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Para este jueves 23 de enero estaba agendada la instalación del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, la diligencia no se llevará a cabo en esta fecha, pues aun está pendiente un trámite ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual deberá definir la apelación presentada por la defensa del exmandatario respecto a las pruebas decretadas por la jueza Sandra Liliana Heredia durante las audiencias preparatorias.
Así se lo confirmó a este diario Jaime Granados Peña, abogado defensor del exjefe de Estado. De acuerdo con el jurista, esta fecha establecida por la jueza Heredia, del Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, el despacho que llevó las audiencias preparatorias, no podía fijarse hasta que el Tribunal resuelva la apelación que presentó la defensa y la Procuraduría sobre las pruebas que avaló la togada para que sean expuestas en la etapa de juicio. El abogado señaló que no se pronunciará sobre la siguiente fase de la diligencia hasta que el Tribunal resuelva el recurso. El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao también confirmó el aplazamiento.
Y es que, durante las audiencias preparatorias antes del juicio, el Ministerio Público le dio un espaldarazo al líder natural del Centro Democrático y pidió que no se tuvieran en cuenta las interceptaciones telefónicas que hizo la Corte Suprema al abogado Diego Cadena, quien fuera el abogado defensor del exmandatario. Según el ente de control disciplinario, con esas grabaciones se “violaron las garantías” procesales. La apelación también fue adelantada por el abogado Granados Peña.
Esas grabaciones, que fueron aceptadas como pruebas válidas por la jueza Heredia, tienen su origen en 2018 y fueron ordenadas de la Corte Suprema de Justicia. El caso se remite a cuando ese alto tribunal ordenó interceptar las comunicaciones del excongresista Nilton Córdoba, en medio de una investigación en su contra. Por error, el CTI de la Fiscalía terminó grabando las llamadas del expresidente Uribe Vélez en escuchas que duraron casi un mes.
Durante la audiencia la entidad solicitó “respetuosamente al Honorable Tribunal de Bogotá en su Sala de Decisión Penal que intervenga en la decisión objeto de disenso para revocar la decisión (...) referido a la exclusión de las 28 interceptaciones de comunicaciones que se suscitaron entre abogado y cliente y que fueron relacionadas en la solicitud de exclusión en detalle por parte de este delegado del Ministro de Público”.
Entre la información que se recogió durante las grabaciones había conversaciones con el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, sobre quien Uribe Vélez ha dicho que no fue emisario suyo para que privados de la libertad declararan a su favor a cambio de dádivas y hasta asesoría legal gratuita. Sin embargo, Cadena tiene un proceso activo por presunta manipulación de testigos relacionada con el mismo caso y su tarjeta profesional fue retirada debido a estos hechos.
A la hora de tomar su decisión, la jueza Heredia argumentó que no hay lugar a considerar ilegales las interceptaciones porque fueron ordenadas por la Corte Suprema de Justicia y que son importantes para avanzar en el juicio oral en contra del expresidente. “Se habilita a este estrado para estudiar la admisibilidad de las escuchas de las líneas telefónicas de Diego Cadena, Juan José Salazar, Fabián Rojas, Luz Marina Pineda (mamá de Juan Guillermo Monsalve) y Álvaro Uribe”, señaló la togada durante las audiencias preparatorias.
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