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Jorge Eliécer Córdoba Quintero y Antonio María Sánchez Lozano, funcionarios del Fonade, los particulares Ronald Rafael Ruiz de León y Richard Kamal Náder Ordosgoitia, y los contratistas Amaury Segundo García De La Espriella y Juan Felipe Morales Tabares, aceptaron haber participado en maniobras irregulares para desviar dineros de proyectos de vivienda de interés prioritario desarrollados en Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Ante el juzgado 18 de garantías de Bogotá, la Fiscalía les imputó varios delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer, corrupción privada, concierto para delinquir, entre otros. Por haber aceptado cargos, estas personas obtendrán una rebaja en su pena. Por su parte, Felipe Rodríguez Mariano, gerente de la unidad de subgerencia técnica, no aceptó cargos. (Le podría interesar: Felipe Rodríguez Mariano, investigado por caso Fonade, fue despedido)
De acuerdo con la Fiscalía, que en el curso de las audiencias han revelado interceptaciones donde se comprueba cómo se estructuró las movidas irregulares y la repartija del dinero, se confirmó una “organización criminal” dedicada a adjudicarse de manera irregular proyectos de desarrollo desde el Fonade. En concreto, se trata de la adjudicación de interventoría de los contratos –de diseño y construcción– de los proyectos de vivienda en su segunda fase.
Estos proyectos se desarrollan en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.
El objetivo, según el ente investigador, era que este contrato quedara en manos de un solo proponente: el Consorcio Interviviendas, integrada por las empresas Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión S.A.S. (Tecniconsulta S.A.S.), Isoam S.A.S y el Grupo Orión. Esta decisión dejó por fuera a Técnicas Territoriales y Urbanas TTU, el otro proponente que se presentó a la licitación privada del Fonade. (Lea también: Ficha clave en caso del Fonade estaría prófugo de la justicia)
La Fiscalía dice que detrás de todo esto se falsificó documentos y se hizo pagos irregulares de dineros tanto a exsenadores, particulares, directivos y funcionarios del Fonade. Asimismo, se habrían pagado $200 millones para que Tecniconsulta S.A.S. acreditara la experiencia exigida. La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento contra estas personas este jueves cuando se reanude la audiencia en los juzgados de Paloquemao.