Seguimientos ilegales, secuestros, interrogatorios, torturas, violencia sexual, asesinatos, desapariciones forzadas. Esos son algunos de los hechos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue documentando en el último tramo de sus imputaciones a comparecientes por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Este 11 de noviembre, el llamado fue para ocho exintegrantes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido también como Brigada 20 del Ejército. Los exuniformados fueron imputados por su presunta responsabilidad en 14 hechos criminales contra 18 integrantes del partido Unión Patriótica y en 13 crímenes contra integrantes o presuntos colaboradores de grupos guerrilleros en Bogotá.
La imputación está relacionada con dos de los macrocasos de la JEP. El 06, que investiga el genocidio contra el partido político Unión Patriótica (UP), un hecho representativo del conflicto en Colombia y por el cual, incluso, el Estado colombiano fue condenado internacionalmente. Y el caso 08, que aborda los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. La investigación fue liderada por la magistrada Catalina Díaz Gómez. Se trata de la última imputación que emitirá su despacho y la primera contra exagentes de inteligencia que hace esta instancia de justicia transicional.
Durante cuatro años, la JEP revisó miles de expedientes que llevaban décadas bajo reserva en unidades militares y que permitieron mapear cómo, entre 1985 y 1993, la Inteligencia Militar colombiana emprendió una campaña de violaciones de derechos humanos con el objetivo de contener “una posible insurrección”. En palabras de la magistrada Catalina Díaz Gómez, buscaban “evitar que el comunismo se tomara el poder”, ante las demandas de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. “Los ocho comparecientes integraron una empresa criminal ejecutada por el aparato de inteligencia militar estratégica. Su funcionamiento dependió de un plan común y de una división funcional del trabajo”, dice el auto.
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Los crímenes contra la UP
Uno de los patrones criminales identificados por la JEP corresponde a los hechos enmarcados en el genocidio de la UP, que surgieron del acuerdo firmado entre el gobierno del expresidente Belisario Betancur y las Farc en 1984. Según la investigación, el movimiento que nació de esa negociación de paz fue considerado por algunos sectores, incluida la Inteligencia Militar, como el “brazo político” de la guerrilla. Sus integrantes fueron perseguidos en una ola de violencia que, según la propia JEP, dejó 5.733 muertos y desaparecidos entre su año de creación y el 2016. “La estigmatización se incorporó en las apreciaciones y resúmenes semanales de inteligencia, radiogramas, misiones de trabajo, archivos operacionales y discursos públicos”, dice el auto.
La imputación señala que la violencia contra ese partido político fue “pública, persistente y conocida por las autoridades”. Uno de los casos es el de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila, quienes habían sido amnistiados y tenían un importante rol político como voceros de la UP en Bogotá. El 16 de junio de 1987, agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hicieron un allanamiento a una casa en el barrio San Vicente, de la capital, donde fueron capturados. Los llevaron a una sede del DAS, los interrogaron, luego los acusaron de terrorismo ante un juez y los enviaron a la cárcel La Modelo. Una semana después quedaron libres, pero al salir del penal fueron interceptados por desconocidos, asesinados y abandonados en la vía entre Bogotá y Villavicencio.
El auto de 692 páginas también recoge el caso de José Miller Chacón, dirigente de la UP y secretario nacional del Partido Comunista. El 25 de noviembre de 1993, en una calle al sur de Bogotá, un sicario que se movilizaba en motocicleta le disparó una ráfaga de ametralladora cuando el político iba en su carro hacia su casa. Su nombre ya había aparecido en una lista de amenazados por un “Plan Golpe de Gracia” contra integrantes de la UP. Incluso, el movimiento político puso la situación en conocimiento del entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, el 29 de julio de 1993, y pidió protección para los amenazados. También entregaron información sobre perfilamientos y seguimientos previos. Nadie los escuchó. Lo asesinaron.
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Violencias contra integrantes de guerrillas
La Sala JEP también recopiló casos relacionados con el patrón criminal de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos contra integrantes o supuestos miembros de grupos guerrilleros en Bogotá, que no estaban en combate. La JEP señaló que los exuniformados imputados, que integraron la Inteligencia Militar, hicieron parte de un plan para doblegar supuestos intentos de estructuras guerrilleras por tomarse el poder en la capital. “Buscaban obtener información sobre estructuras, contactos, planes y ubicaciones, y debilitar a las organizaciones insurgentes en Bogotá, al margen de cualquier control judicial, todo con el fin de contener una insurrección general en el país”, dice el auto.
Uno de los hechos más representativos en el marco del conflicto armado es el de Nydia Érika Bautista, integrante del M-19. El 30 de agosto de 1987, la joven salió de su casa en Kennedy para acompañar a una familiar a tomar un taxi luego de celebrar la primera comunión de su hijo. Desconocidos la retuvieron y la llevaron hasta una finca en Soacha (Cundinamarca), que funcionaba como centro de operaciones clandestinas de Inteligencia Militar. La tuvieron tres días allí. Fue torturada y abusada sexualmente por los exmilitares que le dijeron a la JEP que todos “pasaron por ella”. Luego fue asesinada y su cuerpo abandonado en la vía entre Bogotá y Villavicencio. “Como quedó consignado en el acta de levantamiento del cadáver, al momento de la inhumación, la víctima no contaba con ropa interior”, dice la decisión. Fue sepultada como persona no identificada en el cementerio de Guayabetal, donde la identificaron en julio de 1990.
También la JEP documentó el caso de Amparo del Carmen Tordecilla, desaparecida el 25 de abril de 1985, cuando salía de un hotel en Bogotá. Ella hacía parte del Ejército Popular de Liberación (Epl) y estaba en conversaciones con la Comisión de Notables para posibles diálogos de paz. Sus captores la subieron a la fuerza a un taxi que era propiedad de la Brigada 20 del Ejército. La llevaron a la misma sede clandestina de la Inteligencia Militar en Soacha, donde durante varios días la interrogaron y la torturaron. Luego fue asesinada y su cuerpo fue abandonado en inmediaciones del municipio de Guayabetal, sin que aún haya sido encontrado. Los testigos de su rapto solo recuperaron un zapato que perdió cuando fue secuestrada. Ahora los comparecientes, imputados por la JEP, tendrán que dar cuentas por este y otros 27 hechos criminales que dejaron 33 víctimas de crímenes que, en su mayoría, siguen impunes.
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nancy(iz8la)•13 de noviembre de 2026 – 19:46Con los hechos estudiados por la JEP, en los cuales tristemente se corrobora qué clase de gobernantes y militares ha tenido Colombia. Les bastaba con el señalamiento de guerrilleros para q quienes juraron proteger a los colombianos cometan atrocidades. Ahí es donde centro mi debate con la derecha: algunos se equivocaron y se dieron cuenta que el camino no era las armas y el Estado los desamparó; tal cual ha sucedido con los Ex Farc, ¿acaso no fue el Estado el q incumplió? POR ESO LES MOLESTA
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olga rebeca(01674)•12 de noviembre de 2026 – 19:19En Colombia pensar diferente a la derecha que siempre ha gobernado, es una sentencia de muerte. Y tan sinvergüenzas, hacen creer que vivimos en democracia…
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Tayrona(31467)•12 de noviembre de 2026 – 13:39Los héroes de la patria que nunca nos decepcionan.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•12 de noviembre de 2026 – 07:01Secuestró, torturas y desapariciones: la crueldad desmedida de las FARC, eln, M19 y demás porquería narcoterrorista.
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Tayrona(31467)•12 de noviembre de 2026 – 13:41El brayan tibochocha todavía no aprende a escribir. Pasó por la escuela y estaban en recreo. Claro; con ese nombrecito ñerongo no lo dejaron matricular cuando se acabó el recreo.
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el ordenador(z553v)•12 de noviembre de 2026 – 10:04Igual o peor a la porquería de las fuerzas militares. Con un agravante, de un guerrillero uno espera que cometa actos criminales, al fin y al cabo están al margen de la ley, pero de las fuerzas que la representan? Es inadmisible completamente
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