–, fue destituido por haber ordenado el pago de $4.988 millones para cubrir 2.181 terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad sin que existiera un contrato entre la gobernación y la IPS Funtierra Rehabilitación.
(Lea: Procuraduría formuló pliego de cargos contra Edwin Besaile por cartel de la hemofilia)
Según el Ministerio Público, en estos hechos, ocurridos entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, participaron Alejandro Lyons, exgobernador del departamento, y los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado y José Jaime Pareja Alemán, quienes también fueron destituidos disciplinariamente por la Procuraduría.
Aunque estas personas explicaron que los pagos obedecían al cumplimiento de fallos de tutela, el órgano de control explicó que, aunque las decisiones debían ser acatadas, “en este caso, las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio y en ningún momento se dispuso (…) la celebración de un contrato”.
En el curdo de este proceso, la Procuraduría recordó que no se puede ordenar pagos de servicios sin la suscripción de un contrato, salvo que exista una amenaza que pueda representar un perjuicio irremediable para la salud de las personas.
(Le podría interesar: Procuraduría destituye e inhabilita por 10 años a Edwin Besaile y Alejandro Lyons)
A través del decreto 066 del 23 de enero de 2019, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, nombró como gobernadora encargada de Córdoba a Sandra Patricia Devia, quien se desempeña como directora técnica de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior.
Sandra Patricia Devia ya había sido designada como gobernadora encargada de Córdoba en julio de 2018 por una decisión de la Procuraduría, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Devia tendrá el cargo mientras se designa un nuevo gobernador para el departamento.
De igual manera, la ministra Gutiérrez en el mismo decreto hizo efectiva la destitución e inhabilidad por diez años de Edwin Besaile Fayad como gobernador de ese departamento, en cumplimiento del fallo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.
Besaile Fayad, hermano del senador Musa Besaile –investigado, entre otras cosas, por el cartel de la toga–, fue destituido por haber ordenado el pago de $4.988 millones para cubrir 2.181 terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad sin que existiera un contrato entre la gobernación y la IPS Funtierra Rehabilitación.
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Según el Ministerio Público, en estos hechos, ocurridos entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, participaron Alejandro Lyons, exgobernador del departamento, y los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado y José Jaime Pareja Alemán, quienes también fueron destituidos disciplinariamente por la Procuraduría.
Aunque estas personas explicaron que los pagos obedecían al cumplimiento de fallos de tutela, el órgano de control explicó que, aunque las decisiones debían ser acatadas, “en este caso, las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio y en ningún momento se dispuso (…) la celebración de un contrato”.
En el curdo de este proceso, la Procuraduría recordó que no se puede ordenar pagos de servicios sin la suscripción de un contrato, salvo que exista una amenaza que pueda representar un perjuicio irremediable para la salud de las personas.
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