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Con la barba tupida y los ojos cansados, tras exactamente dos meses de haber sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, aparecieron en el primer video entregado por el grupo armado como prueba de su supervivencia.
La grabación conocida en las últimas horas fue difundida por el propio Eln, grupo ilegal que semanas atrás ya había aceptado su responsabilidad en el secuestro de los funcionarios, en hecho ocurridos el pasado 8 de mayo, en vías del municipio de Fortul (Arauca). Desde su desaparición, no se conocían noticias de los dos hombres que se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptados.
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Como si se trata de la presentación de un programa de televisión o de un noticiero nacional, un hombre vestido de camuflado, con un pañuelo marcado con las siglas del Eln cubriendo su rostro y un arma cruzada en su pecho, da paso en el video a las declaraciones de los dos funcionarios. Ambos coincidieron en pedirle al Gobierno Nacional que gestione las conversaciones y canales necesarios para lograr su liberación.
La voz de los secuestrados
El primero en hablar en el video es Rodrigo Antonio López Estrada, quien se identificó como escolta al servicio de la Fiscalía General de la Nación. El funcionario, con la voz entrecortada, le pidió al presidente, Gustavo Petro, y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que no ahorren esfuerzos para lograr su liberación.
“Tomen los canales necesarios para que se dé esta pronta liberación. A la fecha no han hecho nada, ni el presidente Gustavo Petro ni la Fiscalía, para que se den los canales por intermedio de la ONU y de la Defensoría del Pueblo, para la liberación. Vamos para dos meses y no han hecho nada. Yo pregunto: ¿Hasta cuándo hay que esperar a que la Fiscalía y el presidente de la República hagan los canales con el Eln para la liberación?”, dijo López Estrada.
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A renglón seguido, le pidió a su familia que se acerque al ente investigador y le pidan a las autoridades que les entreguen los soportes relacionados con la labor de búsqueda que deberían estar adelantando. También a la Defensoría del Pueblo y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que, como defensores de los derechos humanos, hagan “presión a la Fiscalía y al presidente Gustavo Petro para nuestra liberación, porque a la fecha no han hecho nada”.
En la misma línea se pronunció Jesús Antonio Pacheco Oviedo, agente de protección de seguridad de la Fiscalía. El funcionario envió un saludo a su familia, a sus hijos y su esposa, y le pidió al Gobierno Nacional que no deje de lado las acciones necesarias para su liberación.
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“Al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que se acuerde que nosotros somos servidores públicos y nos servimos al Estado. Usted, como cabeza del Estado, busque caminos de cooperación y comunicación con el Eln, afín de que nosotros podamos salir de esta situación en la que nos encontramos como prisioneros de guerra”, dijo Pacheco Oviedo.
También hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la comunidad internacional y organismos defensores de derechos humanos, a la Iglesia Católica y a la ONU para que, “medien con el Eln y las instituciones del Estado para salir de esta situación en la cual nos encontramos”.
Sobre el secuestro de los funcionarios
El pasado 8 de mayo se confirmó el secuestro de los funcionarios López Estrada y Pacheco Oviedo, agentes del CTI de la Fiscalía en el departamento de Arauca. Tras conocerse la noticia, el Eln, que opera en esa región del país, se atribuyó la responsabilidad del hecho.
Según la información entregada por las autoridades, el secuestro ocurrió en la vereda La Esmeralda, zona rural de Arauquita. Los funcionarios se movilizaban en una camioneta por la vía que comunica al municipio de Fortul, cuando fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron.
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Las autoridades señalaron como responsable a la estructura Camilo Cienfuegos, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del Eln. La misma estructura desde la cual se emitió recientemente el comunicado con la prueba de supervivencia. Ese grupo armado señaló por medio de otra misiva que, al momento del secuestro, los funcionarios portaban el armamento de dotación de la institución.
Agregaron que se les aplicaría “el debido proceso conforme a la normatividad”. Sin embargo, a dos meses del secuestro, sus familias siguen esperando su liberación y los propios funcionarios, de viva voz desde el cautiverio, piden que no se ahorren esfuerzos para que puedan regresar sanos y salvos a casa.
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