Luego de un poco más de una hora de retraso en una diligencia disciplinaria ante la Procuraduría, el contratista Emilio Tapia, finalmente, rindió su declaración sobre el escándalo de contratación irregular suscrito entre este y el Ministerio de las Comunicaciones que pretendía llevar internet a zonas alejadas del país. Tapia quien ya está condenado por el Carrusel de la Contratación se alió con Juan Carlos Cáceres y Juan José Laverde para crear una Unión Temporal conformada por cuatro empresas para ganarse esa licitación. El proyecto prosperó para ellos. No obstante, hoy están perdidos más de $70 mil millones y dejó por fuera del cargo a la entonces ministra de las TIC Karen Abudinen.
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Aunque todo el escándalo se destapó durante el segundo semestre del 2021, solo hasta este miércoles el contratista logró entregar información a la Procuraduría sobre lo ocurrido durante la adjudicación del contrato. Tapia entregó su testimonio en el marco de un proceso disciplinario que se surte en contra de Adriana Mesa, Camilo Jiménez, Sandra Orjuela Luis Duque y Paola Andrea Izquierdo quienes, al parecer, pudieron estar inmersos en esas irregularidades que hoy tienen a Tapia nuevamente tras las rejas y rindiendo cuentas ante las autoridades judiciales.
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Tapia, oriundo de Sahagún, Córdoba, ha dicho que para conseguir el contrato del Mintic, junto con Cáceres y Laverde, crearon la Unión Temporal Centros Poblados compuesta por cuatro empresas, de las cuales dos eran de su propiedad. Para quedarse con la licitación, los socios no solo idearon la estrategia, hicieron cuentas administrativas y técnicas, sino que una vez ganaron el proyecto empezaron a idear la forma en la que conseguirían las pólizas de cumplimiento que era uno de los requisitos para avanzar con el contrato.
Aunque Tapia, hoy en día, se encuentra inmerso en una matriz de colaboración con la Fiscalía para salir bien librado de su proceso judicial, dijo ante el procurador delegado que ningún miembro de la Unión Temporal de la que hizo parte, se comunicó con algún funcionario del ministerio para acordar algunos ajustes en cuanto a la licitación, los pliegos de cargos o los requisitos para quedarse con el proyecto. Recordó que Laverde, hoy detenido por estos hechos, fue el encargado de hacer los trámites para conseguir las pólizas de cumplimiento que eran requeridas para avanzar con el proyecto.
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“Dentro del grupo empresarial hay una de las empresas corredoras de seguros con la que se había venido teniendo un convenio de que ellos entregaban las pólizas para los distintos proyectos que se presentaban (…) esta empresa que nos expidió un sinnúmero de pólizas, no puedo decir cuántas porque fueron muchas de contratos adjudicados y otros no adjudicados, era la empresa que gerenciaba el señor Juan José Laverde de nombre Rave. Rave era la corredora de seguros que nos suministraba las pólizas. Para este contrato se recurrió a ellos, como era la dinámica normal de cualquier proceso licitatorio y ellos eran los encargados de conseguir la póliza de seriedad de la oferta”, resaltó en su relato.
Si bien todo parecía estar en orden en cuanto a esos trámites la preocupación para Tapia llegó, según su dicho, cuando Laverde le mencionó que no podían acceder de manera fácil a esos documentos. “Juan José Laverde me expone que está un poco complejo conseguir la póliza para el proyecto y me dice que va a hacer unas gestiones con el Ministerio de las Tic porque conoce a la persona que estaba ahí dentro del Ministerio manejando el tema de riesgos”, le explicó al procurador. Según Tapia, Laverde de la mano de Rave hizo lo que le correspondía durante varios días sin tener resultados favorables.
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Aunque Tapia no es claro en si Laverde se contactó directamente con algún funcionario del ministerio, lo que sí puso de presente es que les comunicaron que no se podía bajar el nivel de riesgos, por lo que las pólizas sí o sí debían adquirirse. Según el contratista, Laverde le ofreció una segunda opción que vincula al consultor Jorge Molina, cliente y socio de Laverde, con quien ha manejado, tiempo atrás, una serie de garantías bancarias que equivalen a las pólizas requeridas. “Yo le pregunto: explíqueme bien cómo es el tema. Él me dice, este es un cliente de hace más de tres años que tiene un cupo de crédito en el banco Itaú, y ese cupo él consigue la garantía bancaria y, obviamente, hay que pagar unos honorarios porque tiene un lote en Santa Marta que es el que garantiza este cupo de crédito”, reseñó en la diligencia.
Tapia, según expuso, le comunicó la situación a su socio Juan Carlos Cáceres, y entre los dos, consideraron seguir adelante con la segunda opción pese a que los gastos económicos aumentaban, incluso más, a sacar las pólizas. Una vez acordado “el señor Laverde me dice que habló con Jorge Molina que era su cliente y socio en Rave. Eso me dio un parte de tranquilidad, además porque nunca habíamos tenido problema con las pólizas de los contratos que estaban en ejecución. Entonces es así cómo Laverde me informa y me dice que sí es posible conseguir en los tiempos, la garantía bancaria porque ya no era posible la consecución de las pólizas, y que, de resultar adjudicado el contrato, él se encargaba de sacar las pólizas necesarias como lo había hecho antes”.
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Con el aval para avanzar con el trámite, según el contratista, tanto Cáceres como él cancelaron monetariamente lo que les correspondía. El procurador delegado increpó a Tapia y le indagó sobre el costo del procedimiento. “El costo fueron alrededor de casi $200 millones de pesos. Eso se pagó a una cuenta del Banco de Bogotá a nombre de una de las empresas del señor Jorge Molina que, según Juan José Laverde, era la persona quien tenía esos cupos respaldados por un lote en Santa Marta y por el cual el banco tenía esos espacios de garantías”, resaltó y añadió minutos después que una de las condiciones para que se llevara a cabo ese procedimiento era cancelar el valor total de las garantías bancarias y que, además, debía entregar unos honorarios al consultor Molina.
“Lo que se pactó fueron $3.800 millones luego hubo un descuento porque ahí estaban incluidos los honorarios del señor Jorge Molina, y que luego de que se legalizó el contrato él insistía en que tenía participación también por la celeridad en los trámites del banco, entonces, el acuerdo que quedó era que se le daba $2.800 millones y luego se le abrían unos espacios en otros temas para ver si él subcontrataba en temas que tuvieran que ver con obras civiles. De eso se le alcanzó a pagar alrededor de $1.000 millones”, resaltó Tapia y explicó que fueron varios pagos en tres cuotas que se giraron a cuentas bancarias de las empresas de Jorge Molina, de la esposa y de Laverde, y que el saldo se le cancelaría una vez ingresaran flujos del convenio macro.
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La diligencia en la que Tapia reveló las minucias de las garantías bancarias no tardó más de una hora y fue suspendida para el próximo 4 de abril en la que se escuchará los testimonios de los vinculados en el proceso disciplinario. Tapia, por su parte, sigue recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué a la espera que sea llevado ante un juez para que avale su matriz de colaboración con la Fiscalía. Lo que ha trascendido es que Tapia accederá a un principio de oportunidad y a cambio tendrá beneficios en su condena. Esta se suma a la que ya cumplió por el denominado Carrusel de la Contratación de la cual también estuvo enredado en irregularidades en contratos que vinculó la administración del entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno.
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