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6 Nov 2021 - 4:09 p. m.

Se mueve el demorado juicio de Hugo Aguilar relacionado con el Parque Chicamocha

La Corte Suprema le negó a Hugo Aguilar, gobernador de Santander entre 2004 y 2007, el interrogatorio a un perito de la Fiscalía, con lo cual quería desvirtuar su acusación por supuestas irregularidades en la puesta en marcha del Parque Nacional Chicamocha.
Busto de Hugo Aguilar en el Parque Nacional Chicamocha.
Busto de Hugo Aguilar en el Parque Nacional Chicamocha.
Foto: Parque Nacional del Chicamocha

El exgobernador de Santander Hugo Aguilar, recordado por liderar el operativo que dio con la muerte de Pablo Escobar y condenado por alianzas con paramilitares, tiene en sus espaldas un dilatado proceso por supuesta contratación irregular para la creación del Parque Nacional Chicamocha. Había pedido interrogar a un perito y escuchar la voz de otro profesional, pero la Corte Suprema acaba de negarle la petición.

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En 2009, la Fiscalía inició las pesquisas contra Aguilar por 12 contratos relacionados con la construcción, diseño y construcción del Parque Nacional Chicamocha, uno de los centros de turismo más importantes de la región. Las autoridades le siguen la pista por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Sin embargo, recién hasta abril de 2018 fue acusado formalmente y, una vez superada la fase probatoria, debería estar a punto de conocer el resultado del juicio.

A la defensa de Aguilar, sin embargo, le llama la atención que el 22 de enero de 2019 la Fiscalía presentó un primer informe en el cual no se demostró daño emergente por parte de las actuaciones del exgobernador. Tiempo después, utilizando la totalidad de las pruebas del proceso, el ente investigador presentó un nuevo informe, el 4 de junio de 2019, en el cual se habría determinado daños por parte de quien era el administrador de Santander.

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Por tanto, recientemente la defensa de Aguilar solicitó interrogar al perito Jesús Sepúlveda, profesional de Gestión II de la Fiscalía, quien rindió el dictamen de perjuicios, pues las aclaraciones que dio durante el proceso no dejaron satisfecho al acusado. La defensa del exgobernador pidió esa prueba sobreviniente, pues en su concepto era necesario conocer de su voz las características técnicas metodológicas que usó en el segundo informe.

“El perito en su declaración podrá determinar la naturaleza de los recursos objeto de apropiación que determinaron el daño para el departamento de Santander”, reza el expediente. Además, la defensa de Aguilar buscaba que el perito Sepúlveda explicara por qué el primer informe no encontró daños al departamento y por qué, en el segundo documento, concluyó que hubo un daño patrimonial al poner en marcha el parque nacional. También, Aguilar le pidió a la Corte escuchar al perito Oscar Guillermo Vergara quien, según la defensa, podría derribar la acusación en su contra.

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Para empezar, la Corte Suprema negó la petición de interrogar al perito de la Fiscalía, tras la búsqueda de Aguilar por una prueba sobreviniente. “El testimonio del perito Jesús Sepúlveda (…) no tiene un carácter excepcional o sobreviniente; es decir, que sorprenda o que devenga de otra prueba, pues nace de los informes periciales por él rendidos, los cuales ya fueron objeto de aclaración por petición de la defensa”, explicó la alta corte.

La Corte Suprema concluyó que controvertir el dictamen en el presente estado procesal sería revivir etapas que ya tiene su fin. Por otro lado, el nuevo perito de Aguilar tampoco será escuchado en juicio, pues ese no es el camino para lograr la contradicción probatoria. Para ello, Aguilar pudo haber usado la aclaración, ampliación o adición, recursos que ya utilizó en el pasado. Así entonces, el exgobernador queda con un informe pericial que lo pone contra la espada y la pared.

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Aguilar podría enfrentar una nueva condena, por hechos relacionados con el mismo parque donde tiene un busto en su honor como tributo político. En 2013, por otro lado, la misma Corte Suprema lo condenó a nueve años de prisión por aliarse con grupos paramilitares, de los cuales recibió apoyo político y electoral durante su campaña a la gobernación. Su hijo, Richard Aguilar, está acusado por presuntamente direccionar contratos a favor de amigos, familiares y particulares durante su administración como gobernador de Santander entre 2012 y 2015.

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