Se avecinan las primeras sentencias de la JEP: ¿qué esperar?

El reconocimiento de ex-Farc de miles de secuestros echó a andar el proceso para las sanciones./ Mauricio Alvarado

Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

En 2023 se conocerán las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema creado en el Acuerdo de Paz para juzgar y sancionar a los máximos responsables de la guerra. Si se cumplen los términos, en el primer semestre del año el Tribunal para la Paz emitirá los fallos de al menos tres casos: el del secretariado de las antiguas Farc por secuestro (macrocaso 01) y dos subcasos de ejecuciones extrajudiciales (macrocaso 03), por crímenes cometidos en Catatumbo y Cesar. Las expectativas están puestas no solamente en la llegada misma de las decisiones, sino en que tendrán que materializar el componente más novedoso de la JEP: las sanciones propias.

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En palabras de Paola Molano Ayala, coordinadora de Justicia Transicional de Dejusticia, “estas primeras sanciones son un desafío, pero aún más si se piensa que, en adelante, va a ser muy difícil para la JEP moverse del precedente que fije ahora”. En ese sentido, la abogada considera que hay dos frentes a resolver antes de las sentencias. Por un lado, la capacidad de ejecutar las sanciones, ya que al ser penas distintas a la prisión no entran en el resorte del Inpec y no es claro quién debe vigilar ese cumplimiento. Y de otro lado, la manera en la que se van a comunicar estas decisiones. “De aquí en adelante la JEP comienza a jugar su credibilidad”, añadió Molano.

Lo que viene

Siete exjefes de las Farc, 20 militares y un civil, que fueron imputados como máximos responsables y que han reconocido su responsabilidad en estos tres expedientes, fueron remitidos a la Sección de Reconocimiento de Verdad entre octubre y diciembre. Esa sala ahora tiene seis meses para estudiar el caso, tiempo en el que puede llamar a víctimas, comparecientes y hasta a los magistrados que condujeron cada investigación para aclarar algún punto. Al final debe estudiar las propuestas que hicieron exmiembros del Ejército y exguerrilleros para reparar a sus víctimas y decidir si encajan en lo que el Tribunal para la Paz ha definido que debe ser una sanción.

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Como se pactó en el Acuerdo, quienes reconozcan responsabilidad ante la JEP no pagarán cárcel. Su libertad será restringida de otras maneras, pero el componente central de la sanción es restaurar a las víctimas de los daños que sufrieron en el conflicto armado. Estos dos elementos, considera la abogada Molano, merecen un mayor desarrollo en las sentencias. “Uno, en qué consiste la restricción efectiva de la libertad, porque eso está muy amplio en el Acuerdo. ¿Qué derechos se restringen y en qué condiciones? Segundo, el componente restaurativo de las sanciones, porque parece que hubiera una confusión con la reparación integral de las víctimas”, añadió.

Las propuestas de sanciones

En el caso de secuestro, los magistrados instructores recomendaron que todo el secretariado reciba sanciones de ocho años -la máxima que puede imponer la JEP a quienes reconozcan responsabilidad-, menos el canciller de las Farc, Rodrigo Granda, quien podría recibir cinco años. Durante este tiempo deberán dedicarse a las reparaciones que dicte el Tribunal para la Paz o las que ellos mismos propusieron. En concreto, los exjefes de las Farc plantearon enfocarse en el desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas, la protección y restauración del páramo de Sumapaz y la construcción de una estrategia pedagógica sobre el secuestro.

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En los dos subcasos de falsos positivos, en los que ya se emitieron resoluciones de conclusiones, los magistrados no recomendaron un tiempo específico de sanción, que en últimas lo define el Tribunal. En el subcaso de Cesar, los magistrados les dieron el visto bueno a cuatro propuestas de los 12 militares que aceptaron su rol: un proyecto para dignificar el buen nombre de las víctimas y de los pueblos indígenas wiwa y kankuama, especialmente golpeados por estos crímenes, la construcción de un museo sobre el conflicto en Cesar y el Caribe, la restauración y recuperación de cuencas hídricas en la región y la contribución en escenarios espirituales indígenas.

En el caso de Catatumbo, los magistrados condensaron en siete proyectos las propuestas de 10 militares, un civil y sus víctimas. Estas son: construir un salón en el Museo de la Memoria dedicado a los falsos positivos, un parque de memoria sobre el mismo fenómeno, instalar placas en los lugares donde se aprehendió a las víctimas que posteriormente fueron asesinadas y la construcción de un centro de encuentro para las víctimas, así como recreación y deporte para los jóvenes de las comunidades más afectadas. También la elaboración de un documental que cuente la historia de esta subregión y cátedras “para la no repetición” en escuelas militares.

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La JEP citó en diciembre a una audiencia para definir cómo las necesidades e iniciativas de distintas entidades pueden encajar con los proyectos de sanción propia. La próxima diligencia será en febrero y, para entonces, los ministerios y departamentos que citó la Sección de Primera Instancia de Reconocimiento deberán presentar las medidas que han tomado para materializar las sanciones. Solo hasta que ese camino esté arado se conocerán, por fin, las sentencias que le contarán al país la verdad judicial sobre dos de los fenómenos más recordados de la guerra -el secuestro y las ejecuciones extrajudiciales-, a la vez que sancionan a los responsables de una manera novedosa.