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8 Oct 2021 - 11:31 p. m.

Caso Mintic: contratista Emilio Tapia estará recluido en La Picota de Bogotá

EL zar de la contratación, Emilio Tapia, será trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá. Había pedido permanecer detenido en Barranquilla, por cuestiones familiares y de salud. Ayer se conoció que podría colaborar para esclarecer el escándalo de Mintic.
Emilio Tapia, el sonado zar de la contratación de Bogotá.
Emilio Tapia, el sonado zar de la contratación de Bogotá.

El juez que procesó en audiencias preliminares a Emilio Tapia, principal imputado en el escándalo de Mintic, no estuvo nada cómodo con las peticiones de la defensa del zar de la contratación, relacionadas con el lugar de detención preventiva. Esta mañana dijo que el Estado no era una “cadena de hoteles” y envió a Tapia a un centro de reclusión del orden nacional. El contratista ya tiene destino.

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Mientras se investiga el escándalo de Mintic, el contratista Emilio Tapia estará recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Tapia, quien tiene tres condenas en contra por el carrusel de la contratación de Bogotá, había solicitado estar recluido en Barranquilla, dada la cercanía de su familia y por problemas de salud. Está imputado esta vez por, supuestamente, conformar la unión temporal Centros Poblados para luego alcanzar un billonario contrato de internet rural con el Mintic, en cuyo proceso de licitación se presentaron garantías bancarias falsas de Itaú.

“Hemos recibido la autorización del juez para trasladar al señor Emilio Tapia Aldana a un centro de reclusión del orden nacional. Por esta situación, en coordinación con el director general del Inpec, se ha dispuesto su traslado para la Unidad de Medidas Especiales de la Penitenciaría La Picota de Bogotá, donde se le brindarán todas las garantías de seguridad para que responda ante la justicia”, explicó el ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela.

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Asimismo, el director general del Inpec, el general Mariano Botero Coy, agregó que a Tapia se le endilgan hechos de corrupción y que desde La Picota podrá comparecer a las audiencias o diligencias siguientes. Tapia había solicitado estar en la cárcel El Bosque de Barranquilla, sin embargo, el juez del caso consideró que esa penitenciaría no cumple con las condiciones necesarias para salvaguardar la salud y seguridad de Tapia. El funcionario judicial remarcó que los procesados no pueden elegir su sitio de reclusión.

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La defensa de Emilio Tapia solicitó el traslado, entre otras razones, porque dio luces de una colaboración con la Fiscalía y quería estar en una reclusión con, en su concepto, mejor seguridad que la cárcel La Modelo, donde el juez del caso había decretado en principio. En una carta conocida por RCN Noticias, Tapia se puso a disposición de la justicia para “dar a conocer de manera amplia, detallada y circunstanciada” cuanto conoce del escándalo.

“Solicito ser escuchado en aras del deber que me asiste, amén de la exposición mediática a la que he sido sometido, de contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la verdad”, explicó Emilio Tapia. Junto a él fueron imputados Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y el funcionario de Seguros Rave, Juan José Laverde, a quien señalan por gestionar la garantía falsa y otros documentos una vez la unión temporal fue seleccionada, en 2020.

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Y Tapia tiene tela de donde cortar, si nos ponemos los lentes de la Fiscalía. Según la hipótesis del ente investigador, el zar de la contratación estaría “tras la sombra” de tres de las cuatro empresas que conformaron la unión temporal Centros Poblados. Según confesión de Juan Carlos Cáceres, propietario de Novotic, una de las organizaciones de la unión, Tapia lo convenció para presentarse a la licitación, contando con el músculo financiero de las otras tres sociedades.

La Fiscalía también tiene la ficha del testigo Jorge Alfonso Molina, quien aceptó haber gestionado junto, al parecer, Juan José Laverde la garantía falsa de Itaú que permitió a Centros Poblados contratar con Mintic. Hoy, los 7.000 centros digitales que prometió la unión temporal quedaron en el papel, con el agravante de que el anticipo de $70.000 millones sigue embolatado. Mintic aseguró que embargó las cuentas de quienes conformaron la unión temporal, pero aún no se sabe nada del dinero.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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