Secuestro de diputados del Valle, consecuencia de omisiones de la Policía: Consejo de Estado

El 14 de septiembre de 2020 no fue un día fácil de digerir para las familias de los 11 diputados del Valle a los que las Farc ejecutaron, tras cinco años de cautiverio, el 18 de junio de 2007 en algún lugar del selvático suroccidente colombiano. “El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”, admitió el ahora partido FARC. “Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias familias –hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos– que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos;”, agregaron antiguos jefes de guerra como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo o Pastor Alape.

(Lea también: Familias de diputados del Valle aún quieren “saber la verdad”, dice su abogado)

Horas después de este reconocimiento de responsabilidad –tan importante en el marco de la historia del conflicto colombiano–, y mientras las palabras de los exguerrilleros aún resonaban en mentes y almas de las familias de los diputados, trascendió al cierre del día una segunda noticia: el Consejo de Estado determinó que, además de las Farc, el Estado colombiano tenía responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato de Ramiro Echeverry, Héctor Arismendy, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Rufino Varela, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Juan Carlos Narváez, Carlos Barragán Alberto Quintero Herrera y Jairo Javier Hoyos Salcedo.

La responsabilidad, dijo el alto tribunal, cayó especialmente sobre la Policía, pues se documentó que a esta entidad, en más de una ocasión, se le pidió reforzar las medidas de seguridad de la Asamblea. El 13 de febrero de 2002 (dos meses antes del secuestro masivo), su presidente, Juan Carlos Narváez, pidió refuerzos. “La situación de orden público en materia de seguridad se ha tornado más violenta en los últimos tiempos, razón por la que se hace necesario, adoptar al máximo todas las medidas tendientes a minimizar los riesgos tanto de los Diputados como de las personas que laboran y permanecen dentro del edificio de la Asamblea”, escribió al comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

(Le puede interesar: Relato del patólogo que identificó a los 11 diputados del Valle)

Narváez pidió, entre otras cosas, que se reforzara la presencia de la Policía y que se requisara “toda maleta” que ingresara al edificio y que, con excepción de los escoltas de los diputados, nadie pudiera entrar armado. Ocho días después, Narváez reiteró su petición: “Con preocupación observo que hasta el momento no se le está dando cumplimiento”, dijo. La Policía respondió positivamente un par de días más tarde y, en marzo, se organizó una sesión para discutir las medidas de seguridad. La sesión fue el 14 de marzo y, el 16, monseñor Isaías Duarte Cancino pasó a la historia como el mayor jerarca de la Iglesia colombiana en ser asesinado. La inquietud en la Asamblea solo creció.

“Los últimos acontecimientos donde fue cegada la vida del Excelentísimo señor Arzobispo Isaías Duarte Cancino, son una clara muestra del estado de descomposición social del país, que ameritan extremar al máximo las medias que reduzcan al mínimo, los riesgos para la vida e integridad física de los asociados”, enfatizó el diputado Narváez ante la Policía el 18 de marzo de 2002. Sus súplicas, sin embargo, no surtieron el efecto deseado. El 11 de abril de ese año, vestidos de militares, guerrilleros de las Farc se metieron a la Asamblea, ubicada en el centro de Cali, y se llevaron a doce de los diputados hacia los Farallones. Cinco años después, solo sobrevivía Sigifredo López.

(Lea también: “Nunca fue un trato digno”, reclaman familiares de los diputados del Valle)

Los demás diputados fueron acribillados por una perversa instrucción que dio el secretariado de las Farc desde que hizo del secuestro un arma política y un negocio: matar a sus rehenes si la fuerza pública trataba de rescatarlos. Ese día, han dicho guerrilleros desmovilizados a la justicia, las Farc creyeron que se había desatado un enfrentamiento con el Ejército y segaron la vida de los diputados, lo cual fue “una afectación del Derecho Internacional Humanitario DIH y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH”, concluyó el Consejo de Estado en su fallo de 215 páginas, que no admitió la posición estatal de que la responsabilidad de lo ocurrido era solo de la guerrilla.

Para el Consejo de Estado, las tareas asignadas por la Constitución a la fuerza pública son indiscutibles, entre esas la de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”. Y en mantener su posición como garante con respecto a los diputados del Valle, dijo el alto tribunal, la Policía falló por omisión. “Se tiene que fue el actuar negativo ‘el no hacer’ lo que permitió que se ocasionara el hecho dañoso por parte de los particulares [...] si bien el daño tuvo lugar por un tercero, lo cierto es que éste se posibilitó y concretó a partir de la falla en el servicio en la que incurrió la entidad demandada”.

“La falta de acción de la autoridad jugó un papel preponderante” en la ejecución del secuestro, concluyó el Consejo de Estado. Esa omision, insistió, facilitó que las Farc actuaran en contra de la integridad de los 12 diputados que se llevaron bajo engaños el 11 de abril de 2002. La Policía, concluyó el alto tribunal, “conocía del riesgo al que estaban expuestas las víctimas”, y cuando se le preguntó qué hizo ante los llamados del diputado Juan Carlos Narváez, “no acreditó la realización de acciones positivas y concretas para dar respuesta a los requerimientos de protección suplicados por los miembros de la corporación departamental”.

(Vea: “No ha debido ocurrir”: Pablo Catatumbo sobre asesinato de diputados del Valle)

Para la Policía no hubo tal omisión. El día del plagio, respondió la institución, había “vigilancia policiva a la entrada del edificio”, requisas y dos policías quedaron asignados a la sede de la Asamblea, al punto que uno de ellos se percató de la farsa que gestaron las Farc para ingresar y por ello fue asesinado. “llama la atención de la Sala que la accionada no explicó de qué manera el presunto registro constituía una medida adecuada para menguar el impacto de la amenaza de seguridad perpetrada por el grupo insurgente y tampoco demostró que la citada vigilancia haya tenido la categoría suficiente para rechazar el ataque subversivo”, observó el Consejo de Estado.

El alto tribunal encontró que las medidas dispuestas por la Policía, simplemente, no solo fueron suficientes sino “con un descuido tal” que la guerrilla ingresó a la sede de la Asamblea “de manera libre, sin ningún tipo de control en la puerta del recinto, guiaron a los asambleístas a una buseta blanca que estaba parqueada al frente de las instalaciones de la asamblea y conduciendo por las calles de la ciudad se los llevaron sin ninguna oposición”. El Consejo de Estado resaltó que el Estado tiene “la obligación positiva” de responder con efectividad cuando se pide protección por amenazas, bien sean ordinarias o extremas.

“Para la Sala, es suficientemente claro que la muerte en cautiverio de los 11 diputados es una consecuencia directa de la omisión en el cumplimiento del deber de protección que le asistía a la Policía Nacional”, destacó el Consejo de Estado, que ordenó al Ministerio de Defensa realizar un acto público para admitir responsabilidad y pedir perdón a las víctimas. Así como, en marzo y diciembre de 2016, en actos más privados que abiertos, les pidieron perdón las Farc. “Esperamos que el futuro permita sanar las heridas”, les dijo el propio Pablo Catatumbo a las víctimas en diciembre de 2016, en la iglesia San Francisco de Cali.

El 14 de septiembre de 2020 no fue un día fácil de digerir para las familias de los 11 diputados del Valle a los que las Farc ejecutaron, tras cinco años de cautiverio, el 18 de junio de 2007 en algún lugar del selvático suroccidente colombiano. “El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”, admitió el ahora partido FARC. “Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias familias –hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos– que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos;”, agregaron antiguos jefes de guerra como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo o Pastor Alape.

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Horas después de este reconocimiento de responsabilidad –tan importante en el marco de la historia del conflicto colombiano–, y mientras las palabras de los exguerrilleros aún resonaban en mentes y almas de las familias de los diputados, trascendió al cierre del día una segunda noticia: el Consejo de Estado determinó que, además de las Farc, el Estado colombiano tenía responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato de Ramiro Echeverry, Héctor Arismendy, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Rufino Varela, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Juan Carlos Narváez, Carlos Barragán Alberto Quintero Herrera y Jairo Javier Hoyos Salcedo.

La responsabilidad, dijo el alto tribunal, cayó especialmente sobre la Policía, pues se documentó que a esta entidad, en más de una ocasión, se le pidió reforzar las medidas de seguridad de la Asamblea. El 13 de febrero de 2002 (dos meses antes del secuestro masivo), su presidente, Juan Carlos Narváez, pidió refuerzos. “La situación de orden público en materia de seguridad se ha tornado más violenta en los últimos tiempos, razón por la que se hace necesario, adoptar al máximo todas las medidas tendientes a minimizar los riesgos tanto de los Diputados como de las personas que laboran y permanecen dentro del edificio de la Asamblea”, escribió al comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

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Narváez pidió, entre otras cosas, que se reforzara la presencia de la Policía y que se requisara “toda maleta” que ingresara al edificio y que, con excepción de los escoltas de los diputados, nadie pudiera entrar armado. Ocho días después, Narváez reiteró su petición: “Con preocupación observo que hasta el momento no se le está dando cumplimiento”, dijo. La Policía respondió positivamente un par de días más tarde y, en marzo, se organizó una sesión para discutir las medidas de seguridad. La sesión fue el 14 de marzo y, el 16, monseñor Isaías Duarte Cancino pasó a la historia como el mayor jerarca de la Iglesia colombiana en ser asesinado. La inquietud en la Asamblea solo creció.

“Los últimos acontecimientos donde fue cegada la vida del Excelentísimo señor Arzobispo Isaías Duarte Cancino, son una clara muestra del estado de descomposición social del país, que ameritan extremar al máximo las medias que reduzcan al mínimo, los riesgos para la vida e integridad física de los asociados”, enfatizó el diputado Narváez ante la Policía el 18 de marzo de 2002. Sus súplicas, sin embargo, no surtieron el efecto deseado. El 11 de abril de ese año, vestidos de militares, guerrilleros de las Farc se metieron a la Asamblea, ubicada en el centro de Cali, y se llevaron a doce de los diputados hacia los Farallones. Cinco años después, solo sobrevivía Sigifredo López.

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Los demás diputados fueron acribillados por una perversa instrucción que dio el secretariado de las Farc desde que hizo del secuestro un arma política y un negocio: matar a sus rehenes si la fuerza pública trataba de rescatarlos. Ese día, han dicho guerrilleros desmovilizados a la justicia, las Farc creyeron que se había desatado un enfrentamiento con el Ejército y segaron la vida de los diputados, lo cual fue “una afectación del Derecho Internacional Humanitario DIH y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH”, concluyó el Consejo de Estado en su fallo de 215 páginas, que no admitió la posición estatal de que la responsabilidad de lo ocurrido era solo de la guerrilla.

Para el Consejo de Estado, las tareas asignadas por la Constitución a la fuerza pública son indiscutibles, entre esas la de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”. Y en mantener su posición como garante con respecto a los diputados del Valle, dijo el alto tribunal, la Policía falló por omisión. “Se tiene que fue el actuar negativo ‘el no hacer’ lo que permitió que se ocasionara el hecho dañoso por parte de los particulares [...] si bien el daño tuvo lugar por un tercero, lo cierto es que éste se posibilitó y concretó a partir de la falla en el servicio en la que incurrió la entidad demandada”.

“La falta de acción de la autoridad jugó un papel preponderante” en la ejecución del secuestro, concluyó el Consejo de Estado. Esa omision, insistió, facilitó que las Farc actuaran en contra de la integridad de los 12 diputados que se llevaron bajo engaños el 11 de abril de 2002. La Policía, concluyó el alto tribunal, “conocía del riesgo al que estaban expuestas las víctimas”, y cuando se le preguntó qué hizo ante los llamados del diputado Juan Carlos Narváez, “no acreditó la realización de acciones positivas y concretas para dar respuesta a los requerimientos de protección suplicados por los miembros de la corporación departamental”.

(Vea: “No ha debido ocurrir”: Pablo Catatumbo sobre asesinato de diputados del Valle)

Para la Policía no hubo tal omisión. El día del plagio, respondió la institución, había “vigilancia policiva a la entrada del edificio”, requisas y dos policías quedaron asignados a la sede de la Asamblea, al punto que uno de ellos se percató de la farsa que gestaron las Farc para ingresar y por ello fue asesinado. “llama la atención de la Sala que la accionada no explicó de qué manera el presunto registro constituía una medida adecuada para menguar el impacto de la amenaza de seguridad perpetrada por el grupo insurgente y tampoco demostró que la citada vigilancia haya tenido la categoría suficiente para rechazar el ataque subversivo”, observó el Consejo de Estado.

El alto tribunal encontró que las medidas dispuestas por la Policía, simplemente, no solo fueron suficientes sino “con un descuido tal” que la guerrilla ingresó a la sede de la Asamblea “de manera libre, sin ningún tipo de control en la puerta del recinto, guiaron a los asambleístas a una buseta blanca que estaba parqueada al frente de las instalaciones de la asamblea y conduciendo por las calles de la ciudad se los llevaron sin ninguna oposición”. El Consejo de Estado resaltó que el Estado tiene “la obligación positiva” de responder con efectividad cuando se pide protección por amenazas, bien sean ordinarias o extremas.

“Para la Sala, es suficientemente claro que la muerte en cautiverio de los 11 diputados es una consecuencia directa de la omisión en el cumplimiento del deber de protección que le asistía a la Policía Nacional”, destacó el Consejo de Estado, que ordenó al Ministerio de Defensa realizar un acto público para admitir responsabilidad y pedir perdón a las víctimas. Así como, en marzo y diciembre de 2016, en actos más privados que abiertos, les pidieron perdón las Farc. “Esperamos que el futuro permita sanar las heridas”, les dijo el propio Pablo Catatumbo a las víctimas en diciembre de 2016, en la iglesia San Francisco de Cali.