El abogado de Aída Merlano, Silvio Sanmartín Quiñones Ramos, rechazó duramente la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de anular la elección de Merlano como senadora, por presuntos hechos de corrupción. De acuerdo con Quiñones, el alto tribunal estaría violando el derecho a un debido proceso de Merlano, porque “el proceso de la Corte Suprema de Justicia está solo en juicio y aquí están tomando una decisión, como si hubiera una condena en contra de ella y con pruebas que están todavía debatiéndose”.
En la noche del jueves, el Consejo de Estado emitió un comunicado de prensa en el que señaló que anulaba la elección de Merlano, en los comicios legislativos de 2018, al considerar que “sí existió una organización liderada por la señora Aida Merlano que tenía como propósito principal” la compra de votos. De acuerdo con el Consejo de Estado, Merlano, quien está recluida en la cárcel El Buen Pastor mientras avanza su juicio en la Corte Suprema, “afectó de manera grave la organización política del país”.
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Pero, a juicio de Quiñones, la Sección Quinta del Consejo de Estado “está tomando decisiones que, a todas luces, son prejuzgativas”, pues no hay una condena en firme contra Merlano. En ese sentido, también se refirió a las pruebas con las que el Consejo de Estado tomó la decisión y dijo que todavía están debatiéndose. Y añadió que el testimonio de Francisco Palencia, testigo clave en este caso, no debe tomarse en cuenta, pues “dice mentiras en todas las instancias judiciales (…) no es un testigo fehaciente e imparcial”.
Según el comunicado del Consejo de Estado sobre la decisión, “se afectó la pureza del sufragio y la libertad de los votantes”, desconociéndose así “el derecho a elegir y ser elegido y a que el voto sea libre y secreto, además, de todos los principios democráticos de orden constitucional que rigen la materia electoral”. Además, el alto tribunal afirmó que “las prácticas corruptas adelantadas directa o indirectamente por candidatos a cargos de elección que afecten la pureza y libertad del voto de los electores, constituyen una causal de nulidad electoral independiente”.
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Aunque Quiñones agregó que como aún no han sido notificados de la decisión, no se puede pronunciar de fondo sobre el fallo del Consejo de Estado. Pero sí advirtió, en cambio, que, desde ya, están analizando qué caminos tomar, como acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e interponer, “eventualmente, una tutela por una vía de hecho por parte del Consejo de Estado”.
Por Redacción Judicial
